Italia busca sancionar el separatismo islámico

El partido Hermanos de Italia, que lidera la primera ministra Giorgia Meloni, presentó este miércoles un proyecto de ley que busca combatir lo que define como “fundamentalismo y separatismo islámico”. El texto está compuesto por cinco artículos, uno de los cuales prohíbe el uso de prendas que cubran completamente el rostro en espacios públicos, como el burka y el niqab.

Según los legisladores del oficialismo, la iniciativa apunta a “proteger los valores constitucionales italianos” y garantizar la seguridad ciudadana. Quienes infrinjan la prohibición del velo podrán recibir multas de entre 300 y 3.000 euros. La norma se aplicaría en todos los espacios públicos, incluidos comercios, escuelas, universidades y oficinas.

Durante la presentación, la diputada ultraderechista Sara Kelany, responsable del área de inmigración de Hermanos de Italia, explicó que el objetivo del paquete legislativo es “evitar la creación de contrasociedades donde se aplique la Ley de Sharía en lugar del sistema legal italiano”, en referencia al sistema legal de los Estados Islámicos”.

Por su parte, el legislador Andrea Delmastro señaló que el gobierno tomó como referencia “el modelo de la Francia laica”, primer país europeo en prohibir el burka en 2011. Desde entonces, más de veinte Estados, entre ellos Bélgica, Dinamarca, Suiza y Austria, adoptaron medidas similares.

La propuesta también establece que las asociaciones religiosas no reconocidas formalmente deberán declarar el origen de sus fondos y quedarán sujetas a restricciones en caso de recibir aportes del extranjero considerados una amenaza para la seguridad nacional. 

El imán italiano Massimo Abdallah Cozzolino, de la asociación cultural Zayd Ibn Thabit, cuestionó “la utilidad real” de la nueva disposición, recordando que “ya existen normativas que regulan el uso de prendas que impiden la identificación personal”. A su juicio, la iniciativa “podría afectar el ejercicio de la libertad religiosa y la expresión de la identidad cultural” garantizados por la Constitución italiana.

Fuente: Página12