¿Qué se vota en Ecuador?: Noboa impulsa un referéndum para reescribir el futuro del país

Más de 13 millones de ecuatorianos, incluidos más de 400.000 residentes en el exterior, están llamados a las urnas este domingo 16 de noviembre para pronunciarse en un referéndum y consulta popular que podría abrir el camino a una nueva Constitución y redefinir el equilibrio político del país. Entre las cuatro preguntas que responderán los votantes en una única papeleta, la más decisiva es la que propone la convocatoria de una Asamblea Constituyente, una promesa de campaña del presidente Daniel Noboa, reelecto en abril, y que ahora llega a las urnas.

El Gobierno ha defendido el referendo como la ruta necesaria para modernizar el Estado, combatir la criminalidad y remover estructuras institucionales que considera obsoletas o capturadas por intereses políticos. Noboa ya había anticipado durante la campaña que, si ganaba, impulsaría un nuevo pacto constitucional para sustituir la Carta de Montecristi, aprobada en 2008 bajo el mandato de Rafael Correa. La consulta de este domingo es el primer paso para ese proyecto, que plantea reconfigurar el sistema político, reduciendo el número de legisladores, actualizar competencias institucionales y diseñar nuevas estructuras de seguridad en un país azotado por la violencia del crimen organizado.

De acuerdo con el último Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por Global Initiative against Transnational Organized Crime, Ecuador se encuentra en un momento crítico al ubicarse entre los cinco países con mayores niveles de criminalidad del mundo, ascendiendo cinco posiciones respecto a 2023, y, por tercer año consecutivo, se proyecta como uno de los más violentos de la región.

Y es que la relación entre la reforma constitucional y la seguridad es directa. La primera pregunta del referéndum –que plantea eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano– forma parte del esquema gubernamental para fortalecer capacidades de defensa y cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos. Manta y Salinas, a orillas del Pacífico, figuran como posibles localizaciones de futuras instalaciones, según medios locales. Esas zonas costeras son foco de actividades ilícitas y de operaciones criminales.

Una Constituyente como bandera política
La pregunta sobre la Asamblea Constituyente es la única correspondiente a la consulta popular –y última de la papeleta– y plantea si se debe instalar un órgano de 80 miembros, elegidos por sufragio, para redactar una nueva Carta Magna. El texto que surja de ese proceso deberá ser sometido posteriormente a un referéndum aprobatorio.

Para Noboa, el ejercicio permitiría diseñar un Estado «funcional» y alineado con los desafíos de seguridad y crecimiento económico. El Gobierno ecuatoriano defiende la necesidad de elaborar una nueva Carta Magna para combatir la crisis institucional, la pérdida de confianza en la justicia y el sistema político, y la violencia, que alcanzan niveles sin precedentes. El argumento es que, a diferencia de experiencias previas, esta Constituyente evitaría reproducciones de modelos institucionales empleados para cooptar el poder o perpetuar desequilibrios entre las diferentes funciones y órganos del Estado.

La vigente Constitución de 2008 redefinió Ecuador como un Estado plurinacional, amplió derechos individuales y colectivos, reconoció a la naturaleza como sujeto jurídico y fortaleció el rol social del Estado. También creó órganos clave como el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional. Para sectores críticos, ese modelo derivó en un hiperpresidencialismo robusto y en estructuras con fuerte carga política; para otros, consolidó avances sociales hoy amenazados por las propuestas del Ejecutivo.

Procesos previos y críticas
Desde 2019, la Corte Constitucional ha recibido al menos nueve solicitudes para convocar a una Constituyente. En 2024 se desarrolló otro referéndum, focalizado en medidas de seguridad y respaldado mayoritariamente por la ciudadanía, que sirvió para medir, según diversas interpretaciones de analistas políticos, la adhesión a futuros cambios de mayor calado. Esta nueva consulta es la más ambiciosa de todas.

Sin embargo, la propuesta enfrenta una resistencia significativa. Movimientos sociales, organizaciones sindicales, agrupaciones indígenas y redes ciudadanas han cerrado filas por el «No», han denunciado riesgos para los derechos conquistados y alertado sobre políticas de corte neoliberal. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), con fuerte capacidad de movilización, ha liderado marchas multitudinarias en Quito y otras provincias, denunciando que las reformas «atentan contra la soberanía» y vaticinan consecuencias negativas para la educación, salud, seguridad social y participación ciudadana.

Las otras tres preguntas: bases militares, financiamiento político y Asamblea
Junto a la pregunta sobre la Constituyente, los ecuatorianos votarán tres interrogantes adicionales, todas habilitadas mediante el mecanismo del referéndum:

¿Bases militares extranjeras?
La primera pregunta interpela al electorado si está de acuerdo con eliminar la prohibición de establecer bases o instalaciones militares extranjeras y de ceder bases ecuatorianas a fuerzas externas. Su aprobación abriría la posibilidad de acuerdos de cooperación militar, especialmente con Estados Unidos.

«Sobre bases militares, somos un país pequeño y vamos a depender de los intereses de las grandes potencias en temas de salud, educación o apoyo en seguridad», explica Santiago Basabe, politólogo y profesor de la Universidad San Francisco de Quito, en un podcast donde analiza las cuatro preguntas en un videopodcast titulado El Chef de la Política.

Eliminación del financiamiento estatal a partidos
La segunda versa si se suprime la obligación del Estado de asignar recursos públicos a las organizaciones políticas. La medida desmontaría el Fondo Partidario Permanente, vigente desde hace 17 años.

Al respecto, Basabe asegura que, «a primera vista, la idea de reducir el número de asambleístas, y como consecuencia de ello, disminuir el gasto público que esa extraña fauna representa en términos salariales, suena plenamente convincente», pero es reacio a «desarticular sin criterio alguno las instituciones del Estado».

No obstante, el analista político señala que el problema no está en el financiamiento de los legisladores, sino en el número excesivo de organizaciones políticas, ya que suelen ser cerca de una veintena las que concurren a las urnas.

Advierte que, de salir adelante la reforma constitucional, Ecuador pasaría a ser el país de legislatura unicameral con el menor número de representantes por 100.000 habitantes en todo Hispanoamérica, lo que califica de «gravísimo golpe a la de por sí diezmada democracia ecuatoriana».

Reducción del número de asambleístas
La tercera pregunta es: ¿Está usted de acuerdo con disminuir los 151 actuales a 73 legisladores?

La fórmula propuesta incluye diez nacionales, uno por provincia y uno adicional por cada 400.000 habitantes.

De aprobarse la reforma, las provincias más pobladas como Guayas (capital administrativa Guayaquil), Pichincha (Quito) y Manabí (Portoviejo) verían disminuida su representación, mientras que las menos pobladas mantendrían al menos un escaño. El Ejecutivo aduce que con la medida se busca corregir distorsiones en la representatividad, ya que en la actualidad el voto de un ciudadano puede tener hasta 15 veces más peso en una provincia pequeña que en una con mayor tamaño.

Un domingo decisivo
Si se aprueba la Constituyente, se abrirá de inmediato un nuevo proceso electoral para escoger a los 80 miembros encargados de redactar el nuevo texto. Noboa llega a esta cita electoral con aspiraciones de consolidar su proyecto político. Si gana el «sí», el país podría entrar en una nueva etapa de rediseño institucional. Si triunfa el «no», su agenda de reformas quedaría parcialmente desactivada.

En un editorial, el diario El Comercio, con sede en Quito, pone el acento en que la consulta del domingo refleja la profunda polarización de Ecuador: el debate político se ha reducido a enfrentamientos entre bloques irreconciliables y a lealtades partidistas, dejando de lado el análisis de propuestas y consecuencias.

«Si el resultado vuelve a dividir al país en ganadores y perdedores absolutos, el proceso democrático habrá fracasado en su propósito más elemental: construir legitimidad compartida», reza el artículo.

Ecuador acude a las urnas para decidir si quiere abrir un ciclo constituyente o mantener el marco institucional actual. El resultado marcará el rumbo político del país en los próximos años.

*Para El Debate