Corrupción en Chile, el factor que moverá el voto en las presidenciales

Más de un elector en Chile tiene claro que la corrupción afecta el crecimiento de la nación austral, reduce la inversión privada, deteriora el balance fiscal y aumenta la prima de riesgo. Saberlo incidirá a la hora de marcar la casilla de su preferencia en las presidenciales de este 16 de noviembre.

Ese es el pronóstico de Carolina Godoy, jefe de estrategia en la consultora We Are Mef, quien segura que la corrupción no sólo se transformó en un factor macroeconómico central, sino además en una variable racional del voto. De esa forma lo plantea en su columna de ExAnte donde sostiene que opera de manera silenciosa como consecuencia del descenso de Chile en el ranking de Transparencia Internacional del puesto 26 al 32 entre 2019 y 2024.

Figuran con una puntuación de 6.9 en una escala donde 10 indica mayor corrupción provocó el posicionamiento en el debate electoral luego de conocerse que 59 % de la población percibe que la variable aumentó en el último año en las municipalidades, parlamento y gobiernos regionales.

Impacto dentro y fuera de las urnas impacto electoral 
Ahora bien, el candidato con mayor probabilidad de obtener el respaldo de quienes perciben la corrupción como una crisis en auge en las presidenciales de Chile, será quien además de prometer más crecimiento o más ajuste tenga o demuestre credibilidad para detenerla o revertirla.

Según Godoy, «no se trata de un fenómeno moral o ético» sino del reflejo de un problema que  impacta dentro y fuera de las urnas. Lo afirma basada en que una desviación estándar en percepción de corrupción reduce el PIB per cápita en 0.5pp en el primer año y 0.15 puntos adicionales el siguiente. Ello, en el caso de Chile es suficiente para inclinar la balanza entre una recuperación modesta y un estancamiento.

Su pronóstico para las presidenciales de Chile ante la delgada línea apunta a que «un programa económico pierde efectividad si no existe independencia técnica, control de compras públicas, supervisión regulatoria robusta y capacidad para evitar la interferencia política». Frente a ello, advierte que los votantes con interés en la situación reconocen que la credibilidad del futuro mandatario es vital para el crecimiento, la inversión y la estabilidad fiscal.

«Independientemente de quién gane la primera vuelta, la gobernabilidad económica de los próximos años dependerá menos del tamaño de los programas y más de la capacidad para reconstruir la confianza institucional que Chile ha ido perdiendo silenciosamente en la última década».

Escándalos que pesan en la boleta 
Los coletazos de la corrupción en las presidenciales de Chile son visibles. Va más allá de actos relacionados con la falta de probidad de alguna autoridad pública durante la administración de los recursos estatales considerando que este año el “caso Audios” figura como uno de los mayores escándalos de corrupción, tras descubrirse que Luis Hermosilla, uno de los abogados más influyentes en la justicia nacional, incurrió en sobornos y cohecho en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para beneficiar a sus clientes.

Su detención y la destitución del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por un “notable abandono de deberes” debido a los nexos entre ambos, comprobó la existencia de un problema sistémico que demanda acciones urgentes para frenar el tráfico de influencias que debilita las instituciones y la democracia.
Esa necesidad cada vez más imperante de una declaración de intereses y patrimonio obligatoria, de incompatibilidades, fiscalización y la aplicación efectiva de sanciones cuando ocurra un incumplimiento moverá la voluntad de más de un votante detrás de la cortina.

Si bien con Ulloa ya son tres magistrados fuera por la misma causa luego de la salida de juezas Ángela Vivanco y Verónica Sabaj, vinculadas también a Hermosilla, aún resta saneamiento. Las autoridades siguen con las pesquisas que permitan aclarar el «Caso Convenios» que permitió la entrega de al menos 90 millones de dólares a fundaciones aliadas del gobierno sin licitación alguna.

Fuente: PanamPost