Tensión en Ecuador por los bloqueos: transportistas y comunidades indígenas rechazan el fin del subsidio al diésel

El gobierno de Daniel Noboa enfrenta una creciente ola de protestas en Ecuador tras la decisión de eliminar el subsidio al diésel, medida que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares. El Ejecutivo argumenta que los 1.100 millones de dólares anuales destinados a este rubro ahora se orientarán a programas sociales, compensaciones para transportistas y apoyo al sector agrícola y pesquero.

Desde el fin de semana comenzaron bloqueos de carreteras en al menos seis provincias —Carchi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Loja y Azuay— protagonizados por transportistas de carga pesada. Aunque no se han registrado hechos de violencia graves, en algunos casos hubo detenciones, como en Carchi. El transporte urbano en las principales ciudades, sin embargo, continúa funcionando con normalidad.

El ministro de Transporte, Roberto Luque, aseguró que no hay justificación para un aumento en las tarifas del transporte público ni en los precios de los alimentos, ya que los transportistas recibirán compensaciones mensuales de entre 400 y 1.000 dólares durante ocho meses por cada unidad.

El gobierno descarta una posible negociación
La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, defendió la medida: “No es un ‘paquetazo’, este es el programa de redistribución de recursos e incentivos sociales más ambicioso de la historia de Ecuador”. Añadió que la eliminación del subsidio es definitiva y que los recursos se destinarán a quienes realmente lo necesitan. Enfatizó además que el Ejecutivo está abierto al diálogo, pero no a una negociación que implique ceder ante las protestas.

Respecto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaramillo señaló que “no se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país y con esto generarle pérdidas a quienes más necesitan trabajar”.

La Conaie, que en 2019 y 2022 encabezó levantamientos masivos contra medidas similares de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, advirtió que “el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular”. En un comunicado, sostuvo: “Noboa repite la fracasada receta que provocó paros y trasladó la crisis al pueblo”. Durante los gobiernos de Moreno y Lasso, los levantamientos indígenas sumergieron al país en la violencia durante tres semanas y llevaron a esos presidentes al borde de la renuncia.

“Con esta decisión, Noboa demuestra que no le importa el pueblo ni la gente: por cumplir con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y mostrar cifras macroeconómicas, sacrifica la vida, la salud y la educación del pueblo”, señaló la Confederación indígena, que agrupa catorce pueblos y dieciocho nacionalidades indígenas.

Según sus dirigentes, el impacto recaerá directamente sobre millones de familias campesinas y sectores populares, encareciendo la canasta básica y debilitando el transporte comunitario. La Conaie se amparó “en el derecho a la resistencia en defensa de los pueblos y nacionalidades, y de la ciudadanía en general” y anunció que activará “todos sus mecanismos organizativos legítimos para enfrentar este nuevo paquetazo de Noboa”.

Estrategia del Ejecutivo
El presidente Noboa trasladó de forma temporal la sede del Gobierno a Latacunga, en Cotopaxi, una provincia con fuerte presencia indígena. El ministro del Interior, John Reimberg, consideró esta ubicación como un punto “estratégico” para enfrentar posibles conflictos: “Si alguien quiere o pretende hacer algún tipo de problema, nosotros estamos cerca de donde pudiera haber algún tipo de inconvenientes, nosotros somos de afrontar los problemas” porque Noboa está “tomando las decisiones correctas para el país”.

El Gobierno ha recibido respaldo de gremios empresariales y comerciantes, quienes ven en la medida un paso necesario para la estabilidad económica. Noboa, quien asumió su segundo mandato en mayo, ha impulsado una política de ajuste fiscal que incluye despidos en el sector público, reclasificación de salarios, creación de nuevos impuestos y la reducción de subsidios a distintos combustibles. Estas acciones se enmarcan en el acuerdo crediticio con el FMI, que asciende a 5.000 millones de dólares en cuatro años.

(Con información de AP/EFE)

Fuente: Infobae