EEUU sanciona a Díaz-Canel por su continua represión tras cuatro años del 11J

El Gobierno de Estados Unidos sancionó al dictador cubano Miguel Díaz-Canel, al cumplirse cuatro años de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la isla, que dejaron más de 1400 detenidos en su momento, según anunció el Departamento de Estado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó en un comunicado de la designación de Díaz-Canel y otros “líderes clave del régimen” en la “Sección 7031(c) por su involucramiento en graves violaciones a derechos humanos”, lo que implica que queda prohibida su entrada a Estados Unidos.

El veto de viaje también aplicará al ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, así como a sus familias.

“Hace cuatro años, miles de cubanos pacíficamente salieron a las calles para demandar un futuro libre de la tiranía. El régimen cubano respondió con violencia y represión, injustamente deteniendo a miles, incluyendo más de 700 que permanecen encarcelados y sujetos a tortura o abuso”, expuso el pronunciamiento de Rubio.

Las reacciones del gobierno estadounidense son una respuesta al castigo ejemplarizante, la persecución religiosa y la negación de beneficios penitenciarios que despliega el régimen cubano para contener las protestas masivas en la isla que aún persisten después de esta fecha y, desde el inicio de la revolución cubana, sacudieron al poder comunista que hoy lidera Miguel Díaz Canel.

Con estos mecanismos de abuso judicial, 725 de los 1158 presos políticos que hay en el país corresponden a jóvenes, mujeres, ancianos y dirigentes detenidos por salir a las calles en las jornadas que posicionaron el grito de “Patria y Vida”. Ellos representan el 65% de los presos de conciencia divulga 14yMedio. Los delitos imputados son “sedición”, “desórdenes públicos”, “desacato”, “atentado”, “resistencia” y “ultraje a los símbolos patrios” en causas sin testigos ni evidencias. Es sólo represión sistemática desde el 11J.

Sin embargo, los mecanismos del castrismo para disuadir cualquier intento de expresión social pierden impacto ante una “ciudadanía que resiste, persiste y se adapta” indica el informe Otro año sin justicia 2025 elaborado de forma conjunta por las organizaciones Prisoners Defenders, Consorcio Justicia y el Centro para una Cuba Libre. Según el documento, de las 290 protestas registradas en 80 municipios cubanos entre julio del año pasado y junio de este año, 26 localidades carecían antecedentes de disidencia pública.

Sin miedo al castigo
Si bien el informe de la represión del 11J señala que al menos el 24% de las manifestaciones pacíficas del último año enfrentaron represión directa de las fuerzas de seguridad del Estado y se contabilizaron 543 detenidos por motivos políticos, entre ellos, 30 mujeres (la mitad de ellas madres), 14 adultos mayores, 70 activistas y periodistas independientes, y 72 enfermos crónicos, el ímpetu de las comunidades permanece.

Ni la imposición de un castigo judicial de 20 años por protestar, el arresto arbitrario de un hijo, la pareja o familiar cercano como forma de presión indirecta o la pérdida de algún beneficio cautelar ya no espanta a los cubanos que reclaman ante el colapso del sistema eléctrico nacional, el aumento de las tarifas de internet, la escasez de alimentos y la inflación.

El malestar social es mayor que la represión que se impone desde el 11J. Es una realidad cada vez más visible en la isla. De hecho, la organización Los Excluibles y Autodefensas del Pueblo (ADP), que adversa a la dictadura comunista centró sus manifestaciones contra múltiples íconos de la cúpula que están distribuidos en los espacios públicos del país. Este desahogo duplicó las protestas con daño a la propiedad estatal con respecto al año anterior que cerró con 31 eventos. Ello refleja el creciente rechazo a las estructuras materiales del poder. Además se documentaron 86 cacerolazos y 88 acciones individuales como grafitis o carteles.

Excarcelaciones de mentira
El Código Penal cubano es el arma del régimen castristas para neutralizar a la disidencia. La normativa reformada en 2022 a la medida de la dictadura ha impedido que más del 65% de los presos políticos reciban algún beneficios penitenciarios pese a que el 84% de ellos ya cumplió más de las dos terceras partes o la totalidad de sus condenas.

Su constituye una forma sistemática de castigo de la cual hay números considerando que de las excarcelaciones anunciadas a inicios de 2025 –como resultado de un proceso de mediación del Vaticano– carecieron de garantías legales y reconocimiento explícito del carácter político de las detenciones.

No es ninguna casualidad que de los 202 liberados, al menos cuatro fueron reencarceladas semanas después, incluidos tres presos de conciencia reconocidos por Amnistía Internacional. Ninguno se salvó de las condiciones penitenciarias “inhumanas y negligentes” de las cárceles. Como evidencia están las cuatro muertes bajo custodia del Estado.

Fuente: PanamPost