Remontar el desabasto y limpiar la corrupción: las mil batallas del Gobierno en la compra de medicamentos

El Gobierno de Claudia Sheinbaum heredó en octubre un sistema público de salud que salió temblando del sexenio anterior. La cruzada del expresidente López Obrador contra la corrupción de las empresas distribuidoras terminó por llevarse por delante gran parte de la red de suministro de medicamentos en todo el país, que alcanzó el año pasado un 30% de desabasto, según las estimaciones del sector. Las consecuencias de los sucesivos intentos fallidos para comprar mejor y más barato han acabado agolpándose en la puerta del Ejecutivo actual, que batalla por ponerse al día con todas las cuentas pendientes. La Subsecretaría de Salud lanzó en noviembre a través de Birmex una megacompra para garantizar el suministro de 2025 y 2026, pero la buena voluntad ha tropezado con las sospechas de corrupción en el proceso, que se suman a la falta de tiempo y la inexperiencia del organismo encargado, históricamente responsable de la fabricación de vacunas.

Las irregularidades del proceso, de las que ha dado cuenta el propio subsecretario, Eduardo Clark, que está coordinando la operación, afectan al 6% de las compras que ya habían sido adjudicadas: de las casi 2.800 categorías de medicamentos había errores en 175, que suponían un sobrecoste de 13.000 millones de pesos y cuya adquisición ha quedado suspendida hasta nuevo aviso. La auditoría externa que supervisó el proceso observó en su informe que “no todas las etapas del proceso de contratación fueron llevadas a cabo apegándose a lo dispuesto en la ley”, y denunció que no había contado con las facilidades ni la información suficiente para realizar las investigaciones encargadas por la Secretaría Anticorrupción.

El Gobierno ha anunciado la destitución de las personas que firmaron directamente las adjudicaciones señaladas y ha lanzado una advertencia, “no hay ni un solo espacio para la corrupción”, pero poco más se sabe de las medidas que ha tomado o piensa tomar, incluidas las posibles acciones penales, que la presidenta no ha descartado. Todas las miradas están puestas sobre el director de la institución, Iván Olmos, pero desde el Ejecutivo han evitado precisar cuántos y quiénes han sido cesados como resultado de la investigación.

“Antes los Estados compraban sus propios medicamentos y la corrupción estaba, básicamente, aunque no generalizado para todo el país, en los sobreprecios, que es un poco lo que ha ocurrido ahora”, apunta Adolfo Martínez, investigador de la UNAM en políticas de salud con 20 años de experiencia en la Secretaría del ramo, que dejó en 2019. “Lo importante, entonces como ahora, es que se institucionalice el control, porque las personas van y vienen, y sin un sistema institucionalizado de vigilancia difícilmente va a resolverse el problema de fondo”, precisa. El director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Rafael Gual, descarta que se trate de un “caso de corrupción industria-Gobierno”: “La industria participó bajo las reglas que le pusieron”, defiende, y achaca los problemas más bien a la falta de capacidad y de experiencia del organismo.

En el caso de Birmex, sin embargo, llueve sobre mojado en un corto periodo de tiempo. En una auditoría forense correspondiente al ejercicio de 2023 hecha pública este febrero, se recogían irregularidades por un monto de 1.045 millones de pesos (unos 51 millones de dólares), un 25% de la muestra auditada. El Gobierno no se ha pronunciado sobre ello ni ha aclarado si presentará acciones penales contra algún responsable, tampoco si estaban las mismas personas involucradas en los dos procesos. Este periódico ha intentado hablar con los responsables de la Secretaría de Salud y Anticorrupción sobre las investigaciones en curso, pero no ha obtenido respuesta.

Los hallazgos, que sitúan a los laboratorios estatales en el centro del escrutinio, empañan una gestión que los representantes de la industria valoran muy positivamente con respecto al sexenio anterior. “Tenemos muy buena comunicación con el Gobierno. Hay un diálogo que no había habido en los seis años anteriores”, dice Gual. “Las cosas se están haciendo mucho mejor”, concuerda Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf). “Ha habido un proceso muy importante de aprendizaje, porque al hacer las cosas así de rápido obviamente hubo deficiencias. Hay que verlo como un proceso de transición”, puntualiza.

Ante la urgencia del desabasto, el Ejecutivo de Sheinbaum acortó los plazos habituales de licitación y comprimió todo el proceso a comienzos de año, aunque la suspensión de las claves sospechosas y las que quedaron desiertas, el 34%, ha terminado ralentizando el proceso, que se extenderá hasta mayo.

El 1 de abril se habían recibido 233 millones de piezas de las 381 solicitadas, un 61%. El reparto, sin embargo, es muy desigual entre las instituciones públicas: el IMSS había conseguido el 76% de las encargadas, un 59% el ISSSTE, y el IMSS Bienestar solo un 35%. “Lo que esas cifras revelan es que, aun perteneciendo ambas instituciones al IMSS (el IMSS ordinario y el Bienestar), no hay buena comunicación y coordinación entre ellas”, considera Adolfo Martínez, a lo que añade la difícil cobertura de las zonas en las que opera el IMSS Bienestar. “Ha sido una complicación verdaderamente que esto se haya transferido al Bienestar, donde tampoco tienen experiencia en este tipo de cosas”, agrega Rafael Gual.

“Un monstruo de tres cabezas” para enfrentar el desabasto
La inexperiencia y la fragmentación de las instituciones públicas es un factor clave para entender los desafíos que se presentan ahora. “Es un monstruo de tres cabezas: quien organiza la licitación es la Secretaría de Salud, quien lleva a cabo la licitación es Birmex y quien paga es el Seguro Social. En esa triangulación, no hay una buena comunicación o una comunicación como debería haber. Lo ideal es que haya una sola cabeza en cualquier proceso”, resume Rafael Gual. Aunque el Gobierno de Sheinbaum ha recuperado las compras consolidadas, que agrupan las necesidades de todas las instituciones en un mismo proceso, no se las ha devuelto al IMSS, la institución que se encargó de realizarlas antes del sexenio de López Obrador, sino que las ha depositado en Birmex, que solía fabricar las vacunas, bajo la coordinación de la Subsecretaría.

En su cruzada anticorrupción, el expresidente morenista intentó primero canalizar las compras a través de la Secretaría de Hacienda; luego a través del ya extinto INSABI bajo supervisión de la UNOPS, organismo de la ONU; más tarde recayó en el INSABI, esta vez sin la ayuda de las Naciones Unidas; después en Birmex y, finalmente, en la polémica megafarmacia encauzada por el IMSS Bienestar, que este Gobierno ha anunciado que reutilizará como uno de los almacenes para la zona central del país.

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“No han reconocido los avances que se habían hecho anteriormente. Había casi 10 años de experiencia en compras consolidadas. Debería hacerlo quien tenga más experiencia: ese es el IMSS”, apunta Adolfo Martínez. Su colega Marcela Vázquez, investigadora como él de políticas de salud en la UNAM con otros 20 años de experiencia en la Secretaría, hasta 2013, concuerda, pero añade: “Birmex lo puede hacer muy bien o muy mal, depende de que se definan los procesos y que quienes los ejecuten tengan una altísima especialización”.

Para la experta, lo más importante es volver a situar el foco en lo urgente. “Se confunden los medios con los fines. El fin primero y último no es ahorrar, eso está implícito. Lo importante es darle a la población los medicamentos que requieren”, apunta. De hecho, en el sexenio anterior hubo una privatización de facto en el acceso a los medicamentos, pues el desabasto obligó a los hogares a aumentar el gasto de bolsillo, que se situó en el 42%, el doble de lo recomendado por los organismos internacionales. Pero, según las estimaciones del Gobierno, con el actual proceso de dividir el proceso entre las tres entidades se han ahorrado unos 30.000 millones de pesos (unos 1.500 millones de dólares) con respecto a compras anteriores, y los gastos ascienden hasta ahora a 248.000 millones.

La última milla
El cálculo de la Secretaría no incluye, sin embargo, los gastos de distribución finales, la denominada última milla, el punto que más desafíos presenta y que más preocupa en el sector, que también muestra ciertos recelos con el sistema de reparto inicial. ”No tenemos visibilidad sobre la capacidad para recibir productos en los 360 puntos de entrega que ha fijado el Gobierno. Hay hospitales, hay centros de salud y, en algunos casos, almacenes, pero no tienen la capacidad para recibir lo que les van a entregar 50 empresas al tiempo”, alega Rafael Gual, de Canifarma: “Lo que se necesitan son almacenes regionales”. La última milla viene justo después, cuando se redistribuye desde esos puntos a los 5.000 o 7.000 lugares donde se requieren, un desafío para Birmex que no lo ha hecho nunca y que está por ver que tenga capacidad para hacerlo.

“El tema de la distribución nunca se resolvió”, analiza Adolfo Martínez: “Se dejó en manos de las entidades federativas decidir la mejor forma. Algunos subrogaban estos servicios, otros seguían sus propios sistemas de distribución, pero nunca pudimos hacer una evaluación integral de cuál funcionaba mejor. Y, sobre todo, nunca supimos cuántos recursos adicionales le significaban a los Estados que lo externalizaban”, señala. La actual Administración reniega de estas subcontrataciones, pero puede no quedarle más remedio, agrega. Eso haría aumentaría los gastos, pero también garantizaría un abasto que hoy todavía no alcanza para las necesidades del país.

Fuente: El País