El riesgo de pagar impuestos: los indocumentados cumplen la ley, pero se la pueden jugar al hacerlo

Alex tiene 27 años y es mexicano. Llegó hace cuatro años a Estados Unidos con una visa de turista, pero no regresó a su país. En busca de una vida mejor decidió quedarse en Houston, Texas. Aunque está en proceso de regularizar su situación con una visa de trabajo, es uno de los 12 millones de indocumentados que reside en Estados Unidos. Por tanto, engrosa la lista de migrantes “deportables” de la Administración Trump; la lista de quienes, a su juicio, se aprovechan de la generosidad del país y a cambio cometen delitos, los indeseables.

El acuerdo que se está fraguando entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), según adelantó The Washington Post, facilitaría la labor de las autoridades para detenerlos y avanzar en la tan anhelada por el republicano mayor deportación de la historia. Por el acuerdo, el IRS traspasaría la información de dónde encontrar a los migrantes a los agentes que se encargan de expulsarlos del país. Sería posible, porque, en contra de la creencia extendida, los migrantes indocumentados pagan impuestos.

Como la mayoría de los nombres de esa lista negra, Álex no es ningún delincuente. “Yo vine aquí a buscar una mejor vida, pero no a evadir la ley”, explica. Y, en vez de abusar de los recursos públicos, los financia. Cada año hace su declaración de impuestos, que le ha resultado en tener que abonar entre 1.200 y 7.000 dólares anuales, según los ingresos que obtuviera cada ejercicio fiscal. “Aunque seamos inmigrantes en Estados Unidos, uno tiene que acatar las leyes del país. Ya sea en México, Estados Unidos o en China, tiene que pagar los impuestos”, afirma convencido.

A pesar de las denuncias del mandatario y sus afines, los migrantes indocumentados no solo pagan impuestos, sino que aportan a las arcas federales y estatales más de lo que reciben de ellas. Los datos de diversas fuentes apuntan a que los indocumentados pagan entre 90.000 y 100.000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales al año. Según un informe del think tank Institute on Taxation and Economic Policy. (ITEP, por sus siglas en inglés), más de un tercio de las contribuciones pagadas por los indocumentados se destinan a financiar programas a los que estos trabajadores tienen prohibido acceder. En 2022, los indocumentados pagaron 25.700 millones de dólares en impuestos al Seguro Social, 6.400 millones de dólares en tasas de Medicare y 1.800 millones de dólares en impuestos del seguro de desempleo.

“Si realmente les importara perseguir a los inmigrantes con algún riesgo criminal, estos son los últimos indocumentados a los que querrían perseguir. Deportarlos dañará la recaudación de impuestos, pero, para los que quedan, atacarlos por el hecho de que están presentando sus declaraciones, obviamente los llevará a la clandestinidad aún más y los hará temerosos de pagar impuestos”, opinaba Michael Ettlinger, socio del ITEP, en una conferencia la semana pasada.

Se calcula que entre el 50% y el 75% de los hogares de indocumentados presentan sus declaraciones anuales utilizando el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN,) que otorga el IRS a los no ciudadanos que no pueden obtener un número de Seguro Social.

Al pagar impuestos, cumplen las leyes tributarias, lo que les puede favorecer para regularizar su situación migratoria, aportando pruebas de su historial laboral y de su presencia física en Estados Unidos. Con el ITIN, además pueden acceder al mercado de trabajo, pedir préstamos y hasta alquilar o comprar una vivienda.

Emprendedores
Álex se sacó el ITIN al segundo año de llegar a Estados Unidos. Comenzó a trabajar en una empresa de inversiones privadas, que le inició el proceso para obtener una visa. Tuvo que dejarlo por motivos personales, por lo que su proceso se paró. Más tarde, montó una empresa de marketing, una LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada, por sus siglas en inglés), para la que la única identificación necesaria es un pasaporte. El resultado no fue el deseado y ahora ha emprendido una nueva aventura con una empresa de instalación de pasto sintético. Además de su ITIN, dispone del Número de Identificación de Empleador (EIN, en inglés), con el que paga los impuestos de la empresa.

A Álex le preocupa lo que pueda suponer un acuerdo entre el IRS y ICE. “Va a afectar a muchísimas personas, incluyéndome, dependiendo de qué acciones van a tomar con esa información. Esperemos que no tomen ninguna decisión tan drástica como lo último que han estado haciendo”, admite.

Las imágenes dramáticas de los agentes de ICE deteniendo a padres delante de sus hijos, las redadas masivas en lugares de trabajo y la deportación indiscriminada de supuestos criminales que no lo eran con destino en una cárcel de alta seguridad de El Salvador no auguran buenas perspectivas para quienes hasta ahora mantenían un perfil discreto.

El IRS ha respetado la confidencialidad de los contribuyentes, precisamente ante el temor de que la información personal, sobre todo si no tienen documentos, fuera empleada indebidamente. La revelación de la identidad facilitaría la labor de ICE de localizarlos. Pero no declarar tampoco se presenta como una mejor opción.

“Si dejo de hacer mis declaraciones, la consecuencia va a ser peor, porque ahora sí estaría recurriendo en otro delito”, admite Álex.

Menos contribuyentes nuevos
La perspectiva es diferente para quienes nunca han presentado la declaración. Percy Peláez, presidente de la cámara de comercio centroamericana, ya ha notado los efectos de las políticas de Trump en su empresa de contabilidad en Houston, Texas, donde tiene clientes que son indocumentados.

“Ahora muchos preguntan: ‘si yo hago esta vez mi reporte, ¿van a dar mi información? El temor no es porque tienen que pagar los impuestos, es por dar los datos. Me preguntan: ¿Usted qué cree que va a pasar con esto?”. El plazo para presentar la declaración se termina el 15 de abril y su clientela ha bajado considerablemente frente a años anteriores, sobre todo en los clientes nuevos. Si las solicitudes nuevas de un ITIN suponían en años anteriores entre un 12% y un 15% de sus clientes, este año solo alcanzan del 1% al 2%.

Peláez reconoce que, a veces, recomendar algo es complicado. Por lo general, les dice a sus clientes que deben cumplir la ley, seguir trabajando y continuar declarando sus impuestos. No olvida, sin embargo, el riesgo latente de la cruzada antiinmigrante de las autoridades. “Entonces también pienso qué pasa si le toca. Uno puede ser no responsable, pero va a quedar en la conciencia de uno, ¿no?”.

Fuente: El País