El inciso 2 del artículo 2 de nuestra Constitución impone a las autoridades y en primer lugar al presidente “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares”. Parece que esta disposición no ha sido leída por dichas autoridades ya que el resguardo se lo brindan a quienes atentan contra todo lo que deberían amparar.
En un país donde la Constitución garantiza, como derecho fundamental, la libertad de expresión, se hace necesario ejercer este derecho con responsabilidad. Así, por ejemplo, resulta preocupante que la libertad de expresión se ejerza sin tener en cuenta su responsabilidad social. Ahora diferentes medios periodísticos se interesan en entrevistar a personajes que han estado alzados en armas contra el Estado colombiano y que ahora quieren ser protagonistas. Es momento de reflexionar sobre si es conveniente permitir a estas gentes operar libremente en las redes y dar entrevistas.
Recientemente, cuando en el Catatumbo se vive la peor de la crisis humanitaria de los últimos tiempos, fueron entrevistados dos dirigentes del ELN causantes de la misma, la guerrillera del ELN alias Silvana Guerrero quien reveló en un video que circuló profusamente que este grupo guerrillero ayudó a elegir a Gustavo Petro.
El otro entrevistado fue alias Ricardo, quien expresó que la paz total era un “fracaso total”, sin que vea la posibilidad de una negociación con el gobierno Petro. En otra de esas entrevistas, se conoció un pronunciamiento del ELN que no solo constituye una crítica directa a la política de Paz Total de Gustavo Petro, sino también una declaración implícita de su desastre desde la perspectiva de uno de los principales actores armados involucrados en el proceso. Que un grupo insurgente afirme públicamente que la estrategia de paz del gobierno no funciona y, además, emita ataques personales contra el presidente, revela una crisis profunda en la legitimidad y viabilidad de las negociaciones. En definitiva, han hundido las negociaciones. No es sorprendente este comportamiento, dado que históricamente el ELN ha abandonado reiteradamente los procesos de paz en los que ha participado.
Desde el punto de vista político y en el contexto descrito esto debería tener consecuencias en la gobernabilidad de Petro, ya que pone en entredicho una de sus principales banderas de campaña, debido a que prometió en tres meses “hacer la paz” con esa guerrilla. Sin embargo, en la práctica, su base de apoyo parece dispuesta a minimizar o relativizar este tipo de situaciones, mientras que la oposición no cuenta con la capacidad institucional suficiente para provocar un quiebre significativo. Además, el gobierno ha construido una narrativa en la que cualquier obstáculo en el proceso de paz es atribuido a factores externos, como “sectores enemigos de la paz” o “resabios del uribismo”.
Por otro lado, el hecho de que el ELN exponga abiertamente su desconfianza en el gobierno podría interpretarse como una señal de que el grupo insurgente busca renegociar los términos o incluso abandonar el proceso. Si esto ocurre, la Paz Total podría quedar reducida a un eslogan sin sustancia, con efectos impredecibles en el futuro político del presidente.
Además, esto coloca a Petro en una situación incómoda, pues no puede seguir utilizando la promesa de paz como bandera política cuando la misma guerrilla le está cerrando la puerta. Si el ELN se mantiene en esta posición, la política de Paz Total quedará como un intento fallido que, lejos de traer tranquilidad y bienestar, corroboraría lo que se anunció con este proceso, el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, su reorganización y expansión.
De estas cuestionables actuaciones de los voceros del ELN —que han sido numerosas— surgen interrogantes sobre el posible apoyo y financiación de este grupo subversivo a la pasada campaña electoral. Esta es una cuestión que debe ser evaluada por el CNE. Si se logra probar que el ELN apoyó la campaña de Gustavo Petro, ya sea con dinero, logística o intimidación a votantes, existirían elementos suficientes para que el CNE investigue violaciones a los topes de campaña, financiación irregular o intervención de grupos armados en las elecciones. En el fondo, se demostraría que todo el proceso fue, posiblemente, un engaño al país.
El CNE necesita pruebas concretas de que hubo una relación directa entre la guerrilla y la campaña de Petro. Si no hay evidencia de financiamiento o coordinación política, la denuncia podría ser archivada. No obstante, si se cuenta con material probatorio sólido, lo recomendable sería estructurar una denuncia bien fundamentada, que pueda abrir un proceso formal dentro del CNE o incluso en otras instancias judiciales.
Por su parte, la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes debería considerar abrir un proceso contra Gustavo Petro a raíz de estas manifestaciones del ELN, dado que implican graves consecuencias para la gobernabilidad y la seguridad del país.
Que el ELN afirme que la Paz Total ha fracasado implica que el gobierno, como en casi todas sus actuaciones, improvisó, no tuvo ni va a lograr un control real sobre el proceso, más bien permitió que las negociaciones fueran una estrategia dilatoria del grupo armado para fortalecerse, lo que podría configurar complicidad o negligencia grave por parte del Ejecutivo.
En medio de esta crisis, Petro se ha apartado de las mesas de negociación y, como nueva estrategia de paz, ha anunciado desde su cuenta en X —desde donde absurdamente gobierna— que, de ahora en adelante, su gobierno se enfocará en “el desmantelamiento de la economía ilícita y el respeto a la población civil”. Este es el mensaje que acaba de publicar:
Este nuevo enfoque del gobierno se da a conocer poco después de que surgiera un informe que denuncia que el ELN estaría pagando 4.000.000 de pesos a ciudadanos venezolanos para que se sumen a sus filas. Alias “Moisés” y alias “Piña” los están contactando.
Aplicando el refrán “piensa mal y acertarás” podría intuirse del chat que envió el presidente que el compromiso del gobierno con los grupos al margen de la ley es el de “legalizar” la economía ilícita (referida a la droga) para acabar con la violencia, que no el de combatirla para extinguirla y lograr una verdadera paz nacional y evitar el daño que le causa a la humanidad.
Fuente: PanamPost
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