Trump permite a Chevron operar en Venezuela pero con condicionamientos

Por Jorge Levin

La reciente decisión del régimen de Nicolás Maduro de permitir a la petrolera Chevron continuar operando en Venezuela representa un giro significativo en la compleja relación entre Estados Unidos y el país sudamericano. Este movimiento, que coincide con un intercambio de prisioneros entre ambos gobiernos, despierta una serie de interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta medida y las implicaciones para el futuro económico y político de Venezuela.
Maduro, en su habitual retórica llena de matices, ha manifestado que la economía venezolana ha crecido un 12% en producción petrolera gracias a “esfuerzos propios”, desestimando la necesidad de apoyo externo. Sin embargo, esta afirmación parece más un intento de justificar la vulnerabilidad económica que enfrenta el país que una representación fiel de la realidad. La verdad es que la industria petrolera venezolana, crucial para su economía, ha sido desmantelada en gran medida y requiere urgentemente inversiones y tecnología que solo empresas como Chevron pueden proporcionar.
El interés de Chevron en retomar su actividad en Venezuela no debería ser percibido de manera simplista. La petrolera estadounidense ha estado asociada con el país durante más de un siglo y su retorno podría suponer un respiro para la industria petrolera en declive. Sin embargo,lo más preocupante es el contexto: la concesión de esta licencia parece estar ligada a maniobras políticas, donde la liberación de ciudadanos encarcelados se convierte en moneda de cambio en una transacción diplomática poco transparente.
A pesar de la apertura que representa este acuerdo, debemos ser cautelosos. Existe la preocupación de que el régimen de Maduro pueda beneficiarse de la venta de petróleo al exterior, lo que a su vez podría reforzar su posición en el poder sin resolver las ineficiencias y la corrupción que han caracterizado a su gobierno. Además, está la exigencia de que Chevron no pague impuestos ni derechos de explotación, lo que plantea serias dudas sobre la ética de esta política y su posible efecto en la recuperación de la economía venezolana.
Es fundamental que la administración estadounidense actúe con la máxima transparencia en este proceso. El mensaje debe ser claro: permitir operaciones en Venezuela no puede implicar un respaldo tácito al régimen de Maduro, y cualquier ganancia derivada debe estar sujeta a un escrutinio riguroso que garantice que no se utilizará para perpetuar la opresión y la corrupción.
La invitación de Maduro a los inversionistas estadounidenses para que "vengan a Venezuela" debe ser recibida con escepticismo. Para que realmente sea un "paraíso de inversiones", como él sugiere, se necesita un cambio fundamental en la gobernanza y un respeto por los derechos humanos y las normas democráticas.
Si bien la reactivación de Chevron podría ofrecer cierto alivio a la devastadora crisis económica de Venezuela, el camino a seguir debe ser cuidadosamente negociado para evitar que este apoyo fortaleza aún más a un régimen que ha demostrado ser adverso al bienestar de su pueblo. Las decisiones tomadas hoy deben tener en cuenta las lecciones del pasado y aspirar no solo a la recuperación económica, sino a una verdadera restauración de la democracia y la justicia en el país.