Los ‘sheriffs’ recuperan poder para cumplir el objetivo de las deportaciones masivas de Trump

Cumplir los deseos de Donald Trump de deportar a 11 millones de indocumentados no es tarea fácil y al organismo encargado de hacerlo, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), le faltan medios para llevarlo a cabo. Y el implacable zar de la frontera, Tom Homan, se ha mostrado insatisfecho con el ritmo de las detenciones y tres altos cargos del ICE ya han sido degradados por no cumplir las expectativas de arrestos. La colaboración de las fuerzas de seguridad locales y estatales es necesaria para una campaña tan ambiciosa y para ello se está recuperando un antiguo programa que permite que agentes de la ley locales realicen funciones propias de las autoridades federales de inmigración.

Varios Estados republicanos, como Florida e Indiana, han impulsado leyes para obligar a sus policías y sheriffs a colaborar con el servicio de inmigración por medio del programa 287(g). Creado en 1996, este programa permite que los agentes locales interroguen a las personas detenidas sobre su estatus migratorio y los mantengan bajo custodia hasta entregarlos al ICE, que procedería a su deportación. El problema, dicen los críticos, es que da pie a que muchos agentes actúen movidos por el racismo y la xenofobia, arrestando sobre todo a latinos y negros, incluso por faltas menores. 

“Cuando los agentes locales hacen redadas, pueden identificar a muchas personas que no tienen permisos de conducir y los meten en las cárceles, donde investigan sus datos migratorios. Solo con el arresto ya los criminalizan”, explica Adriel Orozco, abogado del American Immigration Council (AIC).

Para ICE es una buena solución, porque llevar a cabo las redadas para las detenciones es más costoso y requiere más personal que acudir directamente a las cárceles y deportar a quienes ya han sido detenidos. “Para el ICE es muy importante tener acuerdos con las agencias locales y estatales”, sostiene Orozco. Según los datos del AIC, desde 2015, solo el 18% de las detenciones del ICE se produjeron directamente en la calle. El 82% restante fueron traspasos de personas que ya estaban en la cárcel.

Estos acuerdos crean situaciones en las que personas que han sido arrestadas por delitos menores y que bajo normales circunstancias serían puestas en libertad, con o sin fianza, deben permanecer en la cárcel hasta que el ICE se hace cargo de ellas. Y a partir de ese momento, el delito es ser un indocumentado. A los ojos de Homan, objeto de expulsión del país. “En el momento en que pasan a la custodia del ICE, solo importa el delito de migración y no pueden acudir a las citas de la corte para defender sus casos”, explica Orozco.

Trump aseguró que su campaña de deportaciones se limitaría, al menos al principio, a los delincuentes, pero en algo más de dos semanas de actuación, la mitad de las detenciones han sido de migrantes sin antecedentes penales. En Estados Unidos hay entre 11 y 13 millones de indocumentados y casi el 90% no tiene antecedentes penales. La mayoría de los delitos cometidos son leves, como multas de tráfico o conducir bajo los efectos del alcohol, pero por los acuerdos los detenidos en estas circunstancias se mantendrían en prisión hasta ser deportados.

Redadas en las calles
En la actualidad el programa 287(g) solo se aplica con los detenidos en las cárceles, pero Homan se ha mostrado a favor de que se amplíe y los agentes locales puedan detener en las calles, como los efectivos del ICE. Esa práctica ya se utilizó en el pasado, pero el presidente Barack Obama la eliminó después de que se comprobara que se estaba produciendo discriminación racial en las detenciones y su aplicación se limitó a las cárceles.

En 2011, una investigación del Departamento de Justicia encontró que los agentes del condado de Maricopa (Arizona), dirigidos por el antiguo sheriff Joe Arpaio, seguían un patrón de discriminación racial. Los agentes realizaban redadas de manera rutinaria en vecindarios hispanos, y los conductores latinos tenían hasta nueve veces más probabilidades de ser detenidos que otros conductores. En consecuencia, la Administración Obama rescindió el acuerdo 287(g) con ese condado.

El Gobierno de Joe Biden no firmó ningún acuerdo nuevo, pero tampoco eliminó el programa, como había prometido. En diciembre de 2024, el ICE tenía acuerdos 287(g) con 135 agencias policiales estatales o locales en 21 Estados, la mayoría en Texas, Florida y Carolina del Norte.

En su primer mandato, Trump impulsó el programa y, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, ordenó que se aumenten los acuerdos. Varios Estados han puesto en marcha iniciativas de cooperación con el ICE.

El Senado de Indiana acaba de aprobar fondos estatales para los participantes en el 287(g) y está pendiente de aprobarse en la Cámara de Representantes. El senador estatal demócrata Rodney Pol la calificó de propuesta “muy, muy peligrosa” y “muy, muy inquietante”, según AP. “Estamos exigiendo demasiado a la gente, en particular a los agentes de policía, que se verán en situaciones en las que tendrán que romper sus comunidades”, dijo Pol. Uno de los temores es que, debido a una pérdida de confianza en la policía, los migrantes ya no quieran colaborar con las fuerzas del orden y eviten declarar contra acusados o denunciar delitos.

Por su parte, los legisladores de Florida han aprobado un programa de subvenciones para los agentes locales que ayuden a desempeñar funciones reservadas a las autoridades federales de inmigración.

Hay dos modelos que funcionan ahora. El modelo de aplicación de la cárcel (JEM, en inglés) permite hacer interrogatorios a los detenidos para determinar su estatus migratorio. Para ello, los agentes reciben un curso de cuatro semanas. El modelo de oficial de servicio de orden (WSO) autoriza a los agentes a cumplir las órdenes del ICE, pero no les permite hacer interrogatorios. En este caso la capacitación solo dura ocho horas. La escasa formación, muy lejos de la requerida a los agentes del ICE, que es de hasta 16 semanas, es otra de las críticas del programa. Además, el servicio de inmigración no tiene capacidad para supervisar la actuación de los agentes locales.

“La inadecuación de la capacitación en el programa 287(g) conduce a violaciones de los derechos civiles, como perfiles raciales, arrestos falsos y más. También puede conducir a un acoso significativo por parte de la policía local de la comunidad inmigrante”, recoge la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) en un informe.

El condado de Nassau, en Long Island (Nueva York), ha anunciado este mes que sus agentes de policía se unirán al esfuerzo de deportación masiva del ICE, con una ampliación del 287(g). 10 detectives tendrán el poder de arrestar y encarcelar a personas que están bajo órdenes de deportación, una función reservada a los agentes federales de inmigración.

Algunos condados que tuvieron acuerdos con el ICE los cancelaron por el alto costo que suponían, como fue el caso de Harris County, en Texas. El ICE se hace cargo de los gastos para formar a los agentes locales, pero no del mantenimiento de los detenidos en las prisiones.

Para facilitar la colaboración de los sheriffs y poder usar sus cárceles, Homan dijo este mes ante la Asociación Nacional de Sheriffs que rebajará los requisitos para las detenciones. “Muchos sheriffs nos proporcionaron camas durante mucho tiempo, pero algunos se marcharon porque dijeron: ‘No podemos permitirnos sus estándares de detención’”, reconoció. A lo que añadió que si los estándares locales son “suficientemente buenos para un ciudadano estadounidense de su condado, también son lo suficientemente buenos para un extranjero ilegal detenido por nosotros”.

Pero no todos quieren colaborar con el ICE. Muchos sheriffs prefieren guardar los espacios disponibles en sus cárceles para los verdaderos delincuentes, en vez de cederlos a los indocumentados para ser deportados.

Fuente: El País