Narcofunerales en Chile: los insólitos lujos en las ceremonias para despedir a líderes de sus bandas

La muerte de traficantes de droga en Chile o «sujetos de interés» relacionados con el crimen organizado ya no pasa desapercibida en el país. Suspender las clases en jardines infantiles y liceos, desviar el tránsito y desplegar un contingente policial es parte del protocolo que rige ahora ante los «funerales de alto riesgo» que comprometen la seguridad ciudadana.

Sus ceremonias con balaceras de hasta 72 horas en la zona de despedida, la constante detonación de fuegos artificiales y vandalización de los espacios públicos, para «honrar» a sus «compañeros» en el trayecto al cementerio, comenzaron a agudizarse hace seis años.

Desde entonces, la violencia sostenida en los rituales se volvió extrema. Cifras oficiales arrojan que sólo hasta mayo de este año se contabilizan 133 «narcofunerales». Sin embargo, la cantidad desde 2019 ronda los 2035 velorios dedicados enaltecer el rol de líderes de bandas locales y extranjeras.

Lujo y violencia
Los cortejos fúnebres de los narcos en Chile son insólitos y violentos e incluyen desde la contratación de carrozas fúnebres con modelos de Maserati hasta la entrega de joyas y armas. Así transcurrió el velorio y funeral de Carlos Humberto Acevedo Ramírez, de 40 años, alias el «Guatón Mutema», quien fue asesinado frente a su casa en la Villa Pucará en abril, en la zona Quilicura, cuando desde un auto un grupo de sujetos le disparó nueve balas mientras él veía un partido de fútbol.

La Región Metropolitana de Santiago de Chile es la más asediada por los denominados narcofunerales, le sigue el Biobío, Atacama, Tarapacá, O´higgins, Coquimbo y Arica. Sin embargo, el fin de estos se ve lejos ante el aumento de los negocios de droga en el país.

Cifras difundidas por Carabineros revelan que la nación austral ya superó las incautaciones registradas en 2024, al cerrar septiembre con 39 toneladas de estupefacientes decomisadas, cifra que rebasa las 37,5 toneladas de sustancias ilícitas contabilizadas en total el año pasado. Las estadísticas oficiales apuntan a la marihuana como lo más confiscado, con 33142 kilos, seguida por 3015 kilos de cocaína y 2876 kilos de pasta base. Con las autoridades detrás de las cargas, los enfrentamientos o ajuste de cuentas entre bandas para salvarlas y garantizar su comercialización en las calles, aumentan los casos de narcofunerales.

Dinero en juego 
El dinero en juego promueve las peleas de las organizaciones que buscan no sólo posicionarse en el mercado sino además mantener su patrimonio afectado por las incautaciones, considerando que en lo que va del año sus pérdidas rondan los diez millones de dólares en bienes adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico, monto que supera a los 7,7 millones de dólares de 2024.

“El país es utilizado tanto como mercado interno como plataforma de salida hacia el extranjero. Muchas partidas quedan para consumo local, mientras otras tienen destino internacional, especialmente Europa y Oceanía» reconoce el jefe de Carabineros, Gonzalo Muñoz.

El caos del orden público obligó al Congreso a promulgar en mayo la Ley 21.717, con la cual se establecen las medidas de control y sanciones, en caso de que se cometan delitos en el transcurso de estos funerales de alto riesgo en Chile.

Informe clave 
El papel de Carabineros en los narcofunerales es clave. A la institución policial le corresponde elaborar un informe técnico con los antecedentes delictuales del fallecido y las circunstancias que derivaron en su muerte. El documento debe remitirse al respectivo delegado presidencial regional, quien notificará de la clasificación de funeral de alto riesgo a los familiares directos del fallecido después de dictar su resolución.

El plazo ahora para la sepultura o cremación es de máximo 24 horas desde que se notifique la resolución. Dentro del tiempo se deben cumplir con los respectivos trámites como la inscripción de defunción, así como el traslado del cuerpo hasta el sitio donde tendrá lugar el funeral.

Nadie puede oponerse. Carabineros tiene la facultad para definir el trayecto por el cual se trasladará el cuerpo e incluso los ingresos tras la aplicación de test de drogas y alcohol. En caso de alguna irrgularidad, la norma estipula penas de reclusión de 541 días a 3 años y 1 día de cárcel, al igual que una multa de hasta 1300 dólares.

Fuente: PanamPost