Los mitos del "salario mínimo" y del "aguinaldo"

Explicar situaciones contrafácticas —aquello que podría ocurrir si una condición no existiera— siempre es complejo. Si algo existe, en el marco de una realidad determinada, es a veces difícil mostrar que ese suceso puede ocurrir a pesar del contexto y no por el mismo, en el que se desarrolla. Esto ocurre con frecuencia en los debates sobre el mercado laboral. Para los partidarios de la intervención estatal, el salario mínimo y el aguinaldo son el resultado de lo que se conoce como «conquistas sociales» que garantizaron nuevos «derechos» para los trabajadores.

En el escenario actual es imposible contratar en el marco de relación de dependencia a un empleado con un salario menor al que se establece como «mínimo» por ley y, cuando alguien ya está desempeñando su labor, además tiene que cobrar dos veces al año el aguinaldo. Es decir, el salario «extra» que vendría a ser el número 13 en los 12 meses del año. Este marco normativo es presentado como un avance incuestionable. Sin embargo, para que este argumento se sostenga plenamente tendría que verificarse una condición que no existe: la ausencia total de trabajo informal y de desempleo. La persistencia de ambos fenómenos evidencia que el debate es más complejo que la simple narrativa de “derechos conquistados”. 

Para empezar a desentrañar este asunto conviene recordar una premisa fundamental de la economía: los recursos son limitados y las necesidades, infinitas. Es decir, en un marco libre y voluntario de acuerdos, el desempleo tendría que ser del 0 %. Las sociedades pueden ser ricas y capitalizadas o pobres, por lo que los salarios podrían ser suculentos o muy escuetos, pero eso va vinculado a los incentivos en materia de atracción del capital. Ahora, con respecto al empleo, si hay libre pacto entre las partes no existiría el desempleo involuntario. Es decir, personas que quieren trabajar y tienen la desgracia de padecer el problema del desempleo.

Los estatistas abren la puerta a la intervención, partiendo de una tesis falaz que hace referencia a la supuesta asimetría de poder entre el empleado y el empleador, descartando el detalle no menor que en los intercambios libres y voluntarios, ambas partes ganan. ¿Se imaginan como se reducirían nuestras interacciones contractuales, si para pactar, comprar o vender, la contraparte tendría que estar en «igualdad» de condiciones a nosotros? De poder aplicar la máxima de este delirio, el mundo caería en la pobreza y la muerte por inanición.

Según la capitalización de una economía, el corte arbitrario sobre el mínimo posible para contratar no termina produciendo lo que buscan los intervencionistas. Es decir, que nadie contrate por debajo de ese monto y que todos los trabajadores tengan ese mínimo de ingreso. Las leyes de salario mínimo ponen sobre la mesa que el desempleo y el trabajo informal que se produce evidencia que el salario mínimo de mercado estaba por debajo de lo que el burócrata bienintencionado determinó. Aquí no tiene que ver la generosidad del empresario. Si se aplica el salario mínimo de un país desarrollado en uno subdesarrollado, el desempleo y la informalidad subirán exponencialmente. Ahora, si aplicamos el salario mínimo de un país pobre en uno rico, el efecto será nulo, ya que el mercado estará dictaminando salarios más amplios del que indica la ley. Es decir, la normativa sería letra muerta.

Si se desea incrementar los salarios, hace falta más capital invertido en la economía con relación a cada trabajador. Si se desea aumentar el empleo formal, hay que incrementar la libertad de contratación, dejando de lado todos estos falsos derechos. Son dos temas independientes, aunque en la política se suelen analizar en conjunto.

Algo parecido ocurre con el aguinaldo, que no es más que una «ilusión salarial». Una empresa analiza los costos que le significarán sus empleados y contrata solamente cuando la productividad ofrecida supera la inversión. Es decir, una empresa cuenta «lo que sale» el empleado y en el cálculo están sus 12 salarios normales y su «aguinaldo» extraordinario. Si, en nombre de la justicia social, se determina que hay que dar dos aguinaldos más, la cuenta seguirá siendo la misma. Si la productividad ofrecida por el empleado no cubre los costos, el trabajador con derechos se convertirá o en un desempleado o en un informal sin derechos.

Para ilustrarlo, imaginemos una pizza cortada en 12 porciones o en 13 o en 14, con dos medias porciones, pero siempre el mismo producto. Si se quiere incrementar el tamaño de la pizza o la torta, el fenómeno económico que tiene que suceder no tiene nada que ver con las políticas intervencionistas o de las «conquistas» de los sindicatos. La economía del país y de la empresa debe capitalizarse, deben estar disponibles las opciones de crecimiento y el empleador debe percibir que puede ganar más dinero si contrata y se arriesga, en comparación al escenario donde se abstiene de hacerlo. Justamente ese es el resultado de las políticas laborales que pueden generar un quebranto a una PyME que tiene que atravesar un juicio laboral.

Si la señal del mercado es la del crecimiento, en el marco de una economía virtuosa, el empleador va a querer tener el mejor recurso humano disponible y lo tendrá que pagar más caro. No por caridad sino por su propio beneficio.

Aunque toda la evidencia empírica respalda estas cuestiones, lamentablemente, todavía hay una buena parte de la población que cree en las recetas mágicas y en las medidas contraproducentes que no terminan generando empleo, sino todo lo contrario.

Fuente: PanamPost