El domingo 3 de agosto fue un día de movilización masiva en las principales ciudades de Brasil. Esta jornada cobra especial relevancia en un contexto marcado por la persecución política y la censura, impulsadas por la judicialización de la política desde el Poder Judicial, que ya cuenta con su primer sancionado por la norteamericana Ley Magnitsky: Alexandre de Moraes.
Estuve presente en dos manifestaciones este día: por la mañana, en la ciudad de Campinas; y por la tarde, en la emblemática Avenida Paulista. La diversidad de los manifestantes era notable: hombres y mujeres de todas las edades y clases sociales. Todos vestían los colores verde y amarillo, símbolo de orgullo nacional. El amor por la patria se sentía en el ambiente, con un espíritu familiar impregnado de indignación frente a la situación actual.
El pueblo brasileño está harto del abuso de poder ejercido desde Brasilia, tanto por el Ejecutivo como por el Poder Judicial. Pero también está agotado por la falta de resultados del Legislativo, que se autoconsidera de manos atadas en varios aspectos para actuar frente a esta crisis institucional.
En medio de las sanciones estadounidenses y sus excepciones sobre productos brasileños, crece la incertidumbre sobre el futuro del país. En el seno de la oposición, el debate se divide entre dos grandes posturas: por un lado, quienes piensan que ya no importa afectar más la economía, ya que el PT la ha destruido, y que es necesario resistir un poco más para lograr la caída del régimen; por el otro, quienes consideran que perjudicar aún más la economía solo favorece al mismo régimen que la está desmantelando.
Sin embargo, todos coinciden en su repudio a la existencia injusta de presos políticos y al sufrimiento que esto ha causado a sus familias. Las historias abundan en crueldades, víctimas e incluso muertes bajo responsabilidad del Poder Judicial. El punto máximo de indignación fue la imposición de una tobillera electrónica al expresidente Jair Bolsonaro, líder indiscutible de la oposición, en un claro intento de humillarlo y allanar el camino hacia su encarcelamiento.
Esta semana comienzan los trabajos legislativos, y la oposición ha prometido impulsar una ley de amnistía general y el juicio político (impeachment) del ministro Alexandre de Moraes. La masiva movilización ciudadana no solo elevó la moral opositora, sino que también envió un mensaje al centro político, invitándolo a sumarse a una agenda común. La expectativa es que esta presión aumente la tensión interna justo cuando entra en vigor un tarifazo, y mientras el régimen lanza su campaña de “defensa de la soberanía” contra el diputado Eduardo Bolsonaro y el periodista Paulo Figueiredo, ambos exiliados en Estados Unidos por motivos de persecución política.
La oposición, si logra mantenerse unida frente a la cohesión del régimen, podría alcanzar algunas victorias locales. Pero surgen varias preguntas: ¿Cuáles serían esas victorias si no se logra, por ahora, una amnistía general? ¿Se puede al menos liberar a los mayores de 70 años condenados a más de una década de prisión? ¿Qué pasa con las madres amas de casa, usadas como chivos expiatorios? ¿Podría tratarse el caso del diputado Daniel Silveira, quien lleva más de cinco años encarcelado y enfrenta serios problemas de salud, al borde de perder una pierna? ¿Es momento de discutir el cierre de la Investigación de las fake news, utilizado como principal herramienta de persecución política por delitos de opinión?
Por ahora, el régimen solo encuentra incentivos para seguir radicalizándose, consolidar su núcleo de poder y aumentar su capacidad de negociación para no ceder en nada que le sea de su interés. Si el parlamento no presenta esta semana una hoja de ruta clara, basada en la unidad y en objetivos definidos, existe un riesgo creciente de que el régimen gane tiempo y utilice esta coyuntura para fortalecerse de cara a las elecciones, manteniendo al centro político dentro de su órbita.
En un mundo donde los polos de poder global se están reconfigurando, un Brasil débil resulta funcional para aquellas potencias que buscan controlar el Atlántico Sur. Sin embargo, un Brasil debilitado no puede, ni hoy ni nunca, ser el interés de su pueblo.
El pueblo brasileño quiere vivir en paz, sin tener que huir de su país ni temer por pensar o expresar libremente sus ideas. Quiere vivir de su trabajo, que su salario tenga poder adquisitivo, y no cargar con una presión fiscal asfixiante destinada a sostener el gasto excesivo de una clase política desconectada de la realidad.
Pero, por encima de todo, el pueblo brasileño rechaza vivir bajo el autoritarismo de cualquier fuerza política. Brasil es una nación de hombres y mujeres que valoran la libertad y no están dispuestos a ser oprimidos por ningún poder, sea interno o externo. La historia ya ha demostrado en varias ocasiones lo que ocurre cuando se empuja al límite al pueblo brasileño.
Fuente: PanamPost
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