La Administración Trump amenaza con aranceles a la dictadura de Nicaragua por sus abusos de derechos humanos

EE.UU Edgardo Pinell*
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La dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha recibido recientemente una pequeña, pero significativa advertencia: Nicaragua podría sufrir aranceles adicionales al 18 % a partir de 2027 en los productos exportados a EE.UU. que no se encuentren incluidos en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Washington estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del DR-CAFTA, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EE.UU.

Posteriormente, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) sugirió a la Casa Blanca una batería de opciones contra la dictadura nicaragüense que iban desde imponer una subida del 100 % de aranceles hasta la posible expulsión de Nicaragua del acuerdo de libre comercio DR-CAFTA tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas «irrazonables» en materia de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.


Finalmente, la Casa Blanca optó por un arancel gradual y de impacto limitado, pero que, sin embargo, muestra que la represión de la dictadura de Ortega y Murillo está en la complicada agenda de Washington. 

El arancel adicional se establecerá en 0 % el 1 de enero de 2026 y aumentará al 10 % el 1 de enero de 2027 y al 15 % el 1 de enero de 2028, puntualizó en un comunicado la USTR aclarando que estos aranceles se acumularán con otros existentes, tales como el Arancel Recíproco vigente del 18 %.

La medida se adoptará bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 «para abordar los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con abusos de los derechos laborales, abusos de los derechos humanos y libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho», explicó en un comunicado la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR).

Asimismo, esa Oficina advirtió que «si Nicaragua no avanza en la solución de estos problemas este cronograma y estas tasas podrían modificarse».

Las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. sobre las violaciones cometidas por la dictadura de Ortega y Murillo comenzaron el 10 de diciembre de 2024 durante la Administración del demócrata Joe Biden.

Entonces, la organización recibió más de 160 comentarios y varios testigos prestaron declaración durante una audiencia pública el pasado 16 de enero.

Hasta el 19 de noviembre pasado, la USTR ha recibido más de 2.000 comentarios por escrito, con lo que han determinado que «el régimen de Ortega-Murillo ha cometido o permitido una serie de abusos de los derechos laborales internacionalmente reconocidos», junto a otros «abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso contra personas y bienes estadounidenses».

*Para El Debate

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