El Dragón en el patio trasero: China en el Cono Sur, y la prueba de fuego en Chile

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la atención de EE. UU. se desvió, instando al Cono Sur a ver en China un socio comercial ideal y fuente de capital. Sin embargo, 25 años después, esta relación se ha convertido en una dependencia asimétrica. El auge de los commodities se ha pagado con una «chequera diplomática» que, a cambio de liquidez, amenaza con hipotecar la soberanía estratégica y tecnológica de la región.

La seducción de la deuda y la infraestructura silenciosa
La expansión de la influencia china en el Cono Sur se articula mediante la «diplomacia de la infraestructura», una estrategia que evita la confrontación militar y se centra en el músculo financiero. Instituciones como el Banco de Desarrollo de China o el EximBank han relegado a menudo a las entidades multilaterales tradicionales, al ofrecer créditos sin las onerosas condicionalidades de gobernanza impuestas por el FMI o el Banco Mundial.

No obstante, el carácter extractivo y condicionado de esta inversión es la clave de la crítica. Gran parte del capital se destina a proyectos que garantizan el flujo de commodities hacia los puertos chinos, incluyendo cláusulas que obligan a la contratación exclusiva de empresas y equipos de origen chino. Este modelo no solo limita el derrame económico local, sino que alimenta la preocupación, analíticamente fundamentada, por el riesgo de «trampas de deuda» y la potencial cesión de activos estratégicos (puertos o redes eléctricas), pilares insustituibles de la soberanía nacional. Veámoslo en números para reflejar esta realidad:

La adopción de tecnología 5G y de vigilancia china ha extendido la dependencia del Cono Sur al ámbito de la seguridad de la información, un riesgo geopolítico subestimado. En el caso de Chile, la contundente IED y el 37,2% de sus exportaciones a China evidencian una integración económica irrefutable. Esto convierte la autonomía de Santiago en una ilusión, pues ha cedido el compás de su política exterior a Pekín.

Paraguay: la soberanía como costo económico
Paraguay se posiciona como una anomalía geopolítica dentro del Cono Sur, al mantener su reconocimiento a la República de China (Taiwán). Esta decisión diplomática lo convierte en un objetivo constante de la presión de Pekín y lo sujeta al principio de «Una Sola China», lo que implica su exclusión formal del vasto mercado continental, ejemplificando la política de castigo económico.

Esta lealtad histórica no es gratuita, sino que se traduce en un costo de oportunidad significativo. El vital sector agroexportador paraguayo (carne, soja) debe canalizar sus productos vía reexportación a través de terceros, lo que incrementa los costos logísticos y menoscaba su competitividad global. El escenario plantea un dilema estructural: la autonomía diplomática se está compensando con una penalización económica directa. Mientras la élite política defiende la validez del compromiso con Taiwán, el pragmatismo del interés comercial de la agroindustria intensifica la presión por una reevaluación. Paraguay se encuentra, por lo tanto, en una encrucijada estratégica entre la adhesión a un principio y la búsqueda de prosperidad económica.

Entonces, nos preguntamos cuál es el costo económico del Paraguay de mantener vínculos estrechos con Taiwán y reconocerlo como Estado y no a China, miremos un poco esta realidad:

El reconocimiento paraguayo a Taiwán genera un dilema estructural, excluyéndolo de la «asociación» china, vista como un modelo de expolio mediante deuda. El devastador desequilibrio comercial, con US$ 5.410M en importaciones frente a solo US$ 23,3M en exportaciones, prueba una asimetría insostenible. Esta disparidad cuantifica el costo de la soberanía diplomática de Asunción, obligándola a pagar una alta factura por su alineamiento geopolítico.

Chile y la prueba de fuego electoral: ¿Pragmatismo o Reorientación?
El año 2025 se presenta como un punto de inflexión para la institucionalidad chilena, exigiendo a la clase política una superación de la inercia estructural y el oportunismo contingente. Es imperativo que las fuerzas políticas asuman su cuota de responsabilidad en la crisis de confianza y abandonen las trincheras ideológicas para converger en un diálogo de Estado sobre la hoja de ruta estratégica del próximo lustro.

La política chilena ha caído en un ciclo de contingencia mediática, desprovista de una visión de largo plazo. Los últimos cuatro años han evidenciado una erosión de la probidad y la ética, exacerbada por la inexperiencia de cuadros que prometieron una ruptura con el «pasado político». El resultado ha sido un aumento del riesgo de ejecución gubernamental, lo que se traduce en inestabilidad institucional.

El próximo gobierno asumirá una tarea titánica: restaurar la confianza ciudadana en un país profundamente polarizado. Sin embargo, el principal desafío geopolítico y económico es la gestión de la amenaza interna que proyecta esta polarización. Las advertencias de movilizaciones violentas desde la izquierda en caso de un triunfo de la derecha sugieren la posibilidad de una nueva ronda de vandalismo político en nombre de una «demanda popular». Este escenario no es solo un retroceso a la violencia, sino un factor directo en la elevación del riesgo país. La inestabilidad social, al espantar la inversión extranjera y castigar al emprendimiento nacional, conduce inevitablemente al desempleo y al estancamiento económico.

En este contexto de fragilidad interna, la clase política chilena —cuyo foco está absorbido por la refriega doméstica— parece exhibir una miopía estratégica frente a desafíos externos como la creciente influencia de China. Urge que los líderes comprendan que la gestión de la política exterior y la seguridad económica es inseparable de la estabilidad interna.

La incapacidad para articular un consenso interno sobre el modelo de desarrollo solo facilita que actores externos —como Pekín— establezcan una relación de dependencia que, de no ser gestionada con una visión de Estado, comprometerá irreversiblemente la autonomía estratégica de Chile. En el plano internacional, Chile ha sido tradicionalmente el socio más institucionalizado y con mayor apertura al comercio global, es el laboratorio actual de las dinámicas chino-regionales; por lo que, hay una verdad notable, la relación es profunda: China es su principal socio comercial, vital para las exportaciones de cobre y futuras de litio.

El escenario de una campaña presidencial introduce una variable crítica. Un triunfo de la izquierda buscaría llevar más allá la relación de dependencia de Chile con China basada más en la vocación ideológica que en revitalizar la economía nacional, haciendo del país un proveedor más que se va a mover en función de lo que necesite o quiera específicamente Pekín. De imponerse la derecha en las elecciones, con una plataforma que tiende históricamente a alinearse con EE.UU. y defender los valores democráticos occidentales, podría forzar una revisión de los términos de la relación con Pekín. En este último escenario, donde se sitúan analistas y operadores financieros, se avizoran a decir que si bien es poco probable que un gobierno de derecha desmantele la relación económica (el pragmatismo del PIB es un poderoso ancla), sí podría en cambio introducir algunos elementos a la relación:

Endurecer la Retórica: Elevar el tono diplomático en temas de derechos humanos y competencia leal, generando futuras fricciones.
Revisar Acuerdos Estratégicos: Poner bajo revisión las concesiones portuarias y las licitaciones de infraestructura y tecnología 5G, especialmente bajo la visión geopolítica de Washington.
El desafío geopolítico crucial para la futura administración chilena, dada su profunda dependencia y baja percepción de riesgo país, será calibrar la soberanía crítica sin desestabilizar su base económica. La decisión de Santiago —ejercer una diversificación estratégica o consolidar su rol como zona de influencia de Pekín— definirá el futuro del Cono Sur. La disyuntiva regional es ya ineludible: ¿está la región comprando un desarrollo económico de corto plazo a cambio de una pérdida de autonomía estratégica a largo plazo? La respuesta yace, estrictamente, en la capacidad de los gobiernos para negociar no solo condiciones comerciales, sino exigir transparencia y blindar la soberanía de sus activos críticos.

Por: José V. Oropeza-Pérez

Fuente: PanamPost