Venezuela: una tiranía acorralada

La agonizante dictadura que hoy se cierne sobre Venezuela ha rebasado los escenarios más sombríos de las violaciones a los derechos humanos, consolidando un desmantelamiento sistemático de las instituciones clave para cualquier democracia. El poder judicial y el poder electoral, por ejemplo, que son pilares fundamentales de un Estado de derecho, han sido cooptados y pervertidos, transformándose en meros instrumentos al servicio de un régimen autoritario.

Desmantelamiento institucional y persecución política

La instrumentalización de la justicia es una de las facetas más crueles de esta tiranía. Disidentes y líderes opositores son reducidos a prisión, víctimas de expedientes fabricados por jueces que, en una muestra de servilismo incondicional, actúan como brazos ejecutores de la represión. Esta maquinaria judicial, desprovista de independencia, se ha convertido en un mecanismo para silenciar voces críticas y anular cualquier intento de resistencia democrática.

Diariamente ciudadanos, incluso que no hacen activismo político, son detenidos arbitrariamente, en la mayoría de los casos son ultrajados mediante la aplicación de tratos crueles, torturándolos, desapareciéndolos de forma forzada o liquidándolos por la vía extrajudicial. En Venezuela no existe el sagrado beneficio del debido proceso y definitivamente opera un Estado fallido y forajido a la vez.

Paralelamente, el aparataje fraudulento del régimen se ha perfeccionado para robar elecciones, como las que se celebraron, en medio de inmensas adversidades, el pasado 28 de julio de 2024. El Poder Electoral ha sido desvirtuado y reducido a una desprestigiada estructura para forjar fraudes. Así tenemos que el veredicto de millones de venezolanos fue elegir a Edmundo González Urrutia como el auténtico presidente electo y confirmar el liderazgo de María Corina Machado. Maduro y su camarilla han consumado un vulgar atraco, pretendiendo despojar a Edmundo González de su legítima designación como presidente electo. Estos actos no solo socavan la voluntad popular, sino que profundizan la crisis de legitimidad y confianza en el sistema político.

Crímenes de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional

Las perpetraciones de crímenes de lesa humanidad son una dolorosa realidad en la Venezuela de hoy. Las detenciones arbitrarias –tal como lo describimos antes– «son el pan nuestro de cada día»; con presos políticos, civiles y militares, entre los que se cuentan a decenas de personas con otras nacionalidades, como españoles, colombianos, argentinos, franceses y portugueses, que son víctimas de cárceles injustas, traspasando la siniestra «puerta giratoria» que conlleva al no menos perverso método de la «diplomacia de rehenes».

Estas atrocidades han llevado a que el actual narco tirano, Nicolás Maduro, esté siendo investigado por estos delitos en la Corte Penal Internacional, un paso crucial en la búsqueda de justicia y reparación de daños para las víctimas y sus familiares.

Narcotráfico y terrorismo: una amenaza global
Otro tema de extrema delicadeza es la alianza del régimen con el narcotráfico a través del llamado cártel de los Soles. Es evidente como se utilizan las instituciones del Estado venezolano para operaciones ilícitas, permitiendo que la droga circule por todo el mundo, incluyendo Europa y los Estados Unidos. Solo en los Estados Unidos, anualmente, mueren más de cien mil seres humanos por el consumo de fentanilo, una droga sintética cuyo consumo se ha incrementado, en muchos casos mezclada con heroína o cocaína. Citamos una cifra que supera con creces las 62.859 muertes ocurridas en las tres guerras de Vietnam, Kuwait e Irak.

Basta con precisar que todo el andamiaje del Estado es colocado como «mulas» para traficar drogas, minerales como el oro y legitimar capitales de procedencia oscura, para darnos una idea de la dimensión de esas negociaciones propias de una corporación criminal. Todas esas andanzas han sido investigadas por las dependencias de la Administración de Control de Drogas (DEA), una Agencia Federal de los EE UU.

Igualmente existen informes recientes (2023), en los que se revela que «cerca de 316 millones de personas consumieron alguna droga (excluidos el alcohol y el tabaco); es decir el 6 % de la población entre 15 y 65 años, frente a 5,2 % de la población en 2013. Con 244 millones de usuarios, el cannabis continúa siendo la droga más utilizada, seguido de los opioides (61 millones), las anfetaminas (30,7 millones), la cocaína (25 millones) y el éxtasis (21 millones). Los nuevos grupos de personas en situación de vulnerabilidad que huyen de la inestabilidad y el conflicto podrían hacer que estas cifras incrementen», advierte el informe.

Así lo ha dado a conocer en su informe fechado 26 de junio de 2025, Ghada Waly, directora Ejecutiva de UNODC. La investigación apunta, según Wally «a una nueva era de inestabilidad global que intensifica los retos para abordar el fenómeno mundial de las drogas, empoderando a los grupos de la delincuencia organizada y catapultando el consumo de drogas a niveles históricamente altos». Estas conclusiones están en el informe mundial elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Un punto relevante de ese informe señala que «la producción mundial de cocaína batió su récord histórico en 2023, con más de 3.700 toneladas, un 34 % más que el año anterior y cuatro veces más que en 2014. El incremento se debe sobre todo a una expansión del cultivo de hoja de coca en Colombia y a mejoras en la eficiencia de los laboratorios ilegales».

Además, al régimen madurista se le vincula con el terrorismo, lo cual lo convierte en objetivo de Fuerzas de Seguridad que denuncian el peligro que representa para la estabilidad y seguridad de todo Occidente. Esta conexión con redes criminales y terroristas no solo desestabiliza la región, sino que también proyecta una amenaza global que exige una respuesta contundente de la comunidad internacional.

La tiranía acorralada en Venezuela no es solo un problema interno; es una herida abierta que sangra en el corazón de la democracia y la seguridad global. La lucha por la libertad y la justicia en Venezuela es, en última instancia, una lucha por los valores fundamentales que sustentan la civilización.

*Para El Debate