Esposa de Pedro Sánchez estaría a un paso de ir a la cárcel

La situación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es cada vez más compleja. Y es que nuevas evidencias, dentro de la causa que instruye el Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, apuntan a una posible imputación por malversación de recursos del Estado, un delito que puede conllevar pena de prisión.

La pieza clave es una empleada pública cuyas tareas —en un principio institucionales— habrían pasado a convertirse en labores para la agenda privada de Gómez. Eso incluiría manejo de patrocinios y gestión de compromisos vinculados a su cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid. Por ende, la línea entre lo institucional y lo personal podría marcar el destino judicial de la primera dama.

Begoña Gómez niega los cuatro delitos que se le imputan: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Sin embargo, la nueva investigación podría traer otros dolores de cabeza la esposa del mandatario español. Tal como indica un reportaje de The Objective, que cita a fuentes jurídicas, hay un paralelismo «enorme» entre lo que sucede con esta empleada pública y un caso muy sonado, hace más de 10 años atrás, sobre dos concejales del PSOE condenadas por usar a empleados municipales para tareas personales.

Correos a empresas privadas
El Tribunal Supremo emitió una sentencia en junio de 2014 contra dos concejales del PSOE del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia). Fueron halladas culpables de malversación por usar empleados municipales —durante su horario laboral— para hacer trabajos personales como mudanza, limpiezas y arreglos. Por ejemplo, una de estas personas usó a empleados municipales de la Brigada de Obras y Servicios para que realizaran trabajos de carpintería en una de sus residencias. La otra, también usó a personal público para realizar una mudanza,

En el caso de Gómez, algunos correos electrónicos obtenidos por el juzgado mostrarían cómo la asistente estatal (cuyo salario era de 52000 euros de fondos públicos) enviaba mensajes en nombre de la esposa del presidente a empresas privadas e intervenía en asuntos que nada se relacionaban a su rol oficial. Acá es donde el medio español traza los paralelismos. Si el juez considera probada esta desviación de recursos públicos, Gómez podría enfrentar cargos con consecuencias penales severas.

La esposa de Pedro Sánchez buscó adelantarse a las hipótesis porque hace menos de 10 días declaró ante el juzgado que pidió «favores» en pocas ocasiones a su asesora en Moncloa, identificada como Cristina Álvarez. Apenas permaneció 15 minutos en la sala, de los cuales usó solo dos para referirse al tema.

Empleada de Gómez no quiere declarar
Si bien Álvarez compareció hace pocos días ante el juez Juan Carlos Peinado, prefirió apelar al derecho de no declarar. La situación se torna un poco más turbia porque su defensa solicitó a la Audiencia Provincial de Madrid que impida al magistrado reclamar al exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio «todos los correos de que disponga en la que resulte remitente o destinataria» la trabajadora de Moncloa, según Europa Press.

La exasistente de la esposa de Pedro Sánchez se adhiere al argumento de que acceder a los correos afecta «la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y en definitiva al derecho al entorno virtual de la persona afectada». Aunque será la Justicia la que determine si en efecto es así.

Fuente: PanamPost