El régimen chino avanza sobre la minería ecuatoriana en medio de denuncias ambientales y desalojos en territorios indígenas

La minería metálica en Ecuador se ha convertido en uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento económico en los últimos años. Oro y cobre concentran las mayores expectativas, tanto por la riqueza geológica confirmada como por la entrada de grandes inversiones extranjeras.

Según cifras oficiales del Banco Central, en 2024 las exportaciones mineras cerraron el último trimestre en USD 667 millones, mientras que en el primer trimestre de 2025 llegaron a USD 836 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 10,7%. Entre enero y mayo de 2025, el sector ya había generado USD 1.506 millones en ventas al exterior, equivalente al 12,5% de las exportaciones no petroleras. Este salto, con un alza superior al 30% frente al año anterior, demuestra el peso creciente de la minería en la balanza comercial del país.

La mina Fruta del Norte, operada por la canadiense Lundin Gold, se mantiene como el emblema aurífero ecuatoriano y alcanzó en 2024 un récord de producción de 502.029 onzas de oro. En el cobre, Mirador —administrado por Ecuacorriente S.A., filial del consorcio chino CRCC-Tongguan— es la punta de lanza que consolidó a Ecuador como exportador desde 2019. En paralelo, proyectos como Cascabel, en Imbabura, y Cangrejos, en El Oro, avanzan en etapas de inversión y financiamiento.

Cascabel aseguró en 2024 recursos por USD 750 millones vía contratos de streaming con Franco-Nevada y Osisko, y en 2025 Jiangxi Copper, la mayor productora estatal china de cobre, incrementó su participación accionaria. Ese mismo año, la multinacional China Molybdenum (CMOC) compró Lumina Gold, dueña de Cangrejos, por unos USD 421 millones. Estos movimientos confirman que la presencia china no solo se concentra en Mirador, sino que se expande a nuevos proyectos estratégicos.

El gobierno de Daniel Noboa decidió en junio de 2025 reabrir el catastro minero, cerrado por más de siete años. La medida busca ordenar el sector y limitar el avance de la minería ilegal, que opera en 18 de las 24 provincias del país. Sin embargo, la decisión generó críticas de comunidades indígenas y grupos ambientales, que cuestionan la falta de garantías para el cumplimiento de consultas previas y estándares ambientales antes de expandir nuevas concesiones. La discusión refleja la tensión entre las necesidades fiscales y de inversión del Estado y la desconfianza ciudadana frente al historial de conflictos.

La huella china en el mapa minero ecuatoriano es cada vez más visible. Mirador y Panantza-San Carlos, ambos en la Cordillera del Cóndor, fueron adquiridos a inicios de la década pasada por CRCC-Tongguan.

Diversos informes académicos y técnicos han documentado desalojos, cuestionamientos a licencias y debilitamiento de salvaguardas sociales en estas zonas, particularmente en territorios de la nacionalidad Shuar. En 2016, la comunidad de Nankints fue desalojada violentamente para dar paso al proyecto Panantza, y hasta hoy organizaciones de derechos humanos recuerdan que sus habitantes no pudieron retornar.

En 2022, la Corte Constitucional dejó sin efecto la licencia ambiental de Panantza-San Carlos por vulnerar el derecho a la consulta previa de la nacionalidad Shuar Arutam. El mensaje fue claro: sin participación real y sin respeto a los pueblos originarios, no hay viabilidad legal ni social para los megaproyectos.

Más allá de las sentencias, los testimonios locales señalan un patrón de actuación problemático en las inversiones chinas: presión para acelerar obras, consultas superficiales y compensaciones insuficientes. El riesgo, advierten organizaciones comunitarias, es que estas prácticas erosionen la confianza en el Estado y agraven la conflictividad social.

Si bien las empresas sostienen que cumplen la legislación ecuatoriana, la realidad es que los estándares ambientales y sociales aplicados en Mirador y Panantza han sido señalados como deficientes por estudios de campo y ONGs, como Acción Ecológica y Geografía Crítica, que en el informe Entretelones de la megaminería en el Ecuador documentaron desalojos y contaminación en Tundayme; la Contraloría General del Estado, que cuestionó irregularidades en las licencias ambientales de Panantza-San Carlos; y el Observatorio Socioambiental, que reportó desalojos forzosos y afectaciones a comunidades Shuar.

Ecuador cuenta con un marco legal avanzado en materia de derechos ambientales y colectivos. La Constitución de 2008 reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y la Corte Constitucional ha emitido fallos de referencia, como los casos Sinangoe y Los Cedros. Más recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado ecuatoriano por permitir actividades extractivas en zonas intangibles de los Tagaeri y Taromenane, pueblos en aislamiento voluntario, obligando a ajustes estructurales en las políticas de control. Estas decisiones marcan un estándar elevado que debería ser exigido a toda empresa, independientemente de su origen.

Minería ilegal, violencia y desconfianza
La minería ilegal, por su parte, constituye otra emergencia ambiental y de seguridad. Entre 2017 y 2024, estudios satelitales registraron más de 1.700 hectáreas destruidas por la extracción de oro ilegal en la Amazonía, particularmente en Napo. En julio de 2024, análisis clínicos hallaron presencia de metales pesados en sangre de pobladores kichwa, asociados a la contaminación minera. La violencia también escala: en mayo de 2025 once militares fueron asesinados en Orellana durante un operativo contra minería ilegal, hecho atribuido a disidencias armadas vinculadas al oro.

En este mismo contexto, la empresa china Terraearth ha sido cuestionada en Napo por operar sin cumplir estándares ambientales y por su presunta cercanía con mineros informales.

Además, como lo reportó Infobae, en tiempos de crisis económica y política, el oro se convierte no solo en un refugio financiero, sino también en una herramienta eficiente para el lavado de activos. Su alta demanda, su valor compacto y su dificultad para rastrear el origen lo hacen ideal para quienes buscan ocultar dinero ilícito.

Otras perspectivas para Ecuador
El vecino Perú ofrece ejemplos de prácticas replicables. Desde 2011 aplica la Ley 29785 de consulta previa, que obliga a negociar con comunidades indígenas antes de aprobar proyectos que afecten sus territorios.

Además, el canon minero reparte el 50% del impuesto a la renta minera entre gobiernos subnacionales, garantizando que una parte de los ingresos se reinvierta en las zonas productoras.

En materia ambiental, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha demostrado capacidad sancionadora, mientras proyectos como Quellaveco operan con energía 100% renovable y sistemas de tratamiento de agua y relaves más sofisticados.

El interés peruano en la minería ecuatoriana se evidenció esta misma semana en Quito, durante el encuentro de Perucámaras, apoyado por la Embajada de Perú en Ecuador. En la jornada se destacó la importancia de integrar la cadena de valor minera en el intercambio bilateral. Empresarios y gremios del Perú subrayaron que Ecuador se perfila como un destino atractivo para nuevas inversiones en el sector, siempre que se fortalezcan los marcos regulatorios y de sostenibilidad. Una idea que fue avalada por sus pares ecuatorianos que concuerdan en las oportunidades que el sector minero ofrece al país.

En Perú, el sector proveedor de maquinaria, repuestos y servicios auxiliares para minería ha mostrado un crecimiento notable, lo que refuerza su interés por Ecuador como nuevo mercado. Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), las exportaciones de maquinaria minera peruana superaron los USD 1.250 millones recientemente, con empresas como Resemin S.A. (USD 170 millones) y Ferreyros Sociedad Anónima (USD 110 millones) liderando los envíos.

En Expominas Quito-2025, la delegación peruana presentó ofertas de equipos que incluyen bombas para transporte de pulpa, maquinaria pesada para movimiento de tierra, accesorios de seguridad vehicular y servicios de mantenimiento especializado, como parte de su estrategia de internacionalizar su cadena de valor minera.

Este interés coincide con lo que han observado gremios industriales en Perú: la metalmecánica vinculada al sector minero creció un 4,8 % en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del año previo, impulsada, en buena parte, por la demanda de maquinaria para minería tanto nacional como extranjera.

El avance chino en la minería ecuatoriana refleja la tensión entre la urgencia económica y la fragilidad institucional del país. Con un subsuelo rico en cobre y oro, Ecuador se presenta como una plaza atractiva para las inversiones, pero la experiencia de Mirador y Panantza demuestra que sin respeto a la consulta previa, sin estándares ambientales verificables y sin beneficios tangibles para las comunidades, la minería se convierte en un factor de conflicto bajo esas condiciones.

El desafío es enorme: blindar la soberanía frente a capitales que priorizan la rentabilidad sobre los derechos, garantizar que las reglas se apliquen con el mismo rigor a todos los actores —chinos, canadienses o locales— y evitar que la riqueza mineral repita el ciclo de exclusión y degradación que ha marcado a América Latina. Para Ecuador, que apenas abre camino en la gran minería, la clave estará en mirar con atención el know how regional, identificar qué buenas prácticas son replicables y consolidar un sector naciente capaz de generar prosperidad sin sacrificar territorios, comunidades ni ecosistemas.

Fuente: Infobae