Las paradojas políticas de los kirchneristas condenados e inhabilitados

El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno se suma a Cristina Fernández de Kirchner en la lista de exfuncionarios condenados, con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, inhabilitados para ejercer cargos públicos de por vida.

A Moreno la Corte lo encontró culpable de dos causas (entre otras en su contra, como la de abuso de autoridad en sus funciones) vinculadas a la compra de cotillón «anti-Clarín» y por amenazas en una asamblea de Papel Prensa, donde el Estado argentino es accionista. La única interrogante presente en estos procesos judiciales era si se iba a hacer justicia o no. Porque los delitos fueron tan burdos, que hasta se cometieron delante de las cámaras.

Todo fue explícito, a la luz del día, a cielo abierto y frente a un país. Como el enriquecimiento descomunal de una expresidente que aseguró en su momento que hizo su dinero siendo «una exitosa abogada», aunque nadie le conoció ni un solo proceso judicial donde haya intervenido como letrada. Hasta hay desconfianza sobre su título y si se recibió realmente. Sin embargo, no hay dudas sobre la existencia de sus hoteles y propiedades en Santa Cruz y Buenos Aires. En una de esas tantas, hoy cumple su condena con prisión domiciliaria.

Moreno, quien ya tiene 70 años, también comienza a preocuparse por su libertad por el complicado frente judicial y la unificación de las causas, más allá de la inhabilitación de por vida para ser funcionario o candidato.

Lo paradójico de una justicia independiente, que durante este gobierno no está recibiendo ni presiones ni mandatos desde la Casa Rosada, es que, valga la redundancia, «haciendo justicia», indirectamente termina contribuyendo con la renovación del peronismo. Es decir, sacándole de la cancha al Partido Justicialista a personajes rechazados por la sociedad.

Si uno considera que las ideas de Moreno o la praxis política de Cristina Fernández son perjudiciales para el país, al ellos contar con el repudio mayoritario del electorado, el hecho de «sacarlos de la cancha» encuentra al peronismo victimizado por una supuesta proscripción como un beneficiario.

Los resultados de las últimas elecciones parlamentarias mostraron que el kirchnerismo está en franca decadencia y ni siquiera con Cristina candidata podrían ganar una elección presidencial. Por su parte, las tres aventuras electorales de Moreno dejaron en claro su caudal político: 2,77 % en 2017, 1 % en 2021 y 0,77 % en 2023. Sin embargo, su personalidad, retórica y elocuencia lo hacen uno de los dirigentes peronistas preferidos para los programas de TV y streaming. Esta cuestión, sumada a su capricho electoral, termina siendo un beneficio absoluto para el «antiperonismo» que se deleita con sus traspiés recurrentes.

Si hay un perjudicado real con estas cuestiones es el gobierno actual. Paradójicamente, se trata del espacio político al que el peronismo señala como proscriptor justicialista. Quien piense que La Libertad Avanza se beneficia con la imposibilidad de Moreno a presentarse a elecciones, debería pensarlo dos veces. Una cosa es el slogan politiquero, pero estas acciones judiciales perjudican políticamente al gobierno y fomentan la renovación peronista.

Que no se mal interprete: la justicia debe actuar e impartir justicia. Los delitos de Moreno están hasta documentados y son indiscutibles. Ahora, el perjudicado políticamente por la seguidilla de peronistas condenados e inhabilitados (no proscriptos) es el gobierno, que ve cómo le van sacando de la cancha a personas que son garantía de la derrota peronista.

Fuente: PanamPost