Ecuador: Noboa presenta nuevas preguntas a la Corte Constitucional para reformas y consulta popular

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado un nuevo conjunto de preguntas para la Corte Constitucional, con el objetivo de impulsar reformas constitucionales y una consulta popular. Esta decisión surge tras el rechazo parcial de un primer bloque de propuestas que no recibió dictamen favorable en su totalidad.

El comunicado oficial incluye siete nuevas preguntas. Dentro de las reformas, Noboa propone la creación de un registro de personas condenadas por delitos sexuales contra menores, que limitaría su participación en actividades con niños y adolescentes. Otra iniciativa busca restringir la capacidad de la Corte para declarar inconstitucionalidades, exigiendo al menos seis votos de sus nueve magistrados.

Además, se sugiere un juicio acelerado para aquellos condenados por extorsión, robo y receptación, y eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar autoridades, dando ese poder a la Asamblea Nacional a través de concursos públicos.

En cuanto a la consulta popular, se plantean tres preguntas relevantes. La primera permitiría el funcionamiento de casinos y salas de juego, actualmente prohibidos desde 2011, pero limitados a hoteles de cinco estrellas y bajo regulación legislativa. La segunda prohibiría que personas condenadas por corrupción participen en campañas políticas. La tercera cuestiona la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Estas propuestas se producen en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la Corte Constitucional. Noboa insiste en que las reformas son necesarias para atender las demandas ciudadanas, aunque académicos y organizaciones sociales han señalado que algunas preguntas podrían afectar el equilibrio de poderes.

El regreso del debate sobre los casinos ha generado polarización, dado que la prohibición actual fue respaldada por más del 52% de los votantes en la consulta de 2011. El gobierno argumenta que la reapertura, bajo estrictas condiciones, podría generar recursos para combatir la desnutrición infantil, mientras que críticos alertan sobre el riesgo de adicciones y lavado de activos.

El registro de agresores sexuales sigue una tendencia regional que han adoptado países como México y Argentina. Noboa prevé que la consulta se realice a finales de noviembre, alineándose con la demanda del electorado por soluciones en seguridad y empleo.

Finalmente, el Gobierno ha instado a las instituciones correspondientes a “actuar según las necesidades del pueblo ecuatoriano”, y la Corte realizará el análisis de viabilidad de cada pregunta para determinar su aprobación.