Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

Movimientos políticos nicaragüenses en el exilio reclamaron este jueves la intervención de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la muerte bajo custodia de dos disidentes y críticos del régimen sandinista encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Según las agrupaciones de oposición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Unión Democrática Renovadora (Unamos) y otros colectivos, la petición apunta a que la ONU se pronuncie y tome medidas ante la situación de violencia estatal.

“Llamamos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sesionará a partir del 9 de septiembre, a que se pronuncie”, señalaron las organizaciones en una declaración conjunta. Solicitó además que el organismo internacional adopte “medidas que contribuyan tanto a frenar esta escalada de violencia estatal como a definir caminos certeros para la apertura de causas contra el régimen, tanto en la Corte Penal Internacional (CPI) como en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.

El pedido de intervención internacional ocurre tras el fallecimiento, bajo custodia, la semana pasada, de Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, según confirmaron familiares de los disidentes. Ambos opositores figuraban entre los críticos más visibles del régimen de Ortega y Murillo.

Las agrupaciones opositoras denunciaron enérgicamente los hechos, argumentando que estos presos políticos “después de haber sido secuestrados, permanecieron en situación de desaparición forzada y bajo custodia de la dictadura, hasta que sus cuerpos fueron entregados a sus familias por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”. La declaración de los movimientos califica estos hechos como “la más cruel y despiadada manifestación de la represión dictatorial en Nicaragua”, a la vez que los definen como “graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.

Según los opositores, estos incidentes confirman “la profunda crisis y el desgaste que enfrenta la dictadura Ortega-Murillo”. Exigieron la liberación incondicional de todos los presos políticos y una prueba de vida de las 33 personas que permanecen en situación de desaparición forzada en Nicaragua.

Las familias de presos políticos han lanzado un SOS global y han solicitado al Estado de Nicaragua una prueba de vida de sus seres queridos actualmente detenidos. Además, compararon la muerte bajo custodia de los opositores con prácticas aplicadas por la extinta Guardia Nacional del dictador Anastasio Somoza Debayle.

El caso de Carlos Cárdenas Zepeda, abogado y asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante las protestas de 2018, fue particularmente señalado. El cuerpo del opositor fue entregado a su familia apenas 15 días después de su arresto durante una redada realizada por las fuerzas policiales del régimen. La muerte de Mauricio Alonso —detenido a mediados de julio y fallecido tras permanecer más de un mes bajo custodia policial— también fue reportada por los colectivos.

Organizaciones de derechos humanos como Monitoreo Azul y Blanco (MAB) acusaron a la policía sandinista de secuestro y posterior muerte de opositores detenidos. MAB denunció la existencia de un “nuevo patrón represivo” que implicaría “la captura, la desaparición forzada y la posterior entrega sin vida de las personas detenidas”. Apuntó que este patrón evidencia una estrategia sistemática de represalia y criminalización de la protesta iniciada en 2018.

Las protestas de abril de 2018 en Nicaragua derivaron en una crisis de derechos humanos caracterizada por la represión estatal. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la represión dejó unos 350 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de miles de exiliados. Organizaciones internacionales han registrado al menos 200 arrestos de opositores en los años posteriores y el cierre forzado de más de 3.100 organizaciones de la sociedad civil desde diciembre de 2018.

En los últimos años, el régimen de Nicaragua intensificó las restricciones a la Iglesia Católica, prohibió actividades de organismos religiosos y rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano, tras declaraciones críticas del Papa.

La comunidad internacional continúa recibiendo llamados para una actuación más contundente y el envío de misiones para verificar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Hasta el momento, el régimen nicaragüense no ha emitido comentarios tras las denuncias y solicitudes de información realizadas por las familias de los fallecidos y organismos internacionales.

(Con información de EFE, EP y Reuters)

Fuente: Infobae