Juicio a Bolsonaro: la fiscalía pidió condenar a todos los imputados por intento de golpe

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, solicitó este martes al Supremo Tribunal Federal (STF) que el expresidente, Jair Bolsonaro, y los otros siete acusados sean declarados culpables por delitos vinculados a un intento de golpe de Estado en 2022, cuyo objetivo habría sido impedir la asunción del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Gonet pidió que todos los implicados sean considerados responsables de cinco delitos contra el orden democrático que, aunque no sugirió una pena concreta, podrían acarrear hasta 40 años de prisión.

La Fiscalía General "espera que el juicio acepte la procedencia de la acusación producida", afirmó Gonet al presentar los cargos ante los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema, instancia donde se desarrolla el proceso penal cuya fase final comenzó este martes. Sostuvo que todo lo denunciado fue "debidamente constatado" y "ratificado" por muchos de los 52 testigos escuchados durante la fase de instrucción.

El histórico juicio contra Bolsonaro, acusado de liderar una organización criminal armada con el fin de subvertir los resultados de las elecciones y de intentar un golpe para perpetuarse en el poder, arrancó entre fuertes medidas de seguridad y con la ausencia del principal acusado.

El rol de Bolsonaro
La acusación fue presentada formalmente dando inicio a la etapa conclusiva del juicio, lo cual sugiere que las sentencias no podrán ser apeladas. Entre los cargos figuran tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho y asociación criminal. Gonet presentó un detallado relato sobre las actividades de lo que calificó como una "organización criminal", cuyo objetivo era "desconocer la voluntad popular" e impedir que Lula asumiera la presidencia tras su victoria electoral de octubre de 2022.

“La democracia en Brasil asume su defensa activa frente a un intento de golpe”, aseguró Gonet, quien describió los hechos como “extremadamente graves” y delineó en su denuncia un “panorama espantoso y tenebroso” alrededor de lo investigado.

Según la Fiscalía, el grupo liderado por Bolsonaro desarrolló un “plan progresivo y sistemático” para atacar las instituciones democráticas. La investigación reveló, según Gonet, una organización criminal integrada por exministros, jefes militares y funcionarios de inteligencia. "Las pruebas de la acusación resultan de testimonios y documentos que bastan para afirmar la convicción segura de prácticas repudiadas por la legislación penal", sostuvo Gonet, quien agregó que “el golpe no se consumó porque no tuvo la adhesión de los jefes del Ejército y la Aeronáutica”, que se negaron a respaldar una ruptura democrática.

A su vez, el fiscal responsabilizó al expresidente por las protestas posteriores a los comicios y por la instalación de campamentos frente a cuarteles militares donde se exigía una intervención para impedir la investidura de Lula. Afirmó que "desde 2021 se adoptó la táctica de generar un clima de desconfianza en las instituciones democráticas" a favor de un "proyecto autoritario de poder con fines de golpe", en referencia a la campaña contra el sistema electoral que Bolsonaro lideró desde el Gobierno.

Según la acusación, la conspiración habría comenzado en 2021 con ataques al sistema electoral y derivó en acciones coordinadas antes y después de las elecciones de octubre de 2022. También se documentó un intercambio constante de mensajes entre los líderes de las protestas y los acusados, todos cercanos a Bolsonaro, en los que se alentaba a “mantenerse firmes y no ceder”.

Entre las pruebas figuran testimonios, documentos, correspondencia entre los implicados e incluso borradores de decretos para anular las elecciones. Esta escalada condujo, según Gonet, a los hechos del 8 de enero de 2023, una semana después de la asunción de Lula, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia, exigiendo una intervención militar.

Gonet señaló que Bolsonaro no solo alentó estas manifestaciones, sino que tampoco impidió los campamentos frente a los cuarteles. Además, mencionó documentos que planeaban vigilar los movimientos de Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del propio juez Alexandre de Moraes, relator del caso. Según la acusación, se llegó incluso a considerar la posibilidad de asesinarlos.

La presentación de Gonet fue precedida por un informe presentado por De Moraes, quien afirmó que la conspiración buscaba “instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura”. El magistrado señaló que los hechos se produjeron en un contexto de “radicalización política” y advirtió contra la confusión entre "pacificación" e "impunidad".

"Solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra las instituciones y contra la democracia para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura", dijo De Moraes. Recordó que desde el 8 de enero, el STF dictó más de 700 condenas relacionadas con ese ataque, y reafirmó que “la independencia judicial es un principio inflexible de la Constitución brasileña”.

"La historia enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación porque el camino más fácil, el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas y corroe la democracia", concluyó el juez.

El turno de la defensa
De los ocho acusados, sólo uno estuvo presente en la audiencia: el general retirado Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa. “Creo en la justicia y en las pruebas presentadas”, declaró a los periodistas.

La defensa de uno de ellos, tornado querellante, el exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, afirmó que su cliente aportó pruebas claves sobre hechos de "extrema relevancia" que permitieron destapar la trama golpista. Los abogados de Cid, Jair Alves Pereira y Cezar Bitencourt, fueron los primeros en presentar argumentos en la fase final del juicio.

Pereira defendió el acuerdo de colaboración firmado por Cid con la Justicia, en el que este reconoció su participación y colaboró con la investigación, el cual supuestamente debería influir sobre la eventual condena que le cabría a su cliente. Bitencourt, por su parte, redobló su presión sobre Gonet, quien pidió la condena para los ocho procesados a pesar de este acuerdo, acusándolo de sostener "argumentos folclóricos" carentes de fundamento. 

“Jamás articuló un golpe, jamás hizo propuestas ilegales (...) Se dice que participó en conversaciones y confeccionó documentos de cuño golpista, pero ¿dónde están esos documentos?”, cuestionó Bitencourt.

El resto de los acusados ha solicitado reiteradamente la nulidad del testimonio de Cid, alegando contradicciones en sus declaraciones y presiones por parte de la Policía y del juez De Moraes, algo que su defensa negó enfáticamente.

Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, no asistió a la audiencia. Alegó problemas de salud y ni siquiera solicitó autorización para comparecer. Con tobillera electrónica desde el 4 de agosto, está siendo tratado por "hipertensión, reflujo y broncoaspiración", según informaron sus abogados al diario brasileño Folha. 

Mientras tanto, en Brasilia, se reforzó la presencia policial en la Plaza de los Tres Poderes,epicentro del ataque golpista del 8 de enero de 2023, donde se ubican el palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema. Ese día, miles de simpatizantes de Bolsonaro vandalizaron los centros de poder exigiendo una intervención militar, provocando daños por más de 20 millones de reales, según estimaciones de la fiscalía.

Bolsonaro, quien entonces se encontraba en Estados Unidos, está acusado de ser el instigador de esos disturbios. Es la primera vez que un exjefe de Estado brasileño enfrenta acusaciones de este tipo. Durante su interrogatorio, admitió haber discutido “alternativas” a su derrota electoral, pero negó haber intentado un golpe. Sin embargo, se declara inocente y asegura ser víctima de una “persecución política”, en un contexto donde resta poco más de un año para las elecciones presidenciales. 

Fuente: Página12