La Corte Suprema de Justicia de Brasil ha ordenado «prisión domiciliaria» para el expresidente Jair Bolsonaro por incumplir la medida cautelar de prohibición del uso de redes sociales, en medio del juicio por golpismo.
El juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso, firma un documento en el que asegura que «la justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico», según recoge el portal de noticias brasileño UOL.
De la misma forma, el juez ha encargado un registro e incautación del domicilio de Bolsonaro en Brasilia. Sobre el expresidente, que ya porta una tobillera electrónica, pesa la prohibición de recibir visitas, salvo si son de sus abogados o familia, así como utilizar teléfonos —aunque no sean suyos—.
Un día antes, personas cercanas al exmandatario publicaban imágenes suyas en redes sociales durante una jornada de manifestaciones en su apoyo, violando las medidas ordenadas por la justicia brasileña.
De la misma forma, el juez ha encargado un registro e incautación del domicilio de Bolsonaro en Brasilia. Sobre el exlíder brasileño, que ya porta una tobillera electrónica, pesa la prohibición de recibir visitas, salvo si son de sus abogados, así como utilizar teléfonos —aunque no sean suyos—.
«No puede entenderse como un acto delictivo»
La defensa del exmandatario se ha mostrado «sorprendida por la imposición del arresto domiciliario» e insisten en que Bolsonaro «no ha incumplido ninguna medida». Los abogados alegan que la frase con la que se dirigió a los manifestantes «no puede entenderse como un incumplimiento de la medida cautelar, ni como un acto delictivo», ya que la justicia «no le prohibió de conceder entrevistas o de pronunciar discursos en eventos públicos, y él siguió rigurosamente esa determinación». «Buenas tardes, Copacabana. Buenas tardes, mi Brasil. Un abrazo a todos. Es por nuestra libertad. Estamos juntos», proclamaba. Asimismo, De Moraes añadía que los mensajes publicados por sus aliados constituían «incentivos e instigaciones a ataques al Supremo y apoyo a una intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño».
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, asevera que «el juez (De) Moraes, ahora sancionado por Estados Unidos por violaciones de los Derechos Humanos, sigue utilizando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia».
Así, condena «la orden de Moraes de imponer arresto domiciliario a Bolsonaro y exigirá responsabilidades a todos aquellos que ayuden e inciten a cometer actos sancionados». El país norteamericano reclamaba que «dejen hablar a Bolsonaro» en lugar de añadir «aún más restricciones» a su capacidad «para defenderse en público».
Sanciones de Estados Unidos
El pasado 30 de julio, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso a Moraes sanciones financieras, además de la revocación de su permiso de entrada al país. Igualmente, el presidente Trump impuso ese mismo día aranceles del 50 % a las exportaciones brasileños, que entrarán en vigor el día 6.
Bolsonaro, acompañado de otras siete personas, pertenecen al grupo central de la trama golpista para mantenerse en el poder, supuestamente, tras las elecciones de octubre de 2022. Sobre ellos pesan los cargos de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas de enero de 2023. Por esta causa judicial, podría ser condenado hasta 40 años de prisión.
Mientras que la familia del exlíder brasileño reclama el cese inmediato del magistrado, el Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió la legalidad del proceso. «Si existe una orden del Supremo y esta es incumplida, es evidente que el Poder Judicial tiene la prerrogativa de aumentar la penalidad propuesta», escribía el líder del PT, Edinho Silva.
Por su parte, el senador brasileño, Flávio Bolsonaro, reclamó un proceso de destitución contra De Moraes. En palabras a una filial brasileña de CNN, aseguró que esto, además de «cobarde» e «inmoral», la resolución «no tiene ni pies de cabeza».
Algunos políticos brasileños consideran esto como una respuesta «de venganza» por las sanciones. Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del expresidente, escribió en redes sociales que se trata de un «abuso de poder crudo para silenciar al líder de la oposición».
*Para El Debate
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