Portugués.- El “Tarifazo”, como se ha denominado en la opinión pública brasileña la medida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que impone un arancel de 50 % a todas las importaciones provenientes de Brasil, ha desatado un terremoto político que está reconfigurando el panorama interno. Hasta antes de esta decisión, la popularidad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostraba una tendencia a la baja, producto de las consecuencias negativas de su tercer mandato. Su gobierno tenía dificultades para mantenerse cohesionado, y la posición internacional de Brasil rozaba la irrelevancia. Paralelamente, las fuerzas de oposición venían ganando terreno, consolidando alianzas de cara a las elecciones de 2026, con la intención de conformar un Congreso mayoritario y postular una candidatura presidencial unitaria, capaz de revertir muchas de las medidas impopulares adoptadas por el actual gobierno.
La presión externa ejercida por Estados Unidos obliga ahora a un replanteamiento estratégico, analizando los elementos que generaron esta situación y comprendiendo la matriz que provoca las reacciones actuales, partiendo de una premisa fundamental: la realidad de los hechos.
¿Existe un interés particular de Estados Unidos sobre Brasil?
Desde la Guerra Fría, Estados Unidos ha considerado a Brasil como parte de su retaguardia estratégica. Intelectuales brasileños han desarrollado teorías según las cuales, en caso de una guerra nuclear global, los sobrevivientes serían los verdaderos vencedores. En ese escenario, el norte del planeta –América del Norte, Europa y Eurasia– sería devastado, mientras que regiones como América del Sur y partes del África quedarían relativamente intactas.
A partir de esta visión, Estados Unidos habría intervenido políticamente en la región desde los años 70, incluso después de la caída del Muro de Berlín, con iniciativas como impedir el desarrollo del territorio al norte del río Amazonas y promover la construcción de bases militares en Sudamérica. Esta estrategia talasocrática se complementa con la expansión de la llamada “ola evangélica” hacia Hispanoamérica, especialmente en Brasil, lo que refuerza la noción de un interés geopolítico profundo por parte de las élites estadounidenses, más allá de la figura de Trump, particularmente frente al avance de la influencia de China en el llamado “Imperio del Sur”.
En todo caso, y enfocándonos en lo que ocurre ahora, según datos comerciales, la balanza favorece a Estados Unidos, lo que contradice el argumento presentado por Trump en su carta publicada en redes sociales, en la que alega una relación económica desfavorable para su país.
El abuso de poder del régimen brasileño
El expresidente Jair Bolsonaro enfrenta múltiples procesos judiciales que buscan llevarlo a prisión. Al igual que Trump, fue víctima de un intento de asesinato y actualmente está inhabilitado por el poder judicial. Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, se encuentra exiliado en Estados Unidos y se ha atribuido públicamente las gestiones que derivaron en el Tarifazo. También están en ese país los periodistas Allan dos Santos y Paulo Figueiredo, perseguidos radicalmente por el poder judicial por sus críticas a Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF).
La persecución no se detiene ahí. Otros comunicadores como Oswaldo Eustaquio –quien fue torturado y quedó parapléjico– también se encuentran en el exilio. Políticos como Roberto Jefferson y Daniel Silveira están encarcelados, junto con más de 2.000 personas consideradas presos políticos tras los eventos del 8 de enero.
El autoritarismo del gobierno se expresa también en su intención de censurar redes sociales, responsabilizando a las plataformas por los contenidos publicados por sus usuarios. Alexandre de Moraes ha confrontado directamente a Elon Musk, propietario de X (antes Twitter), quien en el pasado reciente respaldó a Trump y ahora, enemistado con la administración, actualmente promueve la creación del “America Party”.
En su carta a Lula, Trump exigió el fin inmediato de la persecución a la oposición, y este pronunciamiento se interpreta como una condición para levantar del Tarifazo. Con relación a esto, durante una entrevista para ABC, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, no pudo explicar bajo qué autoridad se impusieron estos aranceles, considerando que la relación comercial ha sido favorable a Estados Unidos por más de 18 años. De manera imprecisa, señaló que las acciones del STF representan una amenaza a la seguridad nacional, justificando así la medida. Siendo esto así, ¿cómo podríamos ir considerando hasta aquí qué tanto beneficia el Tarifazo al interés nacional brasileño y hasta qué punto al interés nacional extranjero?
Los actores políticos brasileños ante el Tarifazo
Uno de los argumentos que apoya el Tarifazo sostiene que esta medida podría fracturar la relación entre Lula y los magistrados del STF. En este contexto, se plantea que las fuerzas internas del gobierno podrían sacrificar a Lula o a Alexandre de Moraes a cambio de que se levanten los aranceles. Se especula incluso sobre una eventual mesa de negociación en la que se pueda alcanzar una “amnistía general e irrestricta”, se ponga fin a la persecución liderada por Alexandre de Moraes, y finalmente se garanticen las libertades individuales –en especial la libertad de expresión– mediante mecanismos legales.
Eduardo Bolsonaro ha solicitado públicamente a Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, la aplicación de la Ley Magnitsky contra los miembros del STF. Ha señalado que Trump entendió que Alexandre de Moraes no actúa solo, sino que “cuenta con el respaldo del establishment político, empresarial e institucional”. Por ello, los aranceles buscan hacer que todo ese sistema asuma los costos de su autoritarismo. En análisis anteriores he resaltado la posibilidad de sanciones individuales a los violadores de derechos humanos, pero cuando intentamos entender qué actores empresariales estarían detrás del autoritarismo, ¿quiénes serían?
Diversos sectores, como el industrial y el agroexportador, han manifestado su rechazo al Tarifazo percibiéndose un descontento que se manifiesta en el hecho de que no tienen que ver con el autoritarismo. En especial el agronegocio, que ha sido atacado por el gobierno de Lula en varias oportunidades. Quienes argumentan a favor del Tarifazo, consideran que esa indignación o rechazo deben canalizarla contra Alexandre de Moraes haciendo presión en Brasilia para que sea depuesto.
Otros sectores estiman que el régimen podría responder con más cohesión. En este escenario, el gobierno, junto al Congreso y el STF, podría aplicar medidas legales de reciprocidad. Trump ya ha advertido que, de ser así, aumentará aún más los aranceles.
¿Hacia dónde se dirige Brasil?
A 15 meses para las elecciones presidenciales y legislativas, algunos sectores que apoyan el Tarifazo sostienen que Brasil ya no es una democracia. Si asumimos esta verdad, surge la pregunta: ¿La oposición participará en los comicios de 2026 o llamará a la abstención, pese al crecimiento del Partido Liberal y otras fuerzas opositoras en las elecciones locales de 2024? ¿Qué impacto tendría la abstención en la base política de la oposición: estarían dispuestos a renunciar a los espacios de poder conquistados en todo el territorio nacional para emprender otro tipo de lucha? ¿Qué tipo de lucha se plantea si no es la lucha política?
Aún no se ha percibido públicamente una posición de las Fuerzas Armadas al respecto del Tarifazo. Pero vale la pregunta: ¿Qué percepción tienen de esta situación más allá del descontento interno que existe contra Lula? ¿Cómo vender políticamente la propuesta de una sumisión temporal y estratégica frente a la defensa activa de la soberanía nacional?
Lula ya ha dicho que está dispuesto a abrir mercados para colocar en otros países los productos que exportan a los Estados Unidos. Ha dejado leer entre líneas que cuenta con China para esto. ¿A Estados Unidos le conviene empujar a Brasil hacia un acercamiento mayor a China o dar incentivos para una aproximación?
Por ahora, no está claro si la oposición logrará mantenerse cohesionada después del 1 de agosto, cuando entre en vigencia el Tarifazo. En cambio, parece más probable que el oficialismo se mantenga unido, apostando por el desgaste del país como estrategia para conservar el poder.
En este contexto, la democracia no parece ser una prioridad para las élites gobernantes. Lo que importa es conservar los privilegios. Por todo esto, aunque parezca muy pronto para hacer proyecciones, no sería extraño que el país entre en una fase de crisis y caos controlado por el oficialismo que facilite el avance de un autoritarismo más consolidado. En ese escenario, la oposición que ahora comenzarán a tacharla de “radical” podría ser empujada al exilio o a la cárcel y someterla a una perdida de popularidad que la pueden asociar a una probable ausencia de resultados tangibles luego del 1 de agosto. Mientras que por otro lado, se incentiva la presencia de una oposición moderada, que ocupe espacios relevantes de poder y establezca nuevos acuerdos con el régimen sacrificando al bolsonarismo y mostrando una “estabilidad” como victoria de corto plazo. Todo esto en un ambiente cismogénico, alimentado por una guerra cultural con una matriz exógena que nada tiene que ver con las expectativas nacionales de un proyecto común.
Si antes la tiranía judicial se negaba a habilitar políticamente a Bolsonaro para que fuese candidato en 2026, puede que ahora tenga más incentivos para radicalizarse y tener rehenes para conservar su existencia, así como lo hace el chavismo en Venezuela, que ha conseguido mantenerse pese a las sanciones y la presión internacional.
Fuente: PanamPost
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