Jueces y fiscales de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de España están al borde de una huelga. Las organizaciones reunidas en la Plataforma por la España Constitucional, que agrupa a un total de 129 asociaciones, está en contra de la reforma judicial que promueve el gobierno de Pedro Sánchez y argumentan que amenaza la independencia institucional.
Ya en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid hay tensión por la reforma aprobada hace una semana en un Consejo de Ministros, como parte de la implementación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que actualmente está en trámite, según reportes de The Objective.
Los funcionarios suspendieron sus labores entre las 12:00 y 12:10 del mediodía, así como también los servidores del resto del país, para condenar los cambios que impulsa el ministerio de Justicia, que encabeza Félix Bolaños, en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), entre ellos, el mecanismo de acceso, formación y desarrollo profesional. Para las asociaciones, la reforma afecta «gravemente» los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Reforma con polémica
Uno de los puntos que genera mayor polémica en la reforma judicial es la asignación de un número de plazas de jueces a aspirantes particulares, sin la necesidad de realizar una oposición. Este mecanismo pudiera abrir la puerta de la judicatura a funcionarios cuyo único mérito es “tener el carné del partido”.
Esta posición es el resultado de la incorporación de miembros y exmiembros de la Unión Progresista de Fiscales, durante los mandatos de los fiscales generales Dolores Delgado y Álvaro García, ambos nombrados por Pedro Sánchez.
Otra de las críticas de los jueces en España a la propuesta deriva de la desvinculación del mandato del fiscal general del Gobierno, la ampliación a cinco años en el cargo, la concesión de poder decisorio a la Junta de Fiscales de Sala, una nueva regulación de las comunicaciones con el Ejecutivo y condiciones excepcionales para la designación del fiscal general del Estado.
Sánchez con control
Sánchez propone premiar legalmente el ascenso automático a la máxima categoría para los futuros fiscales generales, después de que el Tribunal Supremo anulara en varias ocasiones el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala y acusar a Álvaro García de “desviación de poder”.
De esa manera lo establecerá el artículo 29 del Estatuto, donde quedará plasmado que el nombramiento como fiscal general del Estado de un miembro de la carrera fiscal implicará el inmediato ascenso a la primera categoría, si no la ostentara, siempre que al término del mandato se cumplan los requisitos exigidos de antigüedad para ser fiscal de Sala.
“No quepa duda de que estas reformas, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales”, señaló en un comunicado la Plataforma por la España Constitucional.
En protesta activa
La huelga de jueces y fiscales que se avizora en España cuenta con el respaldo de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, así como del Sindicato Unificado de Policía.
Al respecto, Marcos de Quinto, vocero de la organización Pie en Pared, insiste en la necesidad de sumar a la ciudadanía a la defensa de sus reivindicaciones más allá de Madrid, para incorporar a las provincias y ciudades a la protesta en contra del “golpe de Estado” que pretende ejecutar el mandatario socialista.
Una de las primeras medidas para manifestar el descontento será la paralización de las actividades en el país durante al menos diez minutos, tiempo en el cual, “aquellos sitios donde la gente pueda salir a la puerta de sus trabajos, salgan; en aquellos que no pueden, se queden donde están sin trabajar; y la gente que esté en sus casas, haga una cacerolada desde el balcón. Si algunos ciudadanos se pueden desplazar, que vayan a las puertas de los juzgados a aplaudir y a mostrar el afecto de la sociedad a los jueces y fiscales”.
Además, de Quinto exhorta a la población a grabar las protestas y compartir los registros a través de las redes sociales con la etiqueta #11JSanchezDimisión «para que todo el mundo pueda verlo». Bolaños desestima la convocatoria. El ministro insiste en que todas las reformas judiciales enfrentan rechazo y opiniones discrepantes y después se convierten en “grandes consensos”. Cree que “esta reforma de la Justicia no será una excepción”.
Todo su discurso va en esa dirección y por ello, de Quinto subraya que la reforma permitirá “europeizar y modernizar” al Poder Judicial como un servicio público del “siglo XXI”. De hecho, el funcionario vocifera que será “más ágil, más rápida, más eficaz”, tendrá “más medios, más jueces y más fiscales” y que mantendrá “la misma independencia e imparcialidad de siempre”.
Fuente: PanamPost
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