No fueron pocos los opositores y académicos que advirtieron que con la firma de la convocatoria este miércoles a una consulta popular sin el requerido concepto favorable del Senado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio los primeros pasos para llevar su país a una dictadura. Pero el llamado “decretazo” con el que desconoce la separación de poderes y los procedimientos establecidos en la Constitución –con la bandera de guerra a muerte de Bolívar de fondo– no llegó solo. En pocas horas, Petro puso nuevamente sobre la mesa su intención de cambiar todo el ordenamiento jurídico mediante una asamblea nacional constituyente de carácter “popular”, es decir, sin pasar por el Congreso.
Siguiendo el mismo libreto de Hugo Chávez en Venezuela, Petro pretende cambiar la Constitución invocando el llamado poder “originario” mediante la recolección de firmas, según confesó su nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que sin sonrojarse detalló a la emisora Blu Radio cuál sería el camino que tomarían para evadir los “obstáculos” para el “cambio” que representan las instituciones, para convocar a una constituyente.
“Esta convocatoria se haría recogiendo el 20 % del censo electoral colombiano (…) ahí están ocho millones. ¿Por qué dijo el presidente ocho millones de votos? Porque hay una norma que establece que cuando hay 20 % de firmas frente al censo electoral ese proyecto de ley es vinculante para el Congreso de la República, es decir, el Congreso de la República no podría negarse a convocar la constituyente”, soltó Montealegre para luego agregar que “si el pueblo colombiano, las organizaciones sociales, reúnen más de ocho millones de firmas, ese proyecto de ley no necesitaría pasar por el Congreso, sino que ese proyecto de ley con ocho millones de firmas va directamente a control constitucional de la Corte”.
Aunque se había enfocado en los últimos meses en sus polémicas reformas sociales y, luego de ser hundidas (como ocurrió con la reforma laboral), centró todo el debate en la consulta popular, Gustavo Petro ya había asomado en un par de oportunidades su intención de someter a Colombia a una constituyente, siguiendo los mismos pasos de la dictadura venezolana. Ahora, cuando se acerca al último año de su mandato, el jefe de Estado pisa el acelerador. Y es que no solo convocó a la consulta popular para el mismo día en que cumple tres años en el poder sino que además ha puesto en las últimas horas en cargos clave a figuras radicales como el ministro Eduardo Montealegre, que presenta la propuesta de esta constituyente “popular” apenas dos días después de haber asumido sus funciones.
Dos elementos que llevan a Colombia por el camino de la dictadura chavista
En cuanto a la consulta popular que Gustavo Petro pretende celebrar en Colombia el 7 de agosto hay además un par de elementos simbólicos que emulan sin disimulo a la dictadura chavista: la escogencia de fechas patrias para eventos políticos y electorales de su interés, pues no es casualidad que la fecha elegida coincida con el festivo por la conmemoración de la Batalla de Boyacá y el Día del Ejército; así como la exaltación del bolivarianismo con la insistencia en mostrar la bandera de guerra a muerte del Libertador y exhibir reiteradamente en actos públicos la espada del prócer venezolano.
Aunque Petro muestra a un año y dos meses de culminar el mandato para el cual fue elegido –y no se puede reelegir–, su intención de llevar a Colombia por el mismo camino de la dictadura del vecino país, la institucionalidad colombiana no ha sido secuestrada en su totalidad por el oficialismo como sí ocurrió en Venezuela desde los primeros años de la llamada “revolución” bolivariana. Por un lado, hubo cuatro ministros que no firmaron el “decretazo” de Petro: la canciller, Laura Sarabia; el ministro de Energía, Edwin Palma; la ministra de Ambiente, Lena Estrada; y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Por el otro, ya la consulta popular enfrenta una demanda masiva de al menos ocho partidos políticos (Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Justa y Libre, Partido Verde Oxígeno y Liga de Gobernantes) que piden ante el Consejo de Estado la anulación del decreto.
El plan B del petrismo podría ser realmente el plan A
Si bien la ausencia de la firma de los cuatro ministros mencionados se debió a que se encuentran fuera de Bogotá y en su lugar firmó algún viceministro encargado, la amenaza pública de Petro el sábado de destituir al ministro que no firmara fue una clara confesión de que hay diferencias internas que podían evidenciarse. El rumor sobre la negativa de Laura Sarabia a firmar el llamado “decretazo” corría por los pasillos de la Casa de Nariño ante las demandas por el delito de prevaricato anunciadas por líderes de la oposición, entre ellos el senador Miguel Uribe que lucha por su vida tras sufrir un atentado el sábado. Y en cuanto a Eduardo Montealegre, todo parece indicar que su apuesta va más allá de una simple consulta popular o que su probable negación en tribunales será la excusa para avanzar con la constituyente que ya asoma y que parece ser el verdadero objetivo del gobierno de Gustavo Petro.
Por estos motivos, tampoco se puede descartar que la insistencia de la senadora del oficialista Pacto Histórico, Isabel Zuleta, de promover la reelección, se cuele en el cambio de todo el ordenamiento jurídico que implica una constituyente, para así prolongar la permanencia del petrismo en el poder y comenzar a dar forma una dictadura que sumaría a Colombia al eje de la izquierda autoritaria que hoy conforman Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Fuente: PanamPost
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