Más de 1470 médicos chilenos involucrados en emisión ilegal de 30780 licencias falsas

Cuando cualquiera podía pensar que no surgirían nuevas aristas del escándalo que ocasionó el hallazgo de 25000 empleados públicos usando licencias médicas falsas para conseguir permisos remunerados, trasciende un lado aún más indignante: hubo profesionales de la salud que emitieron estos documentos a funcionarios mientras ellos también cumplían reposo.

La irregularidad es grave. De esa forma lo tipifica la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), ente adscrito al ministerio de Salud, luego de revelar que identificaron a 1470 médicos que incurrieron en la entrega de 30870 licencias médicas, mientras ellos mismos se encontraban con un reposo médico vigente, incumpliendo su propia indicación.

Hasta ahora, este fraude implicó un gasto de más de 350 millones de pesos al Estado en reemplazos de personal y su descubrimiento es parte de las pesquisas efectuadas por el Plan de Fiscalización de Grandes Emisores de Licencias Médicas del Ministerio de Salud, según declaraciones recogidas por BioBío.

Un patrón al descubierto
La práctica de este grupo de médicos quedó expuesta tras detectarse que al menos 121 de los profesionales formaba parte de una red, cuyo modus operandi arroja indicios de asociación sospechosa, debido a una existencia de “licencias cruzadas”.

Por esta causa hay otros 278 prestadores en investigación. Todos están ahora clasificados en tres grupos, de acuerdo al grado de irregularidad cometida, para la aplicación de medidas en su contra.

Un primer grupo lo conforman 400 médicos por entregar entre 10 y 1483 licencias mientras estaban con reposo. Las disposiciones legales en su contra incluyen el rechazo de sus propios reposos, denuncia a sus empleadores, solicitud de reintegro de fondos, denuncia ante la Superintendencia de Seguridad Social y el Ministerio Público, así como una fiscalización para verificar el fundamento de las licencias emitidas.

Después, en un segundo escalafón aparecen 595 galenos más, por emitir entre dos y nueve licencias en la misma condición. Pese a superar en número los documentos avalados, recibirán las mismas medidas del primer grupo.

Finalmente, el tercer grupo lo componen 475 prestadores que emitieron solo una licencia, lo que “podría corresponder a una continuidad de tratamiento y requiere mayor investigación”.

Sin embargo, ninguno quedará exento del rechazo de sus reposos, la denuncia a empleadores, la solicitud de reintegro y una fiscalización de Compin para verificar el proceder que los tiene en el radar de las instituciones de Justicia.

El problema es peor
¿Es una caja de Pandora? El último informe de la Contraloría responde que sí, al endosar esta crisis a la superintendente de Seguridad Social, Pamela Gana, no solo por la emisión irregular de los permisos, sino además por la compra directa de equipos, tardanza en sanciones, cuentas activas de personas fallecidas y falta de vigilancia sobre el Fondo Nacional de Salud.

El documento filtrado recopila que, entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, el organismo adjudicó adquisiciones tecnológicas a la empresa Tecnova por 300 millones de dólares, sin recurrir a licitaciones. Ante ello, se ha dispuesto iniciar un proceso disciplinario para investigar posibles faltas administrativas.

Además, se constataron dilaciones en la tramitación de recursos: de 102 expedientes analizados, 96 superaron el plazo legal de 30 días hábiles, y 62 acumularon demoras de entre 129 y 427 días hábiles, es decir, más de seis meses. También se detectaron 5104 cuentas activas pertenecientes a personas fallecidas, lo que evidencia fallas en los mecanismos de desactivación. ¿Por qué? Pamela Gana evita responder. Su dimisión es cuestión de tiempo y corre rápido.

Fuente: PanamPost