Condenan al hermano de Pedro Sánchez por contratación irregular en un organismo público

La Justicia española condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, tras considerarlo responsable, por cooperación necesaria, de un delito de prevaricación administrativa vinculado a su contratación en la Diputación de Badajoz.

La resolución judicial también alcanzó al exsecretario general del PSOE en Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien recibió una condena de 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa.

Según la sentencia, el cargo ocupado por David Sánchez fue creado de manera irregular y respondió a intereses particulares, sin respetar los principios de mérito, capacidad y publicidad que deben regir el acceso a la administración pública.

El tribunal sostuvo que el puesto presentaba condiciones laborales y salariales propias de un cargo de alta dirección, pero carecía de un contenido funcional real. Además, concluyó que su creación y posterior adjudicación no obedecieron a necesidades objetivas de la administración.

La investigación también determinó que, una vez incorporado al organismo, Sánchez apenas desarrolló las funciones para las que había sido contratado, vinculadas a la coordinación de los conservatorios provinciales.

En cambio, la sentencia señala que concentró la mayor parte de su actividad en el programa denominado Ópera Joven, un proyecto que, según los magistrados, terminó absorbiendo recursos y tiempo de la administración pública.

El fallo también cuestiona que posteriormente el puesto fuera modificado y rebautizado como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, una decisión que, de acuerdo con el tribunal, buscó adaptar formalmente el cargo a las tareas que efectivamente desempeñaba el funcionario.

Los jueces sostienen que esa modificación eliminó incompatibilidades existentes y redefinió la estructura del puesto sin establecer con claridad nuevas funciones, lo que consideran parte del mecanismo utilizado para sostener una designación que calificaron de irregular.

La condena representa un nuevo revés judicial para el entorno del presidente del Gobierno español y reaviva el debate político sobre la transparencia en las contrataciones dentro de la administración pública.