Reino Unido, EEUU y otros 12 países invalidaron las reclamaciones del régimen chino sobre el Mar de China Meridional

Las reiteradas tensiones en el Mar de China Meridional llevaron a un grupo de países occidentales y asiáticos a reivindicar la legalidad internacional frente a las acciones de Beijing. El sábado, Estados Unidos, el Reino Unido y un conjunto de naciones respaldaron de forma unánime el fallo arbitral de 2016 que invalidó las reclamaciones chinas sobre la mayor parte del paso marítimo.

El pronunciamiento también fue respaldado por Filipinas, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania, Italia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovenia, quienes, en un comunicado conjunto, enfatizaron que el fallo de La Haya “es un hito significativo, definitivo, jurídicamente vinculante y concluyente”.

La disputa en el Mar de China Meridional involucra a China y varios países vecinos, quienes reclaman derechos sobre rutas marítimas clave. En 2016, un tribunal arbitral estableció que no existe base legal para que China invoque “derechos históricos” sobre los recursos fuera de sus zonas territoriales reconocidas. Desde entonces, Beijing ignoró la decisión, manteniendo su presencia en la región y realiza ejercicios militares con cañones de agua hasta láseres militares para obstaculizar a fuerzas y pescadores rivales.

La reciente declaración colectiva de Estados Unidos y sus aliados sostiene que “no existe fundamento jurídico para las extensas reivindicaciones marítimas de China en el Mar de China Meridional, incluidas aquellas basadas en ‘derechos históricos’”, según se lee en el texto difundido por los firmantes.

Las naciones involucradas reiteraron su rechazo a “cualquier acción desestabilizadora o unilateral, incluidas las que impliquen el uso de la fuerza o la coacción, que amenacen la paz y la estabilidad en la región”. Esta postura busca frenar las maniobras chinas, consideradas una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad regional.

Entre los puntos centrales del comunicado figura la condena al uso de “fuerzas de guardacostas, militares y de milicias marítimas para hostigar, obstruir e intimidar las operaciones legítimas de otros estados en el mar o en el aire”, señalando que estas acciones ponen en riesgo tanto la seguridad del personal como la de los pescadores de la zona.

En respuesta al fallo de 2016, Beijing manifestó a través de su embajada en Manila: “El laudo no alterará la base histórica y fáctica de la soberanía de China sobre las islas del Mar de China Meridional y sus aguas adyacentes”. La declaración añadió que la sentencia “no debilitará la resolución y la determinación de China para salvaguardar su soberanía, sus derechos e intereses marítimos”.

El tribunal arbitral favoreció mayoritariamente a Filipinas, al resolver que según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), no existe base legal para las ambiciones chinas más allá de sus límites territoriales reconocidos.

El convenio UNCLOS, en vigor desde 1994 y ratificado por más de 170 países, es considerado la referencia universal para la regulación de los océanos y mares, aunque la interpretación y aplicación sigue siendo un punto de conflicto entre los Estados involucrados.

Las confrontaciones en la región han aumentado en frecuencia en los últimos años, con incidentes que incluyen colisiones y bloqueos a embarcaciones de Filipinas, Vietnam y otros países que disputan la soberanía de estas aguas.

Estados Unidos ha reiterado en múltiples ocasiones su llamado a China para que respete el fallo arbitral y ha advertido que está comprometido a defender a Filipinas en caso de un ataque armado contra su personal o embarcaciones en la zona disputada.

“Debe respetarse la libertad de navegación y sobrevuelo, así como otros usos del mar lícitos internacionalmente, tal como se refleja en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, se subraya en el comunicado emitido por las naciones aliadas.

El texto también señala que las disputas territoriales deben resolverse de manera pacífica, conforme a las directrices establecidas por la ONU en 1982, evitando el uso de la fuerza y priorizando la diplomacia y el derecho internacional.

La postura colectiva de estos países busca preservar una de las rutas comerciales más transitadas del mundo y prevenir una escalada de las hostilidades que podría comprometer la paz y la seguridad en una de las zonas más disputadas de Asia.

(Con información de Associated Press)

Fuente: Infobae