La esclavitud de cubanos llega a Botsuana y le aporta al régimen tres millones de dólares anuales

Es indignante, pero hay testimonios que lo confirman: la dictadura castrista confisca en complicidad con el gobierno izquierdista de Botsuana, liderado por Duma Boko, el 75 % de los salarios que el país africano paga por los servicios que 90 médicos cubanos prestan en su territorio. Con la apropiación, el régimen de La Habana ingresa tres millones de dólares anuales a sus arcas comunistas.

En un nuevo informe, Prisoners Defenders revela que Botsuana estableció en 2024 un pago de 3500 euros mensuales —4.094,65 dólares al cambio oficial— por cada especialista cubano enviado desde la isla. Sin embargo, los médicos que integran la misión sólo reciben 1000 dólares, equivalentes al 24,42 % del monto acordado en el convenio suscrito con el régimen de Miguel Díaz-Canel.

“La diferencia bruta asciende al 75,58% de la tarifa contractual”, indica el informe de la organización. En términos económicos, de los 4,42 millones de dólares anuales que Botsuana desembolsa por los 90 profesionales, apenas 1,08 millones de dólares se destina al pago de los salarios por jornadas que oscilan entre las 56 y las 64 horas semanales, con una media de 57,6 horas de trabajo.Suscribirse A Periódicos Y Noticias Digitales

Acuerdo confidencial de esclavitud
«El gobierno de Duma Boko sostiene materialmente y con pleno conocimiento la arquitectura económica que permite un esquema de esclavitud moderna», asegura Prisoners Defenders.

La denuncia tiene soportes. La organización descubrió que Botsuana y Cuba mantienen un acuerdo de confidencialidad sobre el mecanismo que detrae de los profesionales cubanos la mayor parte de su retribución. Entre las cláusulas figura la obligación de la parte cubana a emitir una factura mensual que separe expresamente el importe destinado a los profesionales y el importe transferido a Cuba.

Además, aunque el convenio compromete a dos Estados, Cuba regula la vida del profesional y controla su pago individual durante su estadía mientras que, Botsuana lo ubica en un centro asistencial, aloja, y puede solicitar su sustitución.

Es «connivencia estatal», una práctica de cooperación o consentimiento entre autoridades o instituciones estatales para ejecutar actos ilícitos. Sobre este punto, Javier Larrondo, director de la organización, advierte que la sección 6 de la Constitución de Botsuana prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso tras ratificar en 1997 los Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo que lo define como todo trabajo o servicio exigido bajo amenaza.

Botsuana guarda silencio. Capitaliza el beneficio de tener médicos cubanos en terreno en medio de la emergencia sanitaria que registra debido a la escasez de medicamentos y personal de salud que coincide con un déficit económico histórico que ha llevado a más del 50 % de los 2,5 millones de habitantes de Botsuana al desempleo y pobreza.

Sometidos sin salvaguarda
Los médicos cubanos en Botsuana tampoco cuentan con ninguna salvaguarda frente al sistema cubano de coacción. Por el contrario, los términos de sus contratos lo permiten porque Botsuana no les paga directamente sino a la estructura estatal cubana que decide cuánto le transfiere, retiene y las sanciones personales que enfrentará si rompe el vínculo laboral.

La indefensión data desde el arribo de las primeras misiones en agosto de 2012 a la nación africana. Si bien para entonces se fijaba en 800 dólares el salario para los 18 médicos cubanos enviados a Botsuana, la dictadura castrista sólo depositaba 400 dólares.

Para garantizar el silencio sobre esta realidad, el jefe de Misión del régimen cubano en Botsuana, Pablo Ricardo Betancourt, cuenta con facultades legales conferidas por Díaz-Canel desde el 3 de julio para limitar la salida de los profesionales, prohibir la presencia de personas ajenas a la brigada médica cubana en las viviendas o la pernocta de los miembros fuera de ellas.

Incluso, restringe la visita de los brigadistas a las casas de residentes cubanos no pertenecientes, comprar o conducir vehículos de motor y divulgación a un tercero de sus labores .

Fuente: PanamPost