Daniel Ortega reforma la Constitución para purgar funcionarios al estilo chino

Reformar la Constitución se convirtió en un deporte para el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en Nicaragua. Y es que apenas surge la necesidad de concentrar más poder, el dictador y su “copresidente” ordenan a los diputados sandinistas y aliados, dentro de la Asamblea Nacional, aprobar modificaciones a la Carta Magna.

Esta vez el hemiciclo dio luz verde, de manera unánime, para sancionar a funcionarios por “mala administración” de recursos públicos. El punto de partida es la modificación del artículo 118, convirtiéndose en la cuarta reforma Constitucional aprobada desde fines de 2024. Sin embargo, lejos de querer reducir la corrupción dentro del aparato estatal, en realidad esta nueva acción del sandinismo copia al comunismo chino de Xi Jinping, donde las purgas dentro de sus filas están a la orden del día cuando hay desacuerdos internos.

El hecho de ampararse en el marco constitucional, le podría dar a Ortega la opacidad que busca cuando se trate de expulsar a funcionarios. Como ocurre dentro del régimen en el gigante asiático, donde las causas no son aclaradas y el ministro o quien ostenta el cargo, termina preso o apartado del buró político del Partido Comunista Chino (PCCh). El mandatario sandinista copia este modelo, el cual para el año 2024 le sirvió a Pekín para «disciplinar a 889.000 miembros», según cifras oficiales.

Sofocar a los críticos
Antes de esta reforma Constitucional, a los funcionarios sandinistas se les castigaba con la destitución si malversaban fondos públicos. Ahora, se añaden sanciones penales. Otro detalle, es que el régimen no especifica a qué se refiere con «la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado». Por lo que, tal como reseña el portal La Prensa, se deja abierta «la posibilidad de interpretaciones discrecionales».

Es decir, se trata de otra herramienta de control que impone Daniel Ortega y que llega acompañada de la entrada en vigor de la Procuraduría General de la Justicia (PGJ) un nuevo «superministerio» en sustitución del Ministerio Público. Más allá de estos cambios estructurales, con la nueva medida el dictador también podría evitarse futuras traiciones o disidencias. El mensaje a sus funcionarios es claro: todos pueden ser removidos fácilmente.

En China abundan casos donde el régimen se ampara en el paraguas legal de supuesta corrupción para sacar a figuras amenazantes para Xi Jinping. Por ejemplo, en el año 2023 el régimen chino inició investigaciones contra 45 altos funcionarios. Fue un récord en el marco de la «campaña anticorrupción» de esta cúpula del poder. Antes hubo casos como el de Li Shangfu, ministro de Defensa hasta octubre de 2023. Duró dos meses desaparecido hasta que la dictadura informó que fue despedido. La lista es larga en cuanto a casos turbios de expulsión en China.

Engrosando el manual de los dictadores
Ni Ortega ni Xi Jinping son los primeros que usan el control y vigilancia dentro de sus filas. La estrategia ha sido aplicada a lo largo de la historia por personajes como Joseph Stalin a finales de la década de 1930, en la Unión Soviética, cuando eliminó enemigos dentro del Partido Comunista, el Ejército Rojo y todo el aparato estatal. Miles de funcionarios fueron ejecutados, encarcelados o enviados a campos de trabajo forzado, es decir, los conocidos gulags.

Mao Zedong hizo lo mismo en China durante la Revolución Cultural al purgar a elementos “burgueses” o contrarrevolucionarios del Partido Comunista y de su régimen. Mientras que bajo el totalitarismo de Idi Amin, en Uganda, entre 100.000 y 500.000 personas murieron, muchos por enfrentamientos internos, según distintas estimaciones.

Por su parte, el dictador norcoreano Kim Jong-un ordenó la ejecución de su tío, Jang Song-thaek, en 2013 por “traición». De manera que con esta nueva reforma, la dictadura sandinista solo engrosa el registro en el manual de dictadores.

Fuente: PanamPost