La justicia peruana anuló el juicio por corrupción contra Keiko Fujimori

Desde Lima

Keiko Fujimori ha logrado una victoria con la decisión del poder judicial de anular el juicio oral que se le había iniciado en julio de 2024 por organización criminal y lavado de más de 17 millones de dólares. Es un importante triunfo legal para la hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, pero no es una victoria definitiva. La anulación del juicio no implica su archivo, sino el regreso del proceso a una etapa previa de control de acusación, en la que la Fiscalía deberá presentar una nueva acusación y un juez evaluarla y decidir si procede o no abrir otro juicio oral. Esta decisión de anular un juicio en proceso no tiene precedentes.

La anulación de este juicio quedó confirmada con la decisión de una sala de apelaciones que ratificó la anulación que en enero pasado había dispuesto, en una decisión dividida de dos contra uno, el tribunal que venía juzgando a Fujimori y a otros 32 acusados. El control de acusación que se debe repetir puede ser un proceso largo. Este procedimiento que le dio pase al juicio oral ahora anulado demoró tres años, con repetidas recusaciones y maniobras dilatorias de la defensa de los acusados.

Con la anulación del juicio que estaba en marcha, Keiko se asegura evitar durante la campaña electoral de 2026 las audiencias judiciales públicas que venían exponiendo el esquema delictivo de recolección clandestina y lavado de millones de dólares que montó. El fujimorismo ha celebrado esta decisión como si se tratara de una sentencia absolutoria, aunque no lo sea, y no ha dejado pasar la ocasión para redoblar sus ataques contra la Fiscalía e impulsar una campaña mediática para victimizar a su jefa y desacreditar la acusación en su contra.

Una historia de impunidad
 
Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) abrió las puertas para esta cuestionada anulación del juicio a la jefa del fujimorismo. En diciembre pasado, el TC determinó que se anule el juicio a uno de los acusados, el exsecretario general del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), José Chlimper, argumentando que en la acusación a Chlimper la Fiscalía había incluido hechos que no figuraban en la imputación inicial con la que se abrió la investigación. Esta insólita decisión bloquea la posibilidad de la Fiscalía de incluir nuevas imputaciones aparecidas durante las investigaciones. El juicio que estaba en marcha se anuló al extender los jueces esa decisión del TC a favor de Chlimper a todos los otros acusados. Anteriormente, otro fallo del TC libró a Keiko y otros procesados de la acusación de obstrucción a la justicia que formaba parte de este caso. Es el mismo TC que favoreció a Alberto Fujimori avalando el ilegal indulto que lo liberó. Los siete magistrados del TC han sido nombrados por el Congreso con los votos del fujimorismo y sus aliados.

Keiko Fujimori, tres veces derrotada candidata presidencial, está acusada de recibir en secreto más de 17 millones de dólares y lavarlos para ingresarlos a sus campañas electorales de 2011 y 2016. Ese dinero fue entregado por la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en acusaciones de pago de sobornos a nivel internacional, y por importantes empresarios peruanos en maletines llenos de billetes, a Keiko y sus allegados más cercanos en reuniones clandestinas. Esos millones de dólares fueron ingresados a las cuentas de campaña usando falsos aportantes e inflando lo recaudado en eventos de recolección de fondos. Las confesiones de funcionarios de Odebrecht -ratificadas con un documento de una comunicación interna de la empresa sobre esta entrega- y de los empresarios peruanos, confirman los millones entregados clandestinamente a la campaña fujimorista. Con los testimonios de decenas de falsos aportantes y de allegados a Keiko que han decidido colaborar con la Fiscalía, los fiscales han podido reconstruir en detalle las operaciones de lavado. La Fiscalía, que estima tener un caso sólido, ha pedido 30 años de prisión para Fujimori.

Decisión sin precedentes
El fiscal encargado de la acusación a Keiko Fujimori y los otros procesados en este caso, José Domingo Pérez, le señaló a Página/12 que la decisión del TC de exigir que la acusación fiscal se limite a la imputación inicial al momento de abrirse el caso, dejando de lado posibles nuevas imputaciones producto de las investigaciones, "no tiene antecedentes en los procesos penales". "La norma procesal establece que la acusación se puede ir modificando en distintas etapas del proceso, incluso durante el juicio oral se puede presentar una acusación complementaria si hay hechos que recién se conocen. El TC ha señalado que solo para este caso eso no se puede hacer y la acusación se debe limitar a la imputación inicial planteada al comienzo de la investigación. La decisión del TC va en contra de lo que establece el ordenamiento procesal penal, la doctrina, la línea jurisprudencial de la Corte Suprema. La decisión del tribunal que venía viendo este proceso de anular el juicio en curso, ahora ratificada en la apelación, extendiendo lo dicho por el TC para un acusado a todos los acusados, no tiene amparo legal, la norma establece que no se puede anular un juicio oral en curso. Un juicio solamente puede ser anulado por una instancia superior al final cuando hay una sentencia", precisó.

Pérez aclaró que "el proceso no se ha caído". Tendrá que reformular su acusación con las limitaciones que le ha impuesto el TC y que favorecen a los acusados. "Tenemos que acatar lo establecido por el TC. Una nueva acusación tendrá que ser adecuada en base a lo que fue la imputación inicial antes de la investigación. La investigación tiene el propósito de ir obteniendo información y pruebas. Las pruebas no se han afectado, pero el TC dice que se tiene que acusar en base a la imputación inicial. No hay precedentes de eso. Al inicio de la investigación en 2018 se tenía una hipótesis incriminatoria y cuando concluye en 2021 producto de la investigación tenemos una imputación con mayores elementos y mayores pruebas. Pero el TC dice que tenemos que usar la imputación incriminatoria de 2018".

Por orden de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, los fiscales no pueden declarar a los medios. Esto le impide al fiscal Pérez defender en la prensa su acusación en este caso y responder a los cuestionamientos que se le hacen y que tienen amplia difusión mediática, lo que deja la cancha libre para los argumentos de la defensa de Keiko. El fiscal aclara que accedió a declarar para Página/12 por tratarse de un medio extranjero y estima que la directiva que le prohíbe hacerlo tiene jurisdicción a nivel interno en el país.

El control del poder judicial
El fiscal Pérez es blanco de constantes ataques del fujimorismo y otros acusados por corrupción y sus defensores y aliados mediáticos. Dentro de la propia Fiscalía enfrenta trabas a su trabajo contra la corrupción política, le han abierto una serie de investigaciones. "Es un contexto preocupante", dice. Con la anulación del juicio a Keiko, el fujimorismo ha redoblado sus ataques contra el fiscal y ha vuelto a la carga exigiendo que sea retirado del proceso, algo que verían como un gran paso para asegurar la impunidad de su jefa.

Esta anulación de un juicio emblemático del proceso contra la corrupción política se ha dado en medio de una ofensiva de ataques, presiones y amenazas, desde sectores políticos y mediáticos, con el fujimorismo en rol protagónico, contra fiscales y jueces que avanzan los procesos anticorrupción, y de acciones impulsadas por la mayoría parlamentaria capitaneada por el fujimorismo y el Ejecutivo -la presidenta Dina Boluarte enfrenta investigaciones y acusaciones fiscales- para anular lo que queda de independencia en el poder judicial y la Fiscalía y tomar su control total. Se anuncia una reforma judicial que es en realidad una operación para controlar el sistema de justicia. Estos sectores políticos y mediáticos que buscan tumbarse los procesos anticorrupción celebran la decisión de anular el juicio a Keiko Fujimori. 

Fuente: Página12