Después de que la Administración Trump eliminara el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los venezolanos, le ha tocado el turno a los haitianos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este jueves que el 3 de agosto de 2025, más de medio millón de inmigrantes de Haití perderán el permiso de trabajo que les mantenía legalmente en el país. A partir de esa fecha, y si no se concede otra prórroga, se quedarán sin el derecho a residir en Estados Unidos y podrían ser deportados.
Con ello, Donald Trump entierra otra de las medidas que el Gobierno de Joe Biden aprobó el año pasado y que protegía a los haitianos de la expulsión. El ex secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, prorrogó en julio pasado el máximo permitido en el programa, 18 meses, su TPS, que terminaría en febrero de 2026. Ahora, la fecha de vencimiento se ha recortado seis meses y desde el 3 de agosto no les estará permitido trabajar en el país.
“Durante décadas se ha explotado y abusado del sistema TPS. Por ejemplo, Haití ha sido aprobado para TPS desde 2010. Los datos muestran que cada extensión de la designación de TPS del país permitió que más ciudadanos haitianos, incluso aquellos que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, calificaran para el estatus de protección legal”, dijo el DHS en un comunicado. El documento, firmado por la secretaria del DHS, Kristi Noem, critica que la prórroga concedida por Mayorkas fuera la máxima permitida por el estatuto del TPS (existe la posibilidad de ampliar el programa seis o 12 meses) y que no estaba justificada. Los nuevos solicitantes elegibles aún podrán registrarse, pero ahora deberán hacerlo antes del 3 de agosto de 2025, en lugar del 3 de febrero de 2026, como estaba estipulado.
El TPS es un programa que otorga un permiso de trabajo temporal a los extranjeros cuyos países sufren condiciones extraordinarias y temporales de inseguridad, socioeconómicas y humanitarias, como las derivadas de un conflicto armado o un desastre natural. No ofrece una vía para conseguir la nacionalidad estadounidense.
Haití es uno de los países más violentos del mundo y en 2024 más de 5.000 personas fueron asesinadas víctimas de las pandillas, según un informe de la ONU. Las bandas criminales controlan el 85% de la capital y han lanzado nuevos ataques para hacerse con el control de aún más territorio.
“Esta decisión imprudente y cruel pone a los haitianos en riesgo de deportación, obligándolos a regresar a un país que aún se tambalea por la agitación política y económica”, afirmó en un comunicado Murad Awawdeh, presidente del New York Immigration Coalition.
Durante un debate electoral con la entonces candidata demócrata Kamala Harris, Trump acusó falsamente a los haitianos de Springfield, en Ohio, de comerse las mascotas de los estadounidenses, lo que propició una oleada de ataques contra los migrantes en esa ciudad. El republicano prometió que, de ser elegido, los deportaría.
“Este es otro ejemplo más de cómo Trump impulsa su agenda de deportaciones masivas a cualquier costo, desmantelando las protecciones legales que han permitido a las familias vivir con dignidad”, añadió Awawdeh.
Venezolanos demandan a la Administración Trump por retirarles el TPS
Además de proteger de la deportación a más de medio millón de haitianos, el TPS también beneficiaba a unos 600.000 venezolanos. Hasta principios de este mes, cuando la Administración Trump puso fin al estatus de alrededor de la mitad de ellos. En respuesta, la Alianza Nacional TPS —una organización formada por inmigrantes salvadoreños que se unieron en el primer mandato de Trump para luchar contra una medida similar— demandó este jueves al DHS.
La entidad presentó su demanda en una corte del Distrito Norte de California (división San Francisco), junto con otros siete demandantes venezolanos que son beneficiarios del programa y quienes representan a los 350.000 inmigrantes del país sudamericano cuyas protecciones y permisos de trabajo expirarán en abril. “La demanda fue preparada de tal forma que la decisión del juez afectará a todos los beneficiarios del TPS, tanto los que lo tienen desde 2021 (cuando fue creado), como los que lo recibieron en 2023 (con 250.000 personas adicionales)″, explicó a EL PAÍS Adelys Ferro, cofundadora del Venezuelan American Caucus, una organización que jugó un rol crucial en la arquitectura del recurso jurídico que ahora busca restablecer el programa y la extensión de 18 meses concedida por la Administración Biden antes de entregar el poder.
La demanda tilda de ilegal la decisión de la secretaria Noem por múltiples razones. “Para empezar, el DHS no tiene autoridad para anular una prórroga anterior del TPS (...) Las razones proporcionadas por la secretaria para anular la extensión son arbitrarias y caprichosas, contrarias a la ley, pretextuales, e inexplicablemente se desvían de la práctica anterior en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo”, se puede leer en la introducción del documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El caso Ramos v. Mayorkas, con el que los beneficiarios salvadoreños del TPS y sus hijos estadounidenses contraatacaron a la primera Administración Trump por la eliminación de la protección migratoria, ha sido clave en la acción judicial que ahora emprenden los venezolanos. “Los abogados son prácticamente los mismos (Stephany Martinez y Ahilan T. Arulanantham). La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) fue parte fundamental del caso Ramos y ahora está apoyando nuestra causa. De hecho, la demanda se introdujo en el mismo distrito de California porque es la misma base de organizaciones que ahora trabaja en la defensa del TPS de los venezolanos”, apuntó Ferro.
Tras escuchar los argumentos de los demandantes y la defensa que representará al DHS, el juez tomará una primera decisión antes del 2 de abril, fecha en la que vence el TPS para estos venezolanos. El proceso apenas comienza y los beneficiarios del programa podrían quedar protegidos durante el mismo, como ya pasó con los salvadoreños.
Una segunda demanda también fue presentada el jueves ante un tribunal del Estado de Maryland, por los grupos de derechos CASA y Make the Road New York.
“Hemos sido el target de la nueva Administración con insultos y adjetivos absolutamente racistas. Hemos sido llamados animales”, sostuvo Ferro. “Sin que jamás se diferenciara a los miles de venezolanos trabajadores que llegaron al país de los contados que han cometido algún delito. Los miles de beneficiados con el TPS de 2021 llegaron durante el primer mandato de Trump, pero hoy se nos trata con una xenofobia y un racismo sin sentido”.
Fuente: El País
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