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Estados Unidos ha vaciado Guantánamo. El Gobierno de Donald Trump ha deportado este jueves a los 177 venezolanos detenidos en la infame base naval ubicada en Cuba. Las autoridades federales encargadas de las operaciones de expulsión han enviado a este grupo a Honduras, el país centroamericano que mantiene relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Allí “serían recogidos” por el Gobierno de Venezuela, informa la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés).
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Es el tercer vuelo con venezolanos deportados que se realiza en el mes que Donald Trump lleva en la presidencia. El avión de GlobalX tocó tierra en la base estadounidense de Palmerola, ubicada a 50 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital hondureña. Enrique Reina, el canciller de la presidenta Xiomara Castro, informó de la llegada a su territorio de “174 migrantes venezolanos”. En la operación, aseguró el encargado de Exteriores, estuvo involucrado el expresidente Manuel Zelaya (esposo de Castro) y el diplomático Richard Grenell, el enviado especial de Trump para Venezuela.
Los migrantes apenas estuvieron algunos minutos en suelo hondureño. Allí los esperaba una aeronave de la compañía Conviasa que los llevaría rumbo a Caracas. A pesar de la colaboración entre el Gobierno de Castro y la Administración de Trump, las autoridades locales rechazan ser un tercer país seguro, un acuerdo diplomático con el que otras naciones, como Guatemala y México, retienen los flujos migratorios que se dirigen a Estados Unidos. “Este es un transbordo. Los migrantes se cambian de avión y siguen hacia su país, no se quedan en albergues como en Panamá y Costa Rica”, afirmó a la agencia AFP el vicecanciller hondureño Tony García.
Otros 190 venezolanos fueron expulsados el 10 de febrero en dos vuelos que despegaron desde las instalaciones del ICE en El Paso, Texas, el Estado que se ha convertido en la gran lanzadera para las deportaciones de Trump. El republicano ha incrementado el ritmo de retornos de migrantes a Caracas. Estos también tuvieron lugar durante el Gobierno de Joe Biden quien, a pesar de no tener relaciones diplomáticas con Maduro, reactivó los vuelos en octubre de 2023 por la gran presión provocada por la crisis migratoria.
La mañana de este jueves había 178 migrantes detenidos en Guantánamo. Al menos 127 estaban internados en la prisión dentro de la base naval caribeña. Otro medio centenar de venezolanos aguardaba dentro de las instalaciones acondicionadas para el personal militar. “Todos eran ciudadanos venezolanos con órdenes judiciales de deportación finales”, afirmaron las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional en respuesta a una demanda reciente.
Los venezolanos de Guantánamo eran motivo de preocupación entre los defensores de derechos humanos. Trump ha señalado que su gran operativo de deportaciones está purgando a Estados Unidos de miembros de pandillas y otros criminales extranjeros. El análisis de la población enviada a la base naval desmiente al presidente. La gran mayoría de los trasladados no tenía ofensas graves en sus antecedentes penales, lo que los hacía un objetivo de “riesgo bajo” en los criterios anteriores del ICE. Algunos incluso tenían su expediente completamente limpio.
Guantánamo se convirtió en el ejemplo de las violaciones de derechos humanos y tortura a los detenidos por la llamada guerra contra el terror decretada por el presidente George W. Bush. Que Trump enviara a migrantes a un lugar con esta reputación movilizó a los activistas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el Ejecutivo. El grupo, junto a otras organizaciones, argumentaron la semana pasada que los detenidos en la base naval estaban en “una caja negra legal”, pues se les tenía incomunicados y sin acceso a un abogado. En las cortes, los responsables del ICE afirmaron que los detenidos en Guantánamo tenían oportunidad de solicitar una llamada privada, no monitoreada, a sus letrados. Esta podía realizarse desde cada una de las seis líneas instaladas en la zona de detención, conocida como Camp IV. “Ningún detenido en el área solicitó permiso a un oficial de Seguridad Nacional para hablar con su abogado”, señala la demanda.
Los venezolanos recluidos en los cuarteles, la otra zona de internamiento, tenían derecho a una llamada de 20 minutos con su defensa. Hasta cinco migrantes al día podían solicitar esta comunicación. Nadie ejerció este derecho tampoco, aunque no está claro que los agentes hayan transmitido sus derechos a los migrantes recluidos en la base naval.
Fuente: El País