Trump extiende su cruzada antimigrante a los niños: el Gobierno retira la representación legal a los menores no acompañados

Cuando se cumple un mes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el Gobierno ha aprobado una medida que se engloba en dos de sus prioridades: cortar el gasto de la Administración y dar impulso a su cruzada antiinmigrante. Esta vez, los perjudicados son los niños indocumentados que llegan solos a la frontera. Las organizaciones que se dedican a su defensa recibieron el martes pasado una orden para que sus abogados dejen de representar a los menores. Con ello, los niños que entraron en Estados Unidos sin la compañía de un adulto se quedan solos para defender sus casos de asilo en un intrincado sistema judicial que, además, funciona en un idioma que la mayoría no entiende.

“La decisión de la Administración de suspender este programa socava el debido proceso, impacta de manera desproporcionada a los menores vulnerables y pone a los niños que ya han experimentado un trauma severo en riesgo de sufrir más daños o explotación”, ha advertido Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro Acacia para la Justicia, en un comunicado. Su organización brinda representación legal a más de 26.000 niños que se encuentran bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). La orden de interrumpir sus servicios llegó en un correo electrónico enviado por el Departamento del Interior, en el que se dice también que la cancelación del programa para menores se produce por “causas fuera de su control” y no debe ser un indicador de una mala gestión por su parte.

Además de ofrecer servicios de abogacía y supervisar a otras organizaciones subcontratadas para ello, Acacia entrena a los niños más mayores para que conozcan sus derechos y les ayuda con intérpretes, ya que la mayoría no habla inglés. Algunos, como los indígenas que llegan de Guatemala, incluso tienen el español como segunda lengua.

Bilal Askaryar, portavoz de esta organización, pone de ejemplo en una conversación telefónica con El PAÍS el caso de un niño de dos años, a quien ahora representa un abogado de su red. “La Administración espera que un niño de dos años vaya al tribunal solo, conteste las preguntas del juez y se defienda solo. Estos son niños que tenemos que sentar con un alza para que puedan acomodarse en una silla de la corte, y ahora el Gobierno quiere que presenten su complicado caso de asilo delante de un juez”, dice.

El Gobierno ha cerrado el grifo para financiar la red de ayuda a los menores, que ya no podrá contar con los 200 millones de dólares anuales que la Administración aportaba. Un ajuste más del presupuesto público, objetivo de Trump y del responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk.

No queda claro si los abogados que ya tienen casos asignados podrán continuar representándolos, pero sin los fondos públicos, será difícil. “Los abogados se encuentran con el dilema de violar las obligaciones éticas y abandonar a sus clientes o continuar representando a esos niños de manera gratis”, afirma Askayar.

 Migrantes se entregan a la Patrulla Fronteriza en La Joya, Texas, el 2 de abril de 2021.Hector Guerrero
Los procesos para conseguir el asilo pueden durar décadas. Cuando cruzan la frontera sin acompañante, los menores son recibidos por agentes fronterizos que los transfieren a la ORR, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HSS). Los menores permanecen bajo custodia de las autoridades estadounidenses antes de ser transferidos a un patrocinador, generalmente familiares, que residen en el país y se hacen cargo de ellos.

“Este es un ataque sin precedentes contra los niños inmigrantes. Estos servicios son fundamentales no solo por una cuestión de justicia fundamental (no se debe pedir a los niños que se presenten solos ante un tribunal contra un abogado gubernamental capacitado), sino también para proteger a los niños de la trata, el abuso y la explotación y para ayudar a que los tribunales de inmigración funcionen de manera más eficiente”, declaró en un comunicado Roxana Ávila-Cimpeanu, subdirectora del Proyecto Florence, que también ofrece el servicio legal a los menores.

En el pasado la procedencia de los menores que llegaban solos era mexicana, pero en los últimos años ha tomado la delantera Guatemala, de donde proviene un 32% de ellos. Honduras equipara a México, el origen de un 20% de los menores.

La organización de defensa de los latinos, Voto Latino, también ha reaccionado a la nueva directriz de Trump. En un comunicado ha denunciado que “quitar la asistencia jurídica a los niños (algunos de los cuales ni siquiera pueden articular su propia defensa) es una violación de los derechos humanos básicos. Los continuos esfuerzos de esta Administración por debilitar el debido proceso para los inmigrantes solo sirven para hacer que una población ya vulnerable sea aún más susceptible a la injusticia”, por lo que urgen al Congreso a que actúe y devuelva el derecho a los menores.

Ofensiva contra los familiares
Según las estadísticas más recientes del HHS, al 3 de enero, había 6.292 niños no acompañados en alguno de los 240 albergues que tiene la ORR repartidos por 27 Estados. El tiempo promedio de permanencia es de 30 días, antes de que se haga cargo de ellos un familiar o patrocinador. En el año fiscal 2024 (hasta el 1 de octubre) se entregaron 99.419 niños bajo el patrocinio.

A partir de ahora, sin embargo, los familiares van a querer pensárselo dos veces antes de acudir para apadrinar porque corren el riesgo de ser detenidos. La Administración de Trump va a exigir que se tomen las huellas digitales de los familiares que se hagan cargo de un menor no acompañado y de todos los miembros adultos del hogar que los recibe. El HHS justifica la medida como un mecanismo “para mejorar la seguridad de las divulgaciones a los patrocinadores, prevenir el fraude y combatir el tráfico”.

Los defensores de los menores, sin embargo, temen que el Gobierno lo utilice para detener y deportar a algunas de las familias que se encuentran ilegalmente en el país y que acogen a los niños. Una estrategia más para cumplir con la promesa de expulsar a los 13 millones de indocumentados que se estima residen en el país.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también podrá acceder a las bases de datos de los menores, según ha recogido la cadena de radio NPR. Un portavoz del ICE dijo a la cadena pública que algunos de sus agentes ya tenían acceso a las bases de datos. “Los coordinadores juveniles del ICE, que están capacitados en leyes y regulaciones relacionadas con niños extranjeros no acompañados, siempre han tenido acceso a la base de datos de menores de la ORR”, dijo, aunque NPR sostiene que ahora hay más agentes que pueden acceder a la información.

Tanto el acceso a los datos de los menores y al estatus migratorio de sus patrocinadores, como la toma de huellas digitales, son medidas que ya se aplicaron durante el primer mandato de Trump y que canceló el Gobierno de Joe Biden. Los críticos sostuvieron que la nueva política aumentaría el número de niños que permanecen en custodia federal, incrementaría los costos de detención y extendería la separación familiar.

Según el Servicio de Investigación del Congreso, un instituto de investigación no partidista que opera dentro de la Biblioteca del Congreso, después de que esa política se pusiera en marcha en el primer mandato de Trump, el ICE comenzó a arrestar a extranjeros indocumentados que se acercaban a apadrinar a los menores. De julio a noviembre de 2018, el ICE arrestó a 170 patrocinadores potenciales, 109 de los cuales no tenían antecedentes penales previos, y los colocaron en procedimientos de deportación.

Fuente: El País