Cultivos ilegales de marihuana crecen cada vez más en zonas rurales de Chile

Cerros empinados, quebradas y hasta los valles de las regiones del centro y norte de Chile son los nuevos centros de cultivo ilegal de marihuana en Latinoamérica. El país ya no sólo consume cannabis, ahora, también lo produce. El decomiso de 15000 plantas de marihuana en Los Vilos, 5000 en Pichilemu, otras 3000 en Los Molles y hasta unas 200 macetas al interior de la comunidad mapuche Chacaico confirman la irrupción de esta actividad en la nación austral.

Las cifras de las incautaciones de la Policía de Investigaciones (PDI) revelan el establecimiento de una producción ilícita, al pasar de 679.319 plantas de marihuana decomisadas en 2023 a 718.882 en 2024, registrando un incremento de 39563 unidades. La tendencia está lejos de bajar, considerando que desde noviembre del año pasado a enero 2025, ya se han incautado 137.924 plantas.

Los hallazgos divulgados por El Mercurio arrojan que las regiones de Coquimbo y Maule concentran los cultivos ilícitos que entre 2022 y 2024 cerraron con 12 toneladas de cannabis sativa procesada; la desarticulación de 12 estructuras criminales, entre ellas, bandas chinas,  y la detención de 138 sujetos imputados por delitos relacionados a la producción y comercialización de esta droga.

Negocio con mercado lucrativo
Las plantaciones ilegales de marihuana crecen escondidas en zonas rurales de Chile. En la mayoría funcionan pequeños campamentos que cuentan con rudimentarias instalaciones para dormir, cocinar y defecar. Sólo el uso de drones y la vigilancia en helicópteros permite su avistamiento a distancia a las autoridades, para después ejecutar las incautaciones a bordo de motos o a pie, tras largas horas de caminatas.

La escogencia de lugares recónditos para llevar a cabo esta práctica no es casualidad. La marihuana representa un negocio lucrativo para quienes están detrás de su cultivo, considerando que los chilenos invierten a diario, en distintos tipos de sustancias, un millón de dólares. De esa cantidad, 800 mil dólares los factura el mercado del cannabis que requiere por cada hectárea cosechada, en promedio, 100 agricultores para garantizar la producción.

Además,  último Estudio Nacional de Drogas en Población General (ENPG) presentado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), indica que el consumo de marihuana en Chile permanece estable en un 10,9 %. A ello se agrega, que el país ha figurado entre los más asiduos clientes del mundo, al posicionarse como la tercera plaza donde esta planta se fuma en cigarrillos hechos a mano o en pipas especialmente diseñadas (a veces con cañas largas o pequeños depósitos de agua para enfriar el humo, que suele alcanzar altas temperaturas).

Vacíos con penalización
En forma de galleta o como parte de un pastel son otras presentaciones que hay para el consumo de marihuana en Chile, pese a que su uso solo está permitido en caso de padecer epilepsia o dolores reumatoides. De hecho, la posesión y el cultivo están penados si las especies no están destinadas para un uso personal. Hasta el momento,  la única cantidad “razonable” aceptada por la jurisprudencia es entre cuatro y cinco plantas por persona y en el caso de gramos de flores o “cogollos” no debe superar los cuatro gramos.

Para Pilar Lizama, investigadora de AthenaLab, existe una “demanda interna importante” que “los vacíos del Estado y una menor fiscalización”  que quienes cultivan marihuana de manera ilegal buscan satisfacer.

En un intento por contener la escalada de esta industria ilícita, el gobierno del presidente, Gabriel Boric, promulgó la Ley Antinarcos, para aumentar las penas a entre cinco y 15 años de presidio contra quienes provean drogas, así como también definir los criterios respecto al autocultivo y uso medicinal de la marihuana. En el caso de este último, la receta deberá indicar la enfermedad, el tratamiento, la duración y la administración no podrá ser por combustión sino mediante vaporizadores, cremas o aceites.

La cadena del cultivo
Esta actividad tiene efectos colaterales mientras el negocio avanza, entre los cuales destacan las disputa territoriales que protagonizan las bandas para posicionar sus cargas, al igual que la captación de jóvenes para el cuidado de las plantas, algo que los desvía de la escolaridad o sus puestos laborales lícitos, con el único fin de garantizar el tráfico.

Sin embargo, la violencia asociada al negocio, debido a la proliferación de armas para resguardar a quienes lo integran, agudiza el problema en la nación austral. “Antes encontrábamos solamente las plantaciones; hoy hay detenidos, personas extranjeras a cargo y con armamento largo, como escopetas. A veces, al huir, dejan las armas en el lugar”, revela la vocera y capitán del OS7 de Carabineros, Belén Galaz.

La funcionaria reconoce que la concentración del combate al tráfico en las ciudades en lugar de las zonas rurales con difícil acceso facilitó su establecimiento, incluso, los dueños de los cultivos toman sus previsiones al sembrar el psicotrópico en distintos lugares para evitar perder toda la producción no sólo en caso de un operativo policial sino de una intervención en los terrenos por un grupo rival.

Fuente: PanamPost