Las testigos de Vizcarra

El abogado de Martín Vizcarra Cornejo, Erwin Siccha, personaje histriónico e hiperactivo, ha presentado como testigos de su defensa a tres mujeres. Vizcarra es acusado por el delito de cohecho pasivo propio – solicitar y recibir sobornos- y el Ministerio Publico ha solicitado 15 años de cárcel. La caída en desgracia de Vizcarra fue apresurada justamente por otra mujer muy cercana a él, su secretaria Karem Roca, a quien Vizcarra le ordenó que mintiera y se autoinculpara para protegerlo en la investigación por trafico de influencias, en el caso “Richard Swing.” Roca fue detenida por siete días que la marcaron como fuego en la piel.

La estrategia de defensa del abogado de Vizcarra consiste en atacar y desvirtuar el testimonio de los colaboradores eficaces, afirmando que mienten porque le tienen celos y para salvarse ellos mismos de la cárcel por corrupción. No es una defensa valida porque el proceso de colaboración eficaz de los testigos contra Vizcarra ha terminado con sentencia, o sea, ha sido aceptada en todos sus términos, es cosa juzgada. Asimismo, Vizcarra formula algo mas descabellado, que los testigos lo acusan por haber denunciado al Club de la Construcción, sin mencionar que él fue socio de las empresas de ese club. También, el abogado ataca a los testigos que corroboran los testimonios de los colaboradores eficaces, argumentando que algunos de ellos son empleados o eran empleados de los mismos, entonces existiría algún tipo de presión, situación que jurídicamente es muy difícil o imposible de demostrar. Aquí viene la contradicción de la defensa de Vizcarra, que cuestiona los testigos de la Fiscalía por su vinculo laboral, pero presenta testigos que mantienen o mantuvieron vínculos laborales directos e indirectos, que tienen vínculos políticos y amicales directos, sentimentales y hasta románticos con Vizcarra desde muchos años atrás.

La actual gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, ahijada de Vizcarra, fue elegida postulando por el expartido de Vizcarra, Somos Perú, con una campaña muy onerosa, nunca antes vista en Moquegua, se trajeron “activadores políticos” foráneos de apoyo y se inundaron las redes sociales. Se ha formado una leyenda popular sobre la inmensa fortuna del vacado presidente Martín Vizcarra. Gilia Gutiérrez es ahora militante del otro partido de Vizcarra, el nuevo, Perú Primero, y en la última visita proselitista de Martín Vizcarra a Moquegua, en diciembre de 2024, le bailó junto con su gerente regional, también militante de Perú Primero, mientras Vizcarra observaba complacido. Cesar Figueredo, secretario general de Perú Primero, ha trabajado para Gilia Gutiérrez en el Gobierno Regional de Moquegua -GORE-. El GORE Moquegua es el principal y a menudo único empleador en esa región. Para trabajar en Moquegua tienes que estar en buenos términos con Martín Vizcarra, no criticarlo y apoyarlo en su partido. Los que no lo hacen, no trabajan.

La primera testigo de Vizcarra, Dianira Meza, de 36 años, soltera, muy cercana al vacado presidente, la más cercana de las tres testigos presentadas, es empleada del GORE Moquegua como subgerente de inclusión. Fuentes cercanas me informan que el mismo expresidente la colocó en el Ministerio de Educación durante el Gobierno de Ollanta Humala, luego en el Gobierno Regional de Arequipa en la gestión de Yamila Osorio, 2017, y finalmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando Edmer Trujillo, de la “mafia moqueguana” era ministro y Vizcarra presidente. Allí Dianira era intocable y engreída, con carro y chofer. Dianira en Lima ocasionó mucho malestar en la familia de Vizcarra. En el libro El Niño de las Figuritas, de Richard Gallango, se menciona la relación sentimental de Meza con Vizcarra desde 2011, inclusive. Según el autor del libro, Dianira Meza encaró a la esposa de Vizcarra jurando su amor por este. La testigo Meza se presenta como una militante de izquierda; sin embargo, y de acuerdo con la excongresista fujimorista Ursula Letona, el mismo Martín Vizcarra les insistió para que Dianira Meza fuera candidata del fujimorismo al Congreso. El fujimorismo estuvo en conversaciones para que Vizcarra se postulara con ellos. Meza fue candidata con el número uno en Fuerza Popular, la antítesis de la izquierda.

El testimonio de Meza incrimina más a Vizcarra y podría abrir la puerta a una acusación contra ella. El abogado de Vizcarra le pregunta a Meza si conocía el medio de transporte de la comitiva de Bolivia, ella responde que recuerda que el presidente regional estaba haciendo las gestiones posibles para que ellos llegaran. El abogado le pregunta si ella conocía que esas gestiones eran con la empresa privada, la testigo divaga, no se entiende si Vizcarra se los dijo o no, y el abogado no aclara. De todas formas, inquieta que la comitiva boliviana llegue en un avión privado y los consejeros regionales, encargados de supervisar y controlar, no pregunten quién pagó ese servicio, y luego no se percaten de que no aparece en la contabilidad del GORE. A la pregunta del fiscal a Meza, si Martín Vizcarra la recomendó para trabajar en el Ministerio de Transportes, Meza dijo que no. El fiscal pregunta a Meza si mantenía comunicación con Vizcarra cuando trabajaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Meza responde: “No, que yo recuerde.” El fiscal le pregunta a Meza si tenia conocimiento de que Vizcarra fue ministro de Transportes, Meza responde que por los medios de comunicación se enteró. Estas respuestas le traerán problemas a Meza.

La segunda testigo, Yolanda Callata Cueva, de 56 años, elegida consejera regional en la misma lista de Vizcarra Cornejo en 2011, es actualmente regidora de la Municipalidad de Ilo, elegida por el partido Somos Perú y militante del nuevo partido de Vizcarra, Perú Primero, al cual se unió por su interés en “luchar contra la corrupción en Perú”. Caso curioso, no tiene amistad con Martín Vizcarra, fundador de Perú Primero. La testigo responde que se eligió a UNOPS para dirigir el proceso de selección por ofrecer el precio más cómodo. Sin embargo, incurrió en un error, voluntario o involuntario al responder a la pregunta del abogado: ¿El presidente regional como parte del ejecutivo, como ustedes lo señalan tenía la opción de negarse a firmar el convenio?” La testigo Callata responde: “Nosotros acordamos como acuerdo regional, los acuerdos regionales se tienen que cumplir.” Según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 27867, art. 39, no estipula que los acuerdos del Consejo Regional son de cumplimiento obligatorio.

“Artículo 39.- Acuerdos del Consejo Regional. Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. Los acuerdos aprobados, cuando así lo requieran, incluyen la elaboración de un plan de implementación que establezca las acciones a realizar, señalando metas, plazos y financiamiento, según corresponda. Los Acuerdos Regionales serán aprobados por mayoría simple de sus miembros. El Reglamento del Consejo Regional podrá acordar otras mayorías para aprobar normas.” (*) Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley N° 31433, publicada el 6 de marzo de 2022.
Por otro lado, la misma ley 27867, artículo 21.- Atribuciones de la Presidencia Regional, inciso K, estipula:

“k. Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y solo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional.”
La ley es clara, solo y únicamente, Martín Vizcarra Cornejo, tenía la facultad de suscribir contratos, convenios y acuerdos, Él y nadie más, a menos que delegase esa autoridad. Si Vizcarra deseaba no firmar contrato con UNOPS y para ejecución de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, no la hacía. Nadie lo podía obligar, pues la ley lo ampara.

 
La tercera testigo, Gina Valdivia Vélez, de 60 años, consejera regional elegida en la misma agrupación de Martín Vizcarra de 2011 a 2014, sin ninguna relación de amistad con el acusado Vizcarra, según ella. Cuando la jueza le pregunta a qué se dedica, Valdivia responde ser arquitecta en la actividad privada. La jueza pregunta, en qué institución, Valdivia responde en una institución privada, evitando dar el nombre de su empleador, siendo este el Fondo de Desarrollo de Moquegua, FDM, cuya directora es la concuñada de Martín Vizcarra, Rossmary Silva Acevedo. De acuerdo con Karem Roca, Silva Acevedo es cercana a la exfiscal de la nación Zoraida Avalos, la misma que solicitó la renuncia del fiscal Chavarry cuando este empezó a investigar a Vizcarra. El FDM de Silva Acevedo ha contratado también con Obrainsa- Astaldi, y tiene un fondo de 1000 millones de soles aportado por la Minera Anglo American. Se especula que el FDM es la caja chica de Vizcarra.

Valdivia aclaró que toda decisión del proyecto Pasto Grande tenía que pasar de acuerdo a ley por la aprobación del presidente regional, o sea, Martín Vizcarra Cornejo. Este testimonio destruye completamente la tesis del abogado de Vizcarra que argumenta que el Proyecto Pasto Grande firmó el contrato con Obrainsa de forma autónoma e independiente. Como se mencionó líneas arriba, solo el presidente regional tiene autoridad para celebrar contratos. Por otro lado, decepciona la testigo Valdivia cuando el fiscal le pregunta si conocía el monto de ejecución de la obra otorgada a Obrainsa, respondiendo que no sabía. Cómo no va a saber, si esa es su principal misión como consejera regional, ese monto es público ahora y, lo que es más importante, Valdivia Vélez ha supervisado o supervisa las obras contratadas entre su empleador FDM y Obrainsa, las cuales también tienen aroma a pescado podrido de acuerdo con la Contraloría. El fiscal le pregunta a Valdivia: ¿Ud., tiene conocimiento de quién sufragó los gastos de traslado de los funcionarios de Bolivia a la ciudad de Ilo? ella responde: “Supongo fue el gobierno de Bolivia”. La prensa informa que la avioneta la pagó Obrainsa. En el mismo juicio se ha mencionado decenas de veces, pero Valdivia cambia la realidad y supone que el Gobierno de Bolivia lo pagó. Tampoco se ha enterado, ni por los medios de comunicación, que fue Vizcarra el que solicitó la avioneta a Obrainsa. Inaudito, destruye su honor, más cuando se abstiene de responder si trabaja con la concuñada de Martín Vizcarra Cornejo, Rossmary Silva Acevedo. Entre el honor, o ser despedido del trabajo, hay que elegir el honor y el buen nombre, que es un bien que perdura en el tiempo y se hereda. Perder el honor para proteger a personajes diabólicos, adúlteros, mentirosos y sinvergüenzas no es una buena inversión, pues siempre te van a traicionar. Martín Vizcarra será condenado a 15 años de prisión, después de la declaración de sus testigos. La acusación contra él es mucho más sólida. Si tuviese un abogado ecuánime, este le sugeriría que negociara la rebaja de su condena a cambio de confesión, pues si no lo hace, lo condenarán como al orgulloso Alejandro Toledo, que continúa negando sus crímenes.

Fuente: PanamPost