Chicago ha sido presentada por el trumpismo desde la campaña presidencial como una ciudad presa del crimen, hoyo sin ley y hasta zona de guerra. Como el gran ejemplo del caos y la desgobernanza supuestamente generadas por su estatus de ciudad santuario, que impide a las fuerzas de seguridad colaborar con la agencia migratoria para identificar, detener y deportar inmigrantes indocumentados. Trump prometió que sería en Chicago donde comenzaría el desmantelamiento de estas jurisdicciones que limitan la colaboración local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el ahora presidente ha consumado las amenazas. El Gobierno ha abierto todos los frentes con una demanda contra Chicago e Illinois y una investigación a varias ciudades en la Cámara de Representantes.
La hoja de ruta ya estaba trazada desde antes. Las líneas de ataque contra estos lugares, considerados seguros para los migrantes indocumentados a los que Trump quiere deportar en masa, serían principalmente dos: una económica y otra judicial.
El miedo a la deportación se extiende entre los inmigrantes de Chicago: “Estamos encerrados en casa”
Por un lado, se ha reiterado una y otra vez que se congelará la financiación federal a las localidades que tuvieran leyes de santuario, desde condados hasta Estados enteros. Por otro lado, los argumentos legales en contra alegan que esas normas u ordenanzas son inconstitucionales porque obstaculizan la implementación de las leyes migratorias nacionales, que son de competencia exclusivamente federal.
El lenguaje amenazante usado en una carta enviada a finales de diciembre a 249 jurisdicciones de todo el país no dejaba lugar a dudas de que el objetivo era que las ciudades santuario dieran un paso hacia atrás de manera voluntaria por el miedo a las consecuencias, económicas pero también judiciales. Sin embargo, la insistencia de mantener las políticas locales vigentes y el rechazo de numerosos lugares a colaborar con la agenda de deportación masiva de Trump han forzado la mano de la Administración.
Este miércoles, en su primer día completo en el cargo, la nueva fiscal general nombrada por Trump, Pam Bondi, pidió a sus funcionarios identificar administraciones locales que tengan políticas que impidan la aplicación de la política migratoria para tomar acción “donde fuese apropiado” e indicó que frenaría la financiación desde su departamento a las jurisdicciones santuario —aunque estos fondos específicos son relativamente pequeños—. El jueves, Bondi anunció una demanda en contra de varios funcionarios del Estado de Illinois y su capital, Chicago. Entre los acusados de obstaculizar la aplicación de las políticas migratorias federales están el gobernador, J.B. Pritzker, y el alcalde, Brandon Johnson, que se han vuelto importantes figuras dentro de la oposición a Donald Trump a nivel nacional.
El Departamento de Justicia cita varias normativas locales y estatales —como la Ley de Confianza de Illinois, la Ley Camino a Seguir y la Ordenanza Ciudad Acogedora de Chicago— y afirma que “están diseñadas para interferir y discriminar la aplicación de la ley federal de inmigración”, “en violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos”, que establece que la ley federal prevalece sobre una estatal.
En un comunicado en respuesta, el gobernador Pritzker contestó: “A diferencia de Donald Trump, Illinois cumple la ley. La ley bipartidista Illinois TRUST Act, firmada por un gobernador republicano, siempre ha cumplido con la ley federal y todavía lo hace hoy. Illinois defenderá nuestras leyes que priorizan los recursos policiales para combatir el crimen, al tiempo que permiten a las fuerzas del orden estatales ayudar con la detención de criminales violentos”.
En el Congreso también se ha abierto otro frente en la guerra contra las ciudades santuario. El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, James Comer, anunció la semana pasada una investigación en contra de las ciudades santuario y esta semana confirmó que los alcaldes de Chicago, Boston, Denver y Nueva York han confirmado su asistencia para testificar en una audiencia ante el comité el próximo 5 de marzo.
“Los alcaldes santuario deben al pueblo estadounidense una explicación por las políticas municipales que ponen en peligro la seguridad pública y violan la ley federal de inmigración al liberar de nuevo en las calles a peligrosos delincuentes extranjeros ilegales. Estas políticas imprudentes en ciudades y Estados gobernados por demócratas en todo el país han provocado demasiadas tragedias evitables. También ponen en peligro a los agentes del ICE, que se ven obligados a tomar medidas más difíciles en jurisdicciones que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración [...] Las políticas de Boston, Chicago, Denver y Nueva York dan prioridad a los delincuentes extranjeros ilegales sobre el pueblo estadounidense. Esto es inaceptable y sus dirigentes deben rendir cuentas. Presionaremos a estos alcaldes para que den respuestas y examinen medidas para hacer cumplir la ley federal de inmigración”, dice la carta que explica la investigación de Comer.
Por ahora, los gobernantes de las jurisdicciones santuario se han mantenido firmes, con la excepción del alcalde de Nueva York, Eric Adams, que se ha mostrado abierto a colaborar con la Administración de Donald Trump y derogar la norma que obliga a la ciudad a no colaborar con la agencia migratoria federal, y también dar refugio a los migrantes. Pero en el resto del país, localidades demócratas, desde California hasta Massachusetts, han reiterado su posición de no colaborar en materia migratoria con el Gobierno de Trump y no han participado en las redadas de ICE que se han llevado a cabo por todo el país desde la primera semana de la segunda presidencia de Donald Trump. Los argumentos son éticos, una cuestión de valores y de la protección de la dignidad de los migrantes, pero también prácticos: las leyes santuario son claves para que las comunidades migrantes se atrevan a acercarse a la policía y denunciar delitos.
Pero desde el trumpismo no hay contraargumento válido para la acusación de que son leyes anticonstitucionales y que su aplicación significa el sistemático refugio de criminales. Y no hay señales de que el discurso en su contra se vaya a rebajar. En realidad, siempre ha ido en aumento. La ofensiva lanzada contra las ciudades santuario ahora es una continuación de las políticas de la primera administración de Donald Trump. En esos años se intentó retener la financiación de aquellas jurisdicciones, pero estas se defendieron en los tribunales y ganaron.
Desde entonces, el entorno de Trump ha aprendido de sus errores y tiene nuevos argumentos legales. Además, tiene un aparato institucional alineado, en especial un Tribunal Supremo ultraconservador con tres de los seis jueces de la supermayoría nombrados por él mismo. En el fondo de cualquier audiencia o juicio futuro sobre el tema, esta realidad va a estar presente: si la guerra se prolonga hasta la última instancia, la corte que dará el veredicto final es más cercana a la posición de la Administración de Trump.
Fuente: El País
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