Gasto de España en derrotas judiciales aumenta 80% con Sánchez: acumula 16.500 millones de euros

El gasto de España derivado de derrotas judiciales que obligan al Estado a pagar indemnizaciones, devoluciones y compensaciones registra un aumento del 80 % con el socialista Pedro Sánchez al frente del Gobierno. Desde su llegada al poder, el Ejecutivo acumula 16500 millones de euros en pagos derivados de sentencias desfavorables para el Estado.

La cifra es inédita. El monto acumulado desde la entrada de Sánchez en 2019 a La Moncloa supera los 2810 millones de euros registrados por su antecesor, Mariano Rajoy.

El grueso de la factura por derrotas judiciales se concentró entre 2024 y 2025, según publica The Objective. En 2024, las sentencias desfavorables tuvieron un impacto de 11.200 millones de euros sobre el déficit público, equivalente al 0,7% del PIB español. En 2025, el impacto alcanzó otros 3100 millones de euros.Noticias de última hora

Entre los principales procesos que explican estas cantidades se encuentran la declaración de inconstitucionalidad de parte de la reforma del Impuesto sobre Sociedades, las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a antiguos mutualistas, las disputas por el Impuesto de Actividades Económicas aplicado a las compañías de telefonía móvil y las controversias relacionadas con la financiación del bono social eléctrico, entre otros.

Un gasto sostenido
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula un impacto promedio anual de unos 1005 millones de euros en las cuentas públicas por sentencias judiciales desfavorables. Sin embargo, esta cantidad no es definitiva y podría aumentar por los procesos judiciales que aún permanecen abiertos.

Entre ellos se encuentran los relacionados con las energías renovables. Aunque los arbitrajes internacionales todavía están en desarrollo, la cuantía de las condenas derivadas de laudos desfavorables para España se sitúa en torno a los 1241 millones de euros, mientras que la estimación de los intereses podría ascender a unos 170 millones. Además, las indemnizaciones asociadas a los laudos aún pendientes podrían suponer otros 330 millones de euros.

A este riesgo se suma otro de mayor magnitud. La AIReF estima en 6500 millones de euros el impacto potencial de los litigios relacionados con el Impuesto sobre Hidrocarburos, si España termina obligada a devolver las cantidades reclamadas.

Cuatro errores de Sánchez
Esa histórica factura del gasto en derrotas judiciales de España es la consecuencia de cuatro «errores recurrentes» que propician causas judiciales perdidas: el uso inadecuado de la figura del real decreto-ley para modificar impuestos, la extralimitación de los gobiernos en sus decisiones por encima de lo que permite la ley, la omisión de advertencias que hace la Unión Europea por incumplimientos de la normativa comunitaria y la reiteración de decisiones que previamente han sido anuladas por los tribunales.

Sánchez ha incurrido en todos. Está claro. Incluso, el documento del organismo plantea que los ministerios de Hacienda y Economía están ahora obligados a incluir en sus informes de planificación fiscal un análisis de errores de previsión de las proyecciones macroeconómicas y cuantificar los riesgos que subyacen.

La intención es reducir la presión fiscal que heredará Sánchez a quien lo remplace en La Moncloa, considerando que los tiempos judiciales no siempre coinciden materializar los pagos a demandantes en las legislaturas en ejercicio sino en las sucesivas.

Hay razones detrás: España es uno de los países donde más se prolonga la espera para resolver disputas civiles, mercantiles o administrativas en primera instancia, con una demora media que ronda los 300 días. El plazo es mayor para aquellos posibles recursos que puedan dar pie a un segundo y tercer procedimiento judicial. En este caso, España es el cuarto país con peores resultados de Europa, solamente superado por Grecia, Italia y Chipre tras contabilizar una demora de 600 días.

El impacto lo enfrenta el fisco. En el proceso los intereses crecen y hasta ahora la AIREF los mantiene sin una proyección presupuestaria definitiva.

Fuente: PanamPost