Hasta 282 muertes más por retrasar la jubilación: la reforma de 2011 elevó la mortalidad prematura

España lleva más de una década retrasando progresivamente la edad a la que una parte de sus trabajadores puede jubilarse. La reforma de las pensiones de 2011 elevó de 65 a 67 años la edad de jubilación para quienes no acumulaban suficientes años cotizados, con una transición gradual que comenzó en 2013. El objetivo era hacer frente al impacto fiscal del envejecimiento de la población, pero la medida también trasladó una parte del coste del ajuste a los trabajadores que tuvieron que permanecer más tiempo en sus puestos.

Ahora, una investigación pone cifras a una de las consecuencias menos visibles de ese retraso. Un estudio de Fedea estima hasta 282 muertes prematuras adicionales entre los trabajadores afectados por la reforma. La investigación concluye que la razón detrás de esas muertes no fue la pérdida de ingresos ni la reducción de la pensión, sino el trabajo físico prolongado.

La mortalidad entre los 60 y los 67 años subió 0,62 puntos porcentuales entre los trabajadores afectados. El efecto fue especialmente pronunciado entre los hombres, con un aumento de 1,59 puntos. Las 282 muertes prematuras estimadas son personas que, bajo las reglas anteriores a 2011, habrían podido jubilarse antes y, según estima el modelo, habrían sobrevivido hasta los 67 años.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta
La clave está en distinguir entre trabajar más tiempo por decisión propia y hacerlo porque la norma obliga. Aunque trabajar más de forma voluntaria tiene un efecto ligeramente protector sobre la mortalidad, hacerlo por obligación la eleva 0,0133 puntos porcentuales por cada mes adicional trabajado. Para los trabajadores de la construcción, la minería o la manufactura, sectores con mayor presencia masculina, cada mes extra en el puesto supone una exposición adicional a condiciones físicas que el cuerpo ya no tolera igual.

La evidencia internacional apunta en la misma dirección. Un estudio sobre Austria concluye que cada año adicional sin poder jubilarse eleva la mortalidad prematura masculina en 2,4 puntos porcentuales.

La motivación de la reforma fue el impacto fiscal del envejecimiento poblacional. El gasto público en pensiones en España representaba el 12,7% del PIB en 2022 y las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo sitúan en el 16,1% en 2050, frente a una media europea del 12,1%. Es el mayor aumento proyectado de toda la Unión Europea (UE), con 3,4 puntos de PIB adicionales, muy por encima de la media comunitaria, que apenas supera los 0,7 puntos.

La reforma, sin embargo, no afectó por igual a todos los trabajadores. Quienes tenían una carrera larga (38,5 años cotizados en 2027) podían seguir jubilándose a los 65 años. Ese diseño hizo que el retraso de la jubilación tuviera también un marcado componente de género. El 62% de los trabajadores que no alcanzaban el umbral de años cotizados eran mujeres, frente al 29% entre los no afectados. Sus carreras son más cortas y fragmentadas por períodos de cuidado de familiares, una mayor presencia en el trabajo a tiempo parcial e interrupciones laborales.

Como resultado, las mujeres retrasaron su jubilación una media de 10 meses, frente a los 3,1 meses de los hombres. La probabilidad de jubilarse después de los 65 subió 34 puntos porcentuales entre las mujeres afectadas, frente a 15,3 puntos entre los hombres.

Ellas se jubilan más tarde, ellos asumen el mayor coste en mortalidad
El resultado puede parecer contradictorio: pese a cargar con el mayor retraso en la jubilación, las mujeres no registraron el mayor coste en mortalidad. Fueron los hombres quienes pagaron ese precio, por su mayor exposición a empleos físicamente exigentes y por una mortalidad de base más elevada. La reforma amplió la brecha de mortalidad entre ambos sexos en 0,81 puntos porcentuales, un 15% adicional sobre la diferencia preexistente de 5,53 puntos.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.
Esta asimetría coexiste con una brecha de pensiones que ya era de las más pronunciadas de Europa. La pensión media de las mujeres en España es de 1.026 euros mensuales, frente a los 1.510 euros de los hombres, una diferencia del 32% según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 2024.

Un efecto que todavía podría ser mayor
Los efectos documentados son, además, una estimación parcial. Las cohortes analizadas (nacidos entre 1948 y 1957) solo se enfrentaron a algo más de la mitad del aumento total previsto en la edad de jubilación. La primera generación que soportará el impacto completo de la reforma es la nacida en 1962, que cumple 65 años en 2027 y se convierte en la primera en enfrentarse a las reglas totalmente desplegadas: umbral de 38,5 años cotizados y edad máxima de jubilación de 67 años.

Fuente: Infobae