Ortega prepara su sucesión a Rosario Murillo con purga en el Poder Judicial

La crisis institucional se profundiza en Nicaragua con la renuncia de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), supuestamente por su edad. Hace una semana, las jueces Yadira Centeno y Lewin Downs también hicieron lo mismo con cartas idénticas, alegando “motivos de salud”.

Es decir, un total de cinco magistrados han abandonado sus cargos en los últimos días. Lo que hay detrás, responde a la purga orquestada por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, para eliminar la independencia de poderes, moldear el Poder Judicial a su antojo y dar paso a un nuevo período de gestión sandinista. Y es que los nombres que podrían ocupar las vacantes llevan sobre las espaldas señalamientos por violaciones a los derechos humanos.

Las renuncias de Armengol Cuadra, Manuel Martínez y Virgilio Gurdián fueron aceptadas al instante por los 91 diputados sandinistas de la Asamblea Nacional. Estas vienen precedidas por una reforma constitucional, en febrero pasado, que redujo el número de jueces de 16 a 10. Casi en paralelo, quedó derogada la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que subordinó sus instituciones a las órdenes de la Presidencia de la República. En consecuencia, Ortega y Murillo secuestran de manera progresiva todas las instituciones del país.

Sistema judicial bajo las órdenes de Rosario Murillo
Debido al régimen dictatorial que preside Daniel Ortega desde el año 2007, es improbable que Nicaragua elija a sus gobernantes por medio de elecciones democráticas. En su lugar, el tirano sandinista estaría preparando la sucesión del poder a su esposa, Rosario Murillo, según distintos análisis difundidos por la prensa local.

No es casualidad que en la reforma constitucional aprobada en febrero de este año, Murillo fuera designada “copresidente” de la Nación. Esto es parte de la transformación que está ocurriendo en las instituciones del Estado, incluyendo la facultad de proponer a futuros magistrados.

Ese sistema garantiza la continuidad de la persecución sistemática contra opositores y disidentes. Tal como han documentado investigaciones y relatos de exiliados políticos, el sandinismo incluso ejecuta operaciones en suelo extranjero, que incluyen atentados y desapariciones forzosas contra personas que participaron en las masivas manifestaciones contra la dictadura del año 2018.

Mientras tanto, a figuras políticas de alto perfil se les ha despojado de su nacionalidad. La guinda del pastel ahora es el papel activo de Rosario Murillo, moviendo los hilos del sistema de justicia, adelantando que nadie estará a salvo, ni siquiera actuales funcionarios, debido a que estos podrán ser sancionados por “mala administración”, lo cual no es más que un eufemismo para disfrazar una purga al estilo chino.

Nominados a la Corte están sancionados por EEUU
Respecto a los nominados para reemplazar las cinco vacantes en la CSJ, suenan los nombres de la fiscal general Ana Julia Guido Ochoa, sancionada desde el año 2020 por Estados Unidos debido a la fabricación de casos judiciales contra opositores; le siguen los exmagistrados Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh, quienes recibieron sanciones en 2023 por despojar de su nacionalidad a disidentes del régimen.

Investigaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), reseñadas por el portal La Prensa, detallan que en el caso de la fiscal Guido Ochoa supervisaba las acciones de investigación contra opositores entre policía y fiscales, transmitiendo también a jueces “instrucciones de carácter político” en relación con personas que debían ser enjuiciadas. Todo este conjunto de decisiones y directrices avizoran cómo se agravará la crisis política en Nicaragua con la sucesión de Daniel Ortega a Rosario Murillo.

Fuente: PanamPost