Perú militariza su frontera sur para cercar a migrantes si gana Kast

Perú decretó el Estado de Emergencia en su frontera sur ante la posibilidad de una nueva ola migratoria de venezolanos, proyectada como consecuencia de una eventual deportación masiva de extranjeros desde Chile en caso de que José Antonio Kast —el candidato republicano— triunfe en el balotaje del próximo 14 de diciembre. Esta perspectiva llevó al gobierno peruano a militarizar sus puntos limítrofes con la nación austral.

A casi dos meses de que José Jerí asumiera la presidencia de Perú, luego de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte, el mandatario ordenó desde el punto fronterizo Santa Rosa —paso obligatorio de entrada y salida entre Perú y Chile, por donde transitan más de 15.000 personas al día— el despliegue de personal castrense. En esa zona, la supervisión está a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

En Chile, el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, exhorta al gobierno a desplegar con «mayor celeridad» la regulación migratoria en la zona norte del país. De hecho, considera «urgente reforzar la frontera con más tecnología, mayor presencia del Ejército y una mejor coordinación entre todas las instituciones».

En concreto, estima prioritario la modernización del Complejo Chacalluta. Si bien el proyecto que contemplaba su mejora debía culminar en el primer semestre de 2024, los trabajos aún no comienzan. «Nuestro país necesita orden, y parte de ese orden implica asegurar que solo ingrese quien cumple con los requisitos establecidos» señaló.

Ola complicada
La incertidumbre sobre el destino que tomarán los 300 mil extranjeros en situación irregular en Chile después de la segunda vuelta es incierto. Jeri buscó anticiparse a la ejecución de la propuesta del candidato, José Antonio Kast, en materia migratoria que estima un «cierre fronterizo».

Sin embargo, en la víspera de los comicios la falta de una infraestructura permite predecir que la militarización de la frontera peruana provocará aglomeraciones de migrantes irregulares en ciudades como Arica si se producen movilizaciones masivas.

Bolivia ya tomó sus previsiones. Desde abril del año pasado, el gobierno de Gabriel Boric y Luis Arce suscribieron un nuevo protocolo reconducción de extranjeros que ingresen irregularmente a Chile.

Ese acuerdo autoriza a los Carabineros o el Ejército chileno a derivar a la Policía de Investigaciones (PDI) a cualquier ciudadano boliviano o de un tercer país que haya sido encontrado dentro de una zona de 10 kilómetros desde la frontera hacia el interior de del territorio chileno para que este cuerpo de seguridad lo entregue a la policía boliviana y retorne a ese país, previo registro biométrico. Sin embargo, fuentes confirman un bloqueo del lado boliviano para admitir los reingresos.

El plan de cierre de Kast
La presión en la frontera marca la campaña para el balotaje. Kast insiste en prometer la implementación de una Política Nacional de Cierre Fronterizo a la inmigración irregular por vías terrestres, puertos y aéreas.
Entre sus acciones plantea instalar “barreras físicas en pasos críticos no habilitados la tipificación del delito de inmigración irregular”, para entregar más herramientas legales para enfrentar los ingresos por pasos no habilitados.

En el caso de la candidata comunista, Jeannette Jara, su enfoque apunta a combinar regularizaciones selectivas con mayores controles territoriales y financieros. Entre sus propuestas centrales destaca que, en su primer día de gobierno, ordenaría el desalojo del Cerro Chuño en Arica, actualmente ocupado por organizaciones criminales vinculadas al Tren de Aragua. Además, plantea eliminar el secreto bancario para reforzar la persecución del narcotráfico y rastrear flujos asociados a redes criminales y migración irregular.

Su plan contempla una regularización “acotada” para quienes ya estén empadronados y hayan iniciado trámites sin resolución, previa revisión estricta de antecedentes policiales y de la situación laboral de cada solicitante.

Fuente: PanamPost