


Departamento de Justicia ordenó investigar a Soros y sus presuntos nexos con el terrorismo
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George Soros, el multimillonario con planes globalistas y financista de grupos izquierdistas alrededor del mundo, finalmente se enfrenta a la posibilidad de rendir cuentas a la justicia. Y es que el Departamento de Justicia habría dado instrucciones a «más de media docena de fiscalías» para armar un plan que permita investigar a la organización Open Society Foundations, fundada por el empresario, según una exclusiva de The New York Times. Incluso se habla de atribuirle posibles cargos: incendio provocado, extorsión, apoyo material al terrorismo y fraude electrónico.


De concretarse, sería algo trascendental contra la fundación de Soros y el imperio bajo el cual ha financiado numerosas iniciativas del progresismo dentro y fuera de EE. UU. Hasta hace pocos días, trascendió que su billetera respalda a un grupo de izquierda, llamado CASA, detrás del migrante irregular Kilmar Ábrego. Solamente en 2023, Open Society Foundations le otorgó una subvención de 250.000 dólares.
La prensa progresista aprovecha la nueva información para hablar de «interferencia política» dentro del Departamento de Justicia, atribuyendo a Trump que la instancia «actúa contra sus supuestos enemigos». Lejos de esa teoría, distintas investigaciones y portales que monitorean el flujo del dinero dentro del mundo político, comprueban cómo George Soros promueve el avance de la agenda progresista. Por ejemplo, el informe de Law Enforcement Legal Defense Fund menciona que el empresario gastó más de 40 millones de dólares durante la última década para financiar campañas de fiscales promotores de la anarquía, quienes para mediados de 2022 representaban a «más de uno de cada cinco estadounidenses».
Hasta dónde llega el dinero de Soros
Esta posible actuación de la Justicia contra la fundación de Soros era previsible. Trump sugirió hace casi un mes que tanto él como su hijo, Álex, deben ser arrestados bajo la ley RICO «por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más, en todo Estados Unidos». Pero Open Society Foundations se defiende afirmando que su trabajo está “dedicado exclusivamente a fortalecer la democracia y defender las libertades constitucionales». Sin embargo, esa aseveración puede debatirse.
En mayo del año pasado, durante las protestas universitarias —varias de ellas se tornaron violentas—, y donde estudiantes antisemitas exigían el fin de la relaciones con Israel, se descubrió que por medio de un entramado en el que participaba la Fundación Tides, el dinero de Soros llegaba hasta los grupos Jewish Voice for Peace e IfNotNow, organizadores de las protestas en el campus de Columbia. Meses más tarde, una fiscal patrocinada por el multimillonario, se negó a procesar legalmente a manifestantes anti-Israel acusados de delitos menores en las afueras de la Convención Nacional Demócrata.
Abundan ejemplos similares. Open Society Foundations también financia a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la cual en marzo demandó a la administración republicana a raíz de la deportación de presuntos integrantes de bandas criminales a El Salvador. Ninguna de estas iniciativas está apegada al «fortalecimiento de la democracia», como menciona Open Society Foundations.
La guerra de los Soros contra Trump
Un abogado de la oficina del fiscal general adjunto, Todd Blanche, «emitió la directiva a las fiscalías estadounidenses en California, Nueva York, Washington, DC, Chicago, Detroit y Maryland, entre otros», agrega el medio estadounidense para referirse a esta investigación que podría iniciarse contra Open Society Foundations.
Uno de los hallazgos que se tomarán en cuenta, será un informe de Capital Research Center, que monitorea el dinero liberal en la política. Allí se indica que la organización de Soros “ha invertido más de 80 millones de dólares en grupos vinculados al terrorismo o la violencia extremista». Se menciona a al-Haq, un grupo palestino que el gobierno israelí declaró en 2022 «una fachada para actividades terroristas».
En conclusión, los próximos meses podrían ser complicados para los Soros en términos legales. Atrás quedó el exhorto de Álex Soros a los simpatizantes del Partido Demócrata, durante la campaña presidencial de EE. UU., para iniciar una campaña de descredito contra Trump, la cual consistía en «repetir» que no puede gobernar el país «un delincuente convicto». Esa insistencia por boicotear su candidatura, ahora cobra mayor sentido.
Fuente: PanamPost





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