Con cuatro kilos de droga oculta en un maletín, un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) intentó abordar un vuelo institucional desde la Primera Brigada ubicada en Iquique, al norte del país, hasta Santiago. Pretendió hacerlo sin pasar por los controles, pero tras hacer un escaneo a su equipaje se detectó la carga. Por el caso hay cinco uniformados detenidos. Nadie sabe quiénes son los imputados, ni cuál droga pretendían movilizar. ¿Era cocaína, ketamina o marihuana? La institución castrense está en silencio. Tampoco aclara si hay más involucrados o si existe vinculación con alguna organización criminal.
El escándalo es supremo. Ocurre a solo tres semanas de la detención de seis suboficiales de la Segunda Brigada Acorazada de Cazadores de Pozo Almonte con un cargamento de 192 kilos de cocaína y pasta base avaluado en un millón de dólares, según reportes de ADN.
Las pesquisas de los Carabineros indican que los uniformados del Ejército dirigían la movilización de los estupefacientes desde la región de Tarapacá hacia la región Metropolitana. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, admite que “para el Gobierno esta es una situación delicada, difícil”, porque hay “algunas interrogantes sobre cómo se contactaron y quién eran sus distribuidores”.
Corte Marcial con una tendencia
Desde el gobierno de Gabriel Boric solo responden que “no hay antecedentes” sobre la existencia de una trama al interior de los cuarteles. La realidad parece otra. Un reporte de La Tercera revela que la Corte Marcial, dedicada a la revisión de los delitos cometidos en actos de servicio de los funcionarios de Carabineros, la FACH y el Ejército ha dictado 25 condenas por delitos relacionados con drogas, de las cuales el 48 % son por porte o tenencia de estupefacientes, el 35 % por consumo, y el 13% por microtráfico o tráfico. Los implicados son uniformados de las regiones de Tarapacá, Metropolitana y Los Ríos.
En la Fuerza Aérea de Chile hay hermetismo. La institución se rehúsa a compartir con el Ministerio Público los detalles de la incautación y la detención de los uniformados en Iquique. Sin embargo, mantener la información del procedimiento en reserva llevó al ente fiscalizador a interponer en las últimas horas un recurso ante la Corte de Apelaciones de la localidad, con el fin de obtener de manera inmediata los antecedentes.
La persecutora de Tarapacá, María Trinidad Steinert, no tuvo más camino después de la Fiscalía de Aviación negar la entrega del expediente alegando que “no le es lícito informar, comunicar o remitir antecedentes relativos a hechos sometidos a un Tribunal Militar“.
Institución con hermetismo
Desde la instancia militar insisten en que la competencia es exclusiva de la justicia castrense, pero el Ministerio Público rebate la postura con el artículo 19 del Código Procesal Penal que obliga a todas las autoridades a colaborar con el Ministerio Público. Incluso, la Ley 20.000 —sobre tráfico de drogas— establece que solo el Ministerio Público o las policías pueden investigar estos delitos.
Además los antecedentes son “indispensables” para determinar si el caso corresponde a justicia ordinaria o militar, especialmente, por tratarse de delitos comunes: tráfico de drogas y posible uso indebido de recursos públicos. En ese sentido, el Ministerio Público advierte que la reserva obstaculiza la detección de cómplices civiles.
Este enfrentamiento judicial por el manejo de la información es un lío institucional sin precedentes, considerando que “el no acceso a la información impide que el Ministerio Público ejerza sus facultades constitucionales“ con lo cual, la FACH incurre en el incumplimiento del principio de colaboración entre órganos del Estado previsto en Artículo 5 de la Ley 18.575 que estipula la colaboración como una condición necesaria para abordar fenómenos criminales complejos.
Fuente: PanamPost
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