Drogas y poder: la acusación del excanciller Leyva que sacude a Petro

La postura del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la legalización de la cocaína, no solo ha generado controversia en Colombia, sino que también ha proyectado una imagen internacional que muchos consideran peligrosa para la estabilidad del país. Sus declaraciones, como las realizadas en la Asamblea General de la ONU en 2022, donde afirmó que el petróleo y el gas son más dañinos que la cocaína, no solo desafían el consenso global sobre las políticas antidrogas, sino que también alimentan las críticas sobre su capacidad para liderar con claridad en un contexto donde el narcotráfico sigue siendo una de las principales amenazas a la seguridad nacional. Estas palabras, lejos de ser un simple desliz retórico, parecen reflejar una visión ideológica que, según su excanciller, Álvaro Leyva, podrían estar influenciadas por un consumo personal que nubla su juicio.

Leyva, en su carta, no solo pone en tela de juicio la moral del presidente, sino que también insinúa que su comportamiento errático podría estar vinculado con una adicción. Esta acusación, aunque explosiva, no es del todo nueva en el debate político colombiano. Sin embargo, lo que la hace particularmente grave es el contexto en el que se produce: un gobierno asediado por escándalos de corrupción, polarización política y una creciente percepción de ingobernabilidad. La insinuación de Leyva, presentada con un lenguaje incisivo y cuidadosamente elaborado, no es solo un ataque personal, sino un cuestionamiento directo a la legitimidad de Petro para liderar un país que aún lucha por superar las heridas de décadas de conflicto armado y narcotráfico.

En este sentido, resulta imposible ignorar la relación de Petro con el Foro de São Paulo, una plataforma que agrupa a partidos y movimientos de izquierda en Hispanoamérica afines al narcotráfico. Entre sus miembros históricos se encuentran organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos armados que, tanto en Colombia como en Venezuela, han desempeñado un papel central en la promoción y financiación del tráfico de drogas. Aunque Petro ha intentado desmarcarse de las actividades criminales de estos grupos, su pertenencia al Foro de São Paulo y su discurso indulgente hacia la economía de la coca plantean dudas sobre su compromiso real con la lucha contra el narcotráfico. En un país donde las FARC y el ELN han dejado un legado de violencia y desestabilización, la percepción de que el presidente podría estar alineado ideológicamente con estos actores, incluso de manera indirecta, es profundamente inquietante.

La defensa de Petro de la legalización de la cocaína, presentada como una solución progresista a un problema estructural, ignora las complejidades de un mercado ilícito que no solo genera riqueza para las élites criminales, sino que también perpetúa la explotación de comunidades vulnerables en regiones como el Cauca, el Putumayo o el Catatumbo. Su comparación de la cocaína con el whisky, aunque puede parecer una hipérbole destinada a provocar, subestima los devastadores efectos sociales y de salud pública que el consumo de esta droga ha tenido en Colombia y en el mundo. Más aún, su optimismo sobre los beneficios económicos de una industria regulada de cocaína parece desconectado de la realidad de un país donde la institucionalidad sigue siendo frágil y la corrupción permea todos los niveles del Estado. ¿Cómo garantizar que los ingresos de una supuesta industria legal de cocaína no terminen en manos de los mismos carteles que han desangrado al país por décadas?

De la carta de Leyva se puede concluir que el gobierno de Petro ya es inviable en el actual contexto político colombiano, por una arrogante desconexión con las prioridades de una sociedad que exige soluciones concretas a problemas como la inseguridad, el desempleo y la desigualdad. La clase política colombiana, profundamente dividida pero unida en su rechazo a propuestas tan radicales, difícilmente encontrará en la legalización de la cocaína una bandera viable. Incluso los sectores progresistas, que podrían compartir la visión de Petro sobre la necesidad de reformar la política global de drogas, ven con escepticismo una propuesta que parece más un ejercicio retórico que una estrategia bien fundamentada.

En última instancia, la carta de Álvaro Leyva no solo expone las supuestas debilidades personales de Gustavo Petro, sino que también pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿Puede un presidente que defiende abiertamente la legalización de la cocaína, en un país marcado por el trauma del narcotráfico, liderar con la claridad y la autoridad necesarias para unir a la nación? La respuesta, al menos para una parte significativa de la sociedad colombiana, parece ser un rotundo no. Mientras el gobierno de Petro se tambalea bajo el peso de los escándalos y las acusaciones, la sombra del Foro de São Paulo y la influencia de actores como las FARC y el ELN solo añaden más combustible a un debate que está lejos de resolverse.

Fuente: PanamPost