Rusia refuerza presencia en Cuba comprando tierras a la dictadura y desterrando campesinos

Las tierras estatales cubanas pasarán de la manos de los campesinos de la isla a empresas y personas naturales extranjeras que cuenten con residencia permanente en el país. Ese es el plan de la dictadura castrista con la Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra, que discuten sus partidarios en la Asamblea Nacional, cuya aprobación se concretará en diciembre.

La discriminación a los productores nacionales, que sufren la escasez de incentivos, obstáculos burocráticos y decomisos arbitrarios, es un hecho, considerando que las personas jurídicas privadas cubanas no podrán solicitar ni una hectárea ociosa como usufructo, según publica El Toque. 

El régimen oficializa con ello su práctica implementada de facto con la empresa vietnamita AgriVMA, a la cual otorgó 308 hectáreas para cultivar arroz en Pinar del Río a principios del año pasado, pero terminó con 1100 sembradas. En Moscú esperan ansiosos su turno. Según, Titov Boris, jefe del Comité Empresarial Cuba-Rusia, la administración de Miguel Díaz-Canel ofrece “un trato preferencial” por 30 años a empresas rusas.

Crisis con culpables
El régimen parece intentar revertir la crisis profunda que generó al sector agrícola, considerando que la producción de arroz, un alimento básico en la dieta cubana, cayó en 2024 a 80000 toneladas, una cifra que solo representa el 11 % del consumo nacional. Esto es menos de un tercio de lo que se producía en 2018.

Ahora bien, esta jugada del castrismo no tiene garantías de éxito ante las dificultades que enfrenta la producción agrícola en la isla ante la falta de insumos, combustible y financiamiento. Su Ley de Soberanía Alimentaria aprobada en 2022 es un fracaso. A tres años de la aprobación, la isla importa el 80 % de los alimentos que consume.

La cúpula comunista es la única responsable de la dependencia. “A muchos campesinos le han prohibido entrar maquinarias como tractores y motoblok. Las trabas son tantas, y la corrupción en las instituciones de la agricultura es tan grande, que mencionarlas todas sería un derrame cerebral. El problema no somos los campesinos”, asegura el productor Samuel Rodríguez, tras recordar que importó una maquinaria para trabajar en su finca y al arribar a Cuba se la decomisaron en los almacenes Berroa.

Relegados y bajo amenaza
Los campesinos cubanos ya se saben relegados y bajo amenaza en medio de la discusión del futuro de las tierras que controla la dictadura cubana. Conocen el proceder del régimen desde hace una década, cuando los persuadió para que entregaran los fundos ante la participación de la empresa brasileña Odebrecht en la administración del central azucarero 5 de Septiembre, ubicado en Cienfuegos.

Aquello es hoy un capítulo más de corrupción de la multinacional que prometió invertir 60 millones de dólares para restablecer en 2014 la producción de caña, que había caído de 8 a 1,4 toneladas. “Los impagos del cliente”, durante dos años, motivó su retiro de la nación pero la versión carece de credibilidad.

Los productores en la isla creen que todo fue parte de un negocio fachada entre la dictadura y la compañía para despojarlos de sus tierras. Con esa misma modalidad, Mercasa S.U.R.L denuncia la revocación de su contrato como usufructuario de la parcela en la ciudad de Las Tunas que permitió revitalizar los mercados de Bonachea y el Mambí.

La Seguridad del Estado —a través de funcionarios de la Agricultura— además de negar el acceso a la tierra a las mipymes, intensifica la revisión de tierras en usufructo. Más de 9600 acuerdos suscritos cesaron tras el ejercicio de control realizado en 2024.

Fuente: PanamPost