Nuevo revés para el Gobierno de Donald Trump en los tribunales. La jueza federal de Washington Loren AliKhanen ha bloqueado temporalmente la aplicación por parte de la administración Trump de una instrucción de la oficina presupuestaria de la Casa Blanca para detener los pagos de subvenciones federales, préstamos y otras ayudas a una serie de programas en todo el país. La medida había provocado una gran confusión, puesto que el Gobierno de Trump no había delimitado con claridad su alcance y había entrado en contradicciones evidentes sobre su aplicación, provocando cierto caos en la Administración. La decisión, que ponía en riesgo la financiación de importantes programas sociales, había sido recurrida ante los tribunales y una jueza la ha suspendido temporalmente.
La decisión de la jueza no entra en el fondo del asunto, pero deja sin validez la congelación de los desembolsos hasta el próximo martes, para cuando ha convocado una vista para analizar el fondo del caso. Antes, el Gobierno de Trump debe presentar sus argumentos por escrito este jueves y los demandantes su réplica, el viernes, según la resolución de cinco páginas de la jueza. Puede ser el inicio de una larga batalla legal sobre la cuestión. AliKhan, que fue nombrada por el anterior presidente, Joe Biden, cuestionó en su resolución la indefinición de la instrucción dada por la oficina presupuestaria de la casa Blanca. “Parece que el Gobierno federal no conoce en la actualidad el alcance total de los programas que van a estar sujetos a la pausa”, indica.
La orden de la jueza responde a una demanda presentada por una coalición de organizaciones sin ánimo de lucro que impugnan la congelación de los pagos. La demanda alega que incluso una interrupción temporal de la financiación podría “privar inmediatamente a las personas y comunidades de sus servicios vitales”, incluida la atención médica, el apoyo a las pequeñas empresas y los programas para la comunidad LGBTQ.
El memorando, firmado por el director interino de presupuesto de Trump, Matthew Vaeth, el lunes, estaba programado para entrar en vigor el martes a las 17.00 horas de Washington, las 23.00 en la España peninsular, pero la jueza ha decidido tomar la medida antes de su entrada en vigor. El recurso alegaba que incluso una interrupción temporal de la financiación podría “privar inmediatamente a personas y comunidades de los servicios que les salvan la vida”, entre ellos la atención sanitaria, el apoyo a las pequeñas empresas y los programas para la comunidad LGTBQ.
“Estamos presentando una Moción para una Orden de Restricción Temporal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia para bloquear la decisión de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca de pausar todas las subvenciones y préstamos de las agencias federales”, había tuiteado la directora del Consejo Nacional de Organizaciones Sin Ánimo de Lucro.
Dicha organización había recurrido junto con líderes de la sanidad pública y de la pequeña empresa, representados ante el tribunal por la organización Democracy Forward. “Esta acción temeraria de la administración sería catastrófica para las organizaciones sin ánimo de lucro y para las personas y comunidades a las que sirven. Desde la interrupción de la investigación sobre la cura del cáncer infantil hasta la paralización de la ayuda alimentaria y a la vivienda, el cierre de refugios para personas sin hogar y víctimas de la violencia doméstica, y el cierre de líneas telefónicas de ayuda a los suicidas, el impacto de incluso una breve pausa en la financiación podría ser devastador y costar vidas. Esta orden debe detenerse inmediatamente antes de que se produzca un daño tan evitable”, había señalado Diane Yentel.
La instrucción difundida por el director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Matthew Vaeth, ordenaba a las agencias federales pausar temporalmente “todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal”. “El uso de recursos federales para promover la equidad marxista, la transexualidad y las políticas de ingeniería social del nuevo pacto verde es un despilfarro del dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos”, argumentaba el memorando.
Aunque el Gobierno de Trump ponía el foco en ciertas políticas, cortaba de golpe el grifo de la financiación pública de forma preventiva a toda clase de programas. El cumplimiento de la orden suponía detener la entrega de partidas de cientos de miles de millones o incluso billones de dólares en términos anuales para todo tipo de propósitos.
Entre los destinatarios de los desembolsos federales están las Administraciones estatales y locales. Los programas que se financian con ese dinero incluyen la educación y el transporte. Se cortan los desembolsos de préstamos a pequeñas empresas, dinero para investigación de las universidades, fondos para organizaciones sanitarias sin ánimo de lucro y muchas otras ayudas.
El documento especificaba que la congelación de fondos no afecta a las prestaciones de Medicare, el sistema de seguro sanitario público, o de la Seguridad Social. También se salvan las ayudas dirigidas directamente a individuos, aunque no está claro el alcance de esa excepción y, además, la mayoría de los programas no se canaliza directamente, sino a través de otras organizaciones.
En su primera rueda de prensa como portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt defendió este martes la medida, subrayando que el dinero que la asistencia prestada directamente a individuos, incluidas las pensiones, la atención de Medicare o los cupones de alimentos no se verían congelados. Pero no pudo garantizar que se mantuviesen los que perciben de forma indirecta, a través de los gobiernos estatales y locales y de organizaciones no gubernamentales, incluido Medicaid, el seguro sanitario público para personas más necesitadas.
Según Leavitt, Trump “solo intenta garantizar que el dinero de los impuestos que sale por la puerta de esta ciudad en bancarrota se ajuste realmente a la voluntad y las prioridades del pueblo estadounidense”.
La oficina presupuestaria de la Casa Blanca difundió horas después de la instrucción un documento de preguntas y respuestas en el que aseguraba que la congelación del gasto solo afectaba a las partidas que entrasen en colisión con las prioridades dictadas por Trump a través de sus órdenes ejecutivas. Esa explicación, sin embargo, entraba en contradicción flagrante con lo que decía la propia instrucción original. En ella se aseguraba que se paralizaban con carácter preventivo los desembolsos para proceder a su análisis y ver si se adecuaban o no a la agenda de Trump.
El memorando no delimitaba qué desembolsos quedaban paralizados y cuáles no y decía que, mientras se analizaban, se debían suspender temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal, y otras actividades pertinentes de la agencia que puedan estar implicadas por las órdenes ejecutivas de Trump. Ponía como ejemplos, pero sin carácter limitativo, “la asistencia financiera para la ayuda exterior, las organizaciones no gubernamentales, la DEI [diversidad, igualdad e inclusión], la ideología de género woke, y el nuevo pacto verde”, generalidades sin concreción.
La aplicación de las nuevas directivas había provocado la paralización de los desembolsos de Medicaid, que cubre a una quinta parte de los estadounidenses, aunque la Casa Blanca aseguraba que los problemas que estaba dando su web para la tramitación de desembolsos no estaban relacionados con la medida. “Debido a las órdenes ejecutivas relativas a los pagos de subvenciones potencialmente no admisibles, PMS [Servicios de gestión de pagos] está tomando medidas adicionales para procesar los pagos. Las revisiones de los programas y pagos aplicables darán lugar a retrasos y/o rechazos de pagos”, advertía el organismo en su página web.
Además de las organizaciones sin ánimo de lucro, varios Estados demócratas habían anunciado también recursos contra la medida. “Mi oficina emprenderá acciones legales inminentes contra la pausa inconstitucional de esta administración en la financiación federal. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras esta administración perjudica a nuestras familias”, tuiteó la fiscal general del Estado de Nueva York, Laetitia James.
“La congelación por parte de la Casa Blanca de Trump de la ayuda federal ordenada por el Congreso es imprudente y no tiene precedentes”, dijo Phil Weiser, fiscal general de Colorado, en un comunicado. “Esta acción le quita el poder del monedero al Congreso, viola la separación de poderes y ya está causando un daño masivo en Colorado, socavando la prestación de atención médica, educación y seguridad pública”, añadió.
“Los teléfonos de los senadores han estado sonando sin parar con llamadas de hospitales, departamentos de policía, bomberos voluntarios, despensas de alimentos, centros de tratamiento de drogas, y así sucesivamente”, escribió por su parte el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer. “Los estadounidenses están en modo de pánico tratando de averiguar cómo les afecta la orden sin ley, destructiva y cruel de Trump de detener prácticamente toda la asistencia federal. Si un senador va a decir que no están recibiendo llamadas, entonces simplemente están fuera de contacto porque afecta a casi todo. Si Trump no la rescinde, el Congreso debe actuar”, añadió.
La congresista por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez también criticó duramente la instrucción de la oficina presupuestaria de la Casa Blanca: “Trump está tomando como rehenes a todos los hospitales y servicios vitales de la nación para arrebatar el poder al Congreso y entregárselo a los multimillonarios. Debemos decir la verdad: esto es una crisis constitucional. Es una toma de poder masiva e ilegal que la Cámara y el Senado tienen el deber jurado de detener”, tuiteó.
Fuente: El País
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