“Vivo con mis hijos en un local lleno de humedades por 900 euros al mes”: cuando los caseros aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en uno de los principales problemas para la población, sobre todo para los jóvenes, que no pueden independizarse o se ven obligados a compartir piso pasando los 30 años o superando incluso los 40. Pero quienes aún lo tiene más complicado son las personas migrantes, que además de la escasez de oferta y la subida de precios, también se enfrentan a la discriminación en el sector inmobiliario, un fenómeno que ante el auge de los discursos de odio y autoritarismo no deja de crecer. De hecho, un informe de la organización Provivienda señala que un 72,5% de las agencias inmobiliarias aceptan formas explícitas de discriminación y muchos caseros se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas migrantes.

Es lo que le ha ocurrido a A., un migrante venezolano de 56 años que lleva viviendo en España desde 2019 y que, con tres hijos menores a su cargo, se ha visto obligado a vivir en un semisótano sin ventanas en un pueblo de la provincia de Madrid por el que paga 900 euros al mes, ya que no puede cumplir con los exigentes requisitos que piden las inmobiliarias, como tener contrato indefinido, las tres últimas nóminas, la declaración de la renta o incluso ver los movimientos bancarios y contar con un aval. El lugar donde vive actualmente, explica a Infobae España, es un local que no está habilitado para ser vivienda, “lleno de humedades”, lo cual favorece la proliferación de bacterias y hongos en el aire, aumentando el riesgo de infecciones respiratorias.

“Nos estamos enfermando continuamente. Hay humedad y malos olores porque esto es un semisótano y por aquí pasan tuberías de los apartamentos. Hemos tenido muchos problemas”, relata angustiado. Como actualmente se encuentra en situación administrativa irregular y carece de contrato de trabajo, no ha podido conseguir una alternativa habitacional mejor, añade, aunque confía en que su situación cambie en los próximos meses.

En el caso de María (nombre ficticio), una mujer boliviana de 34 años con nacionalidad española, también le ha sido imposible encontrar una vivienda adecuada para ella, su pareja y sus cinco hijos menores, no solo por los altos precios, sino porque inmobiliarias y propietarios les niegan la posibilidad de alquilar “por ser migrantes, por su color de piel y su acento sudamericano”. “Hay un racismo inmobiliario que ha ido creciendo en este último tiempo, además de una falta total de empatía ante las familias con hijos. No quieren niños, así que imagínate cuando ven que somos familia numerosa”, explica la joven a este periódico.

Ni siquiera en las numerosas ocasiones que María y su esposo han cumplido todos los requisitos exigidos por las inmobiliarias han tenido suerte, porque no juzgan, asegura, “tu vida laboral, tus contratos o la capacidad de pago que tienes, sino que se fijan en que eres migrante con hijos y creen que vas a dejar de pagar”, lamenta, lo cual les genera impotencia y frustración. Algunas veces las miradas de los propietarios lo dicen todo, “te ven en dos minutos y te descartan”, añade, mientras que en otras ocasiones les han dicho directamente que “el piso es para otro tipo de personas”.

La pesadilla de María viene de lejos, pues ya tuvo que pasar la pandemia junto a su marido y los tres hijos que tenía en ese momento en una buhardilla de 35 metros cuadrados en Madrid, porque “no hubo manera de encontrar nada mejor”, a pesar de que pagaban por ese minúsculo espacio 750 euros mensuales. Ante la imposibilidad de conseguir un piso más amplio, terminaron viviendo en un albergue hasta que en 2023, gracias a la ayuda de los movimientos sociales por la vivienda, encontraron uno en Móstoles, que es donde viven actualmente y por el que paga 890 euros al mes. “Sigue habiendo muchos prejuicios contra los migrantes a la hora de alquilar”, resume.

El precio de las habitaciones en alquiler se dispara hasta los 645 euros de media tras subir un 30% en diez años.
Conductas discriminatorias que van contra la ley

Conscientes de la realidad que enfrentan las personas migrantes y racializadas en España a la hora de acceder a una vivienda, ya sea a la hora de comprar o de alquilar, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos recuerda que ese tipo de conductas discriminatorias incumplen la ley para la igualdad de trato y no discriminación, que en su artículo 20 hace referencia al acceso a la vivienda y que las instituciones públicas tienen que dar y promover este acceso. En ese artículo, además, se hace alusión a que hay tanto discriminación directa, como pueden ser los anuncios de pisos en renta que excluyen a los migrantes, e indirecta, cuando las inmobiliarias les exigen mayores garantías.

“Se trata de trabas que están totalmente vinculadas al racismo institucional que existe hoy en día y que se materializa en la Ley de Extranjería, pues no solo te impiden la posibilidad de tener una vivienda, sino que tampoco te permitan alquilar y esto está totalmente normalizado”, señala Assiatu Diallo, portavoz del sindicato, quien recuerda que son precisamente las personas migrantes quienes desempeñan los trabajos más precarios, lo cual aumenta su situación de inseguridad. Y más allá del acento o del color de piel, añade Diallo, el problema es también la clase social, “el nivel adquisitivo que tenga”.

Por todo ello, el sindicato reclama “una ley de arrendamientos urbanos acorde con la realidad”, que regule los alquileres y que no permite actuar al sector inmobiliario con impunidad. La organización también ha criticado recientemente el nuevo plan de vivienda con el que el Gobierno pretende mejorar el acceso a la vivienda en España y que incluye, entre otras medidas, la exención fiscal de hasta el 100% para aquellos propietarios que destinen a alquiler asequible sus viviendas vacías y un impulso a la nueva empresa pública de vivienda, ya que las consideran “insuficientes, erradas y cobardes”.

Fuente: Infobae