Petro retrocede a Colombia 17 años con decreto que le otorga súper poderes

El fracaso de la “paz total” que ha prometido Gustavo Petro ha sido la excusa para el presidente colombiano avanzar con su proyecto político buscando atajos. Al no lograr “acabar con el ELN” –que según su promesa en campaña lograría en tres meses, y han pasado dos años y medio–, decretó este lunes estado de conmoción interior y emergencia económica en respuesta a la ofensiva de la mencionada narcoguerrilla contra una “disidencia” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el Catatumbo, región del departamento Norte de Santander fronteriza con Venezuela, que ha dejado más de 80 muertos, así como más de 20 heridos y unos 11000 desplazados. Más temprano, el Ejército colombiano envió 300 militares para reforzar la zona que se ha convertido en un campo de batalla entre ambos grupos criminales.

“Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo”, expresó el mandatario colombiano en la red social X. Se trata de una medida excepcional que no se aplicaba en Colombia desde hace 17 años. Pero además, la última relacionada con motivos de orden público data de hace 23 años, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe apeló a una declaratoria de este tipo ante una ola de amenazas y ataques guerrilleros contra alcaldes y gobernadores.

Si bien el artículo 213 de la Constitución establece que el presidente puede decretar el estado de conmoción interior “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”, los súper poderes que adquiere el jefe de Estado generan preocupación, ya que “los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público”. Esto quiere decir que Petro adquiere facultades extraordinarias para emitir decretos, saltándose así los procedimientos legislativos regulares.

Estado de conmoción: ¿Un atajo político?
¿Podrá el presidente hacer uso de estos poderes para aprobar mediante decretos sus polémicas reformas que no han conseguido su sanción definitiva? Es una posibilidad que no se descarta si se toma en cuenta que Petro ha propuesto –sin éxito hasta el momento– convocar a una constituyente evadiendo el trámite legislativo al argumentar que se puede presentar invocando el acuerdo de paz con las FARC firmado en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien ha tenido que salir a desmentir al actual mandatario.

El estado de conmoción interior puede ser declarado por un término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos de la misma duración –180 días más–, el segundo de los cuales requiere el visto bueno del Senado, según se establece en la Constitución. Con esta declaración, “el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”. Y entre los límites que pone la Carta Magna del país al presidente está el hecho de que no podrá suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 214.

Gustavo Petro, quien prometió “acabar con el ELN en tres meses”, suspendió el viernes pasado los fallidos diálogos de paz tras darse cuenta tarde de que los guerrilleros cometen “crímenes de guerra”, luego de sus interminables ciclos de negociación que se iniciaron en Caracas, y han pasado por Ciudad de México y La Habana. En respuesta a las permisivas políticas de Petro que solo han servido para que los guerrilleros se reagrupen, el ELN no titubeó a la hora de advertir que “seguirá corriendo sangre” y de declarar a Ecopetrol como “objetivo militar”. Ahora, Colombia está bajo la amenaza violenta de grupos criminales y el acecho de un presidente que aprovecha la delicada situación para adjudicarse facultades especiales que, muy seguramente, terminará aprovechando para avanzar con su proyecto político con su eterna excusa de la “paz total”.

Fuente: PanamPost