El asedio chavista a la embajada de Argentina en Caracas

La sede de la embajada de Argentina en Caracas es objeto de un sistemático cerco por parte del régimen. Es el tercero que se produce, desde el 30 de julio, dos días después de que Edmundo González Urrutia arrasara en las elecciones. También hoy los venezolanos leemos la noticia infame de que el asedio ha alcanzado la vivienda de la madre de María Corina Machado, y que hay criminales merodeando en el lugar.

Ese 30 de julio -hay que subrayarlo en los calendarios-, no se inició sino que se intensificó la salvaje campaña de represión por parte del régimen. En esta etapa, dirigida a tres sectores de la sociedad venezolana, con especial ferocidad y planificación, en contra de miembros del equipo de María Corina Machado y contra militantes o afectos al partido Vente Venezuela y otras organizaciones políticas como Voluntad Popular, La Causa R y Encuentro Ciudadano. El objetivo es evidente: destruir la estructura partidista, romper las lealtades de los ciudadanos hacia esa marca política y, sobre todo, impedir que, llegado el momento, contribuyan a ejercer el derecho a la protesta.

A continuación, han perseguido a simples ciudadanos que participaron en el proceso como testigos o coordinadores de mesa, tal como establece la ley. Policías y militares, en operativos grotescos y desproporcionados -encapuchados, portando armas largas, vestidos de negro y en manadas de 30 y hasta 40 sujetos vociferantes-, han secuestrado y desaparecido a decenas de ciudadanos acusados de delitos falsos, insólitos y carentes de lógica. A esta hora, todavía se cuentan por miles las personas que permanecen ocultas para evitar una detención cuyo destino resultaría incierto.

Pero lo narrado hasta aquí no les ha bastado. Todavía las jaurías salen a recorrer las calles y detienen a cualquiera. Ni más ni menos: cuando escribo ‘a cualquiera’ no hay ni un ápice de exageración. Han capturado a simples peatones que salen a caminar atendiendo instrucciones médicas. O para ir a comprar algún alimento o medicamento. Gente decente, que lucha por sobrevivir en un país de economía tan salvaje como el poder, donde no hay trabajo y el costo de los alimentos básicos cuadruplica o quintuplica los promedios internacionales.

A esos inocentes, a esos habitantes de la ruina chavista y madurista, los capturan en las calles, los golpean, los insultan, los encierran y les fabrican un expediente por delitos que, insisto, no han cometido: terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria (acusan de traición a la patria los traidores por excelencia: los que han cedido pedazos del territorio a la narcoguerrilla colombiana; los que han puesto los servicios de inteligencia en manos del castrismo; los que han entregado instituciones estratégicas como notarias y registros al control del régimen cubano; acusan de traición a la patria, los mismos que rescatan a un delincuente colombiano en Estados Unidos -delincuente con prontuario internacional- le conceden la nacionalidad y lo nombran ministro).

El cerco a la sede de la Embajada de Argentina en Venezuela es una pieza más del mismo programa -despiadado, sucio, feroz y descarado- de violación de los Derechos Humanos, pero también del desconocimiento de acuerdos y normas internacionales como la Convención de Viena de 1961 -que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la obligación de los Estados de asegurar la seguridad de las mismas-. Es una demostración, otra más, de que los demócratas, venezolanos o no, nos enfrentamos a una dictadura que dejó atrás toda forma de disimulo, que ha desechado las máscaras, y que ha roto todos los límites de la ley, de la política, incluso al extremo de realizar acciones que desafían a sus propios aliados históricos como Lula y Petro.

Lo que está ocurriendo con la sede de la Embajada de Argentina en Venezuela es una operación de naturaleza militar. En ella participan distintos organismos y empresas. Responde a una planificación del poder, que utiliza por recursos y capacidades del Estado para suspender el suministro de los servicios públicos más elementales -electricidad, agua potable-, instalar alrededor unas patrullas dedicadas al acoso policial permanente, lanzar ataques verbales, proferir amenazas. Es, en rigor, un asedio, como el que se practican contra búnkeres o fortalezas, o como el que practicaba en el pasado en contra de castillos y ciudades amuralladas.

La pretensión del sitiador es agotar a los asediados, exasperar sus ánimos, causar molestias a los vecinos, lograr que con el paso de los días, conducidos a un límite, se rindan, es decir, se entreguen, o se produzca una situación confusa que les permita a los sitiadores ingresar en el lugar y capturar a los seis miembros del equipo de María Corina Machado.

Esta, no podemos perder esto de vista, es una escena de guerra. Tratan a unos venezolanos que no tienen otra expectativa que en Venezuela se produzca un cambio, como si fuesen delincuentes. Son vivos ejemplos de la política totalitaria del enemigo interno, a los que el régimen quiere aplastar, desaparecer, hundir en sus mazmorras, por ser parte de una estructura política que trabaja por instaurar la democracia en Venezuela, puesto que tal fue la decisión de los electores el pasado 28 de julio.

*Para El Debate